Cuentan que mexicanos de paso –o sea turistas– y radicados allá, fueron al domicilio de la acusada del robo de más de 100 millones pesos, la esposa del ladronzuelo Javier Duarte de Ochoa, y le entonaron Las golondrinas con motivo de que está en curso su extradición tras darse la gran vida (“yo lo merezco”, sentenció antes de huir) en la capital de Inglaterra. A Peña hay que despedirlo con un réquiem, porque todo parece indicar que al régimen priísta ya lo llevan a enterrar entre miles de cucarachas y un ratón, no de sacristán sino de Los Pinos, por el desastre económico y social que deja Peña tras el saqueo que anda queriendo borrar el contralor (nombrado por el priísmo: David Colmenares Páramo, cesando a la directora general de auditorías que mostró lo que se conoce como “la gran estafa” de Rosario Robles y Meade en Sedesol), de la Auditoría Superior de la Federación.

Pero esta institución debe seguir escarbando para ir tras las huellas de Videgaray y otros peñistas que despojaron al pueblo –el que se ha rebelado como populismo–, enriqueciéndose como para que sean llevados a los tribunales para deslindarles responsabilidades penales, quitarles todo lo que se llevaron y sancionarlos con al menos cadena perpetua. Guatemala (ahora en desgracia por la erupción de un volcán), es un ejemplo de eso: han cesado a dos presidentes por rateros. Y en España acaban de sacar del poder presidencial a Rajoy, también por ratero.

En nuestro país se necesita un cambio de régimen, cuestionando a fondo al peñismo con quien culminan siete sexenios, cuando menos (de López Portillo, alias: “agarren a López por pillo”; a Peña, pasando por de La Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón: 1976-2018). Esto para hacer una limpia y saber lo que se robaron esos presidentes y su grupo-cártel, al estilo de los capos del narcotráfico, porque son delincuentes organizados para robar y así empobrecer a 55 millones de mexicanos, 30 millones en la informalidad (que Peña y el Inegi clasifican como con empleo) y 10 millones de indígenas en la miseria. En ese contexto de cientos de miles de homicidios, desde el delamadridismo al peñismo con más de dos millones de mexicanos asesinados, muchos de ellos enterrados en fosas clandestinas y otros desparecidos; hay cientos de periodistas privados de sus vidas por informar sobre los abusos de los gobernantes y empresarios, quienes se han hecho una banda para tratar de sabotear las elecciones, estar conspirando y, al parecer, dispuestos a un Golpe de Estado Militar para impedir que el pueblo, populistamente, elija Presidente de la República.

Recientemente y de manera bestial mataron al corresponsal de Excélsior Héctor González Antonio, en Tamaulipas. También a la colaboradora de El Financiero Alicia Díaz, donde está implicado su exesposo como probablemente responsable. Pero desde el año 2000, hay más de 22 periodistas asesinados debido al desarrollo de su actividad en los medios de comunicación. Han sido ultimados para que ya no se ocupen de exhibir los abusos de funcionarios, y otros delincuentes; sobre todo narcotraficantes, a quienes les molesta de tal manera que son capaces de quitar de en medio a los reporteros, en un ambiente de impunidad para asesinar a millones de mexicanos desde que a partir de 1982 afloró el comercio de las drogas, la compra de armas a los estadunidenses e incluso a armerías alemanas.

Así es como desde entonces ha ido en aumento lo que ha llegado a ser una violencia sangrientamente macabra, imparable donde los homicidios alcanzan a mexicanos inocentes que quedaron en medio de los fuegos cruzados. Tenemos investigaciones-libros que se ocupan de las libertades de prensa y sus muertos: Vicente Leñero: Los periodistas, y de Carlos Moncada: Oficio de muerte. Así como el texto de Miguel Ángel Granados Chapa: Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México.

Sobrevivimos los mexicanos en una época-crisis enmarcada en todas las caras del poliedro de las violencias. Se ha dejado crecer la criminalidad y multiplicarse por los regímenes presidenciales que iniciaron el salvajismo de matar: en 1968 (Díaz Ordaz); 1994 (homicidio de Colosio); Acteal (1997), con Zedillo y Aguas Blancas y la embestida militar contra los zapatistas de Chiapas. Calderón quien sacó de los cuarteles a los soldados y marinos, para la pésima “estrategia” contra la violencia que encabeza el narcotráfico; y que Peña ha seguido para llevar a los mexicanos al punto de “la guerra (hobbesiana) de todos contra todos”. En la visita de los relatores de la ONU y la CIDH (La Jornada, 5 de junio de 2018), como narra Emir Olivares Alonso, el reporte es que la violencia contra los periodistas, en el marco de la violencia general del país, es otro dato sangriento.

De manera que sólo durante peñismo van 18 homicidios de comunicadores, 20 se fueron de sus lugares de origen, otros tantos han solicitado asilo y muchos periódicos han cancelado su publicación. Y los que permanecen (en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, etcétera), ya no publican información sobre la violencia porque sus periodistas han recibido amenazas que los sicarios cumplen con toda la impunidad.

En la confusión-identificación de Estado con gobiernos y funcionarios, responsabilizan al Estado de lo que debe imputárseles, únicamente, a gobernantes y delincuentes: los homicidios a reporteros que cumplen con su deber consecuente con la ética democrática de ejercer su profesión, investigando en sus fuentes y los hechos, todo cuanto debe estar informada la opinión pública individual y colectiva. A ellos, la violencia sangrienta también los elimina, contra el refrán de que “a los mensajeros no se les impide su labor”. Son cientos de mexicanos dedicados al periodismo que se suman a los miles que han sido asesinados en todo el país, por la incompetencia de Peña y su grupo que no han sabido cómo resolver ese problema.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN][DEFENSOR DEL PERIODISTA]