México destina cada vez más dinero a sus Fuerzas Armadas. Las hace más grandes. Les autoriza más ejercicios militares con tropas de otros países (principalmente Estados Unidos). Y las involucra más en la vida política y cotidiana del país. El poder de fuego que les ha otorgado no se corresponde con el fortalecimiento de las instituciones civiles y policiacas.
La estrategia de seguridad de México descansa en los militares y en el uso de la fuerza, pero no en los órganos de justicia. Además, la militarización del país ha tenido ya tres consecuencias graves comprobadas: el aumento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos; la disminución del interés en concretar una reforma policial, y la inexistencia de una rendición de cuentas.
Las últimas aseveraciones son apenas algunas de las conclusiones a las que llegó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA). Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México lleva por título el informe que esa organización publicó hace unos días.
Una constante que se ha observado desde que Felipe Calderón sacó a los militares a las calles es que “los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”.
Lo peor es que lejos de fortalecer el sistema de justicia civil, se favorece su debilitamiento. Aprobar leyes –en concreto la Ley de Seguridad Interior– que validen la participación de los militares en la seguridad pública sólo terminará por debilitar a las instituciones de justicia civil y significará un retroceso para el sistema penal acusatorio.
El documento viene a sumarse a todos aquellos análisis serios que documentan los altos costos que ha tenido para México la actual política antidrogas, con decenas de miles de asesinados, desaparecidos y desplazados. Pero va más allá de enumerar víctimas y demostrar –-ampliamente– el fracaso de la “guerra” (si es que en realidad se ha buscado derrotar al narcotráfico).
El estudio de la WOLA se refiere al impacto de la militarización del país: la subordinación de los espacios civiles a los militares y los costos para los derechos humanos. Se trata de una situación que, de mantenerse, será difícil de abandonar. Y es que ya no se trata solamente de que los militares hayan sido sacados de sus cuarteles (y de que entonces, se resolverá el problema cuando los regresen).
A más de 10 años de haber iniciado la militarización del país, los cambios que buscan imponerse en la sociedad son de carácter estructural. Que la actual situación, impuesta bajo el pretexto de ser extraordinaria, se convierta en cotidiana, permanente.
Entre los hallazgos que soportan las conclusiones del informe se encuentran que las reformas al Código de Justicia Militar de 2014 no se han aplicado. Estas reformas supuestamente facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos y violaciones a los derechos humanos. Ya en la realidad, prácticamente son letra muerta.
Al respecto, el informe de WOLA abunda: “Existen algunas investigaciones civiles, pero son casos aislados en los que las autoridades no muestran voluntad política para que haya justicia. Se necesita una segunda generación de reformas [al Código de Justicia Militar] para garantizar la seriedad y éxito de las investigaciones civiles”.
Además, casi todas las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra en soldados están sin resolverse. Entre 2012 y 2016 la dependencia inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas contra civiles. La mayoría de ellas es por tortura y desaparición forzada. Pero sólo se han registrado 16 sentencias condenatorias. “Lo que quiere decir que en 4 años la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de las investigaciones contra soldados”.
La investigación también detectó tres acciones constantes que desde el ámbito castrense se cometen para entorpecer las investigaciones civiles: “1) el inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles, 2) la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y 3) casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o declarar falsamente”.
Las omisiones y las faltas no son solamente de los militares. La propia PGR no ha tenido la voluntad para investigar seria y exhaustivamente a los soldados que han cometido delitos o violaciones de derechos humanos contra civiles. Los investigadores de la WOLA encontraron que las investigaciones de la Procuraduría “son lentas y durante las mismas no se recaban todas las pruebas para llevar ante jueces casos sólidos. Hay casos en que han pasado hasta 3 años sin que la PGR pueda llevar a los soldados a juicio y otros donde han pasado 6 años para lograr una sentencia condenatoria de primera instancia”.
Otro hallazgo es que no se investigan a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer violaciones a derechos humanos (cadena de mando), como tampoco las órdenes militares que implican la comisión de delitos o la violación de derechos (debida obediencia).
“Únicamente encontramos un caso en el que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en 2009, y otro en que se ordenó a un subteniente de infantería por la desaparición forzada de una persona en Nuevo León en 2012.”
El Poder Judicial de la Federación no podía faltar en este entramado de omisiones y faltas que impiden que los miliares paguen por sus delitos. Algunos jueces federales dificultan las investigaciones que involucran a soldados y muestran predisposición para exonerarlos.
Es el panorama de la militarización de México. Una situación que trastoca toda la estructura del sistema político mexicano y dejará huella por varias generaciones.
Fragmentos
Este lunes llega un aniversario más de la gesta que indígenas, campesinos y obreros encabezaron para construir un país justo. Momento de recordar también a los revolucionarios previos y posteriores. Que el 20 de noviembre nos señale que la Revolución está en marcha. Salud a los revolucionarios de todos los tiempos y todas las latitudes.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
