Por primera vez un gobierno de la República decide hacer público un expediente sobre una investigación por narcotráfico en contra de un militar mexicano de alto rango -armada por la agencia estadunidense que combate al crimen organizado y al narcotráfico (DEA)-, lo que abona significativamente en la transparencia de un caso controversial, con el propósito de que periodistas, analistas, académicos y la sociedad en general puedan revisar las “pruebas” que reunió esa corporación policial en varios años y que motivó la detención hace varios meses, en Estados Unidos, del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

La decisión de la Fiscalía General de la República –que dirige el doctor Alejandro Gertz Manero– de librar de cualquier cargo por vínculos con bandas criminales del narcotráfico al exsecretario Cienfuegos, por falta de evidencias contundentes, ha desatado el enojo de muchos mexicanos, incluidos seguidores y simpatizantes de la 4t, lo cual puede justificarse porque, durante los dos años al frente del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no habrá impunidad y esta exoneración a Cienfuegos parece lo contrario.

Sin embargo, hay que darle el beneficio de la duda, pues liberar a la opinión pública un expediente de esa relevancia demuestra que existe la convicción de no ocultar información y, sobre todo, demostrar que la investigación de la DEA es insostenible, como muchas de las operaciones ilegales que esa agencia ha realizado en México, además permite abrir para el análisis de especialistas y abogados, quienes podrán opinar si esas “pruebas” son inconsistentes como para llevarlo a tribunales y juzgarlo por delitos de delincuencia organizada y narcotráfico.

Hasta aquí parece clara y transparente la posición del gobierno mexicano que encabeza López Obrador, más aún cuando en la conferencia mañanera ha defendido la soberanía e independencia de la nación, reiterando que México no permite que Estados Unidos ni cualquier otro país lo presione sobre sus decisiones políticas y judiciales, como sucedía abiertamente en el pasado.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, fue claro al afirmar que Cienfuegos ha sido sólo exonerado por la FGR de la acusación contenida en el expediente armado por la DEA, pero que hay “otras cosas” (no especificó cuáles) de las cuales se sigue la investigación correspondiente.

Décadas de corrupción en Sedena

Entre esas “otras cosas” deben estar algunas de las masacres y desapariciones en donde intervinieron militares (Tlatlaya, Chilapa y los 43 normalistas rurales, entre otros, así como la corrupción en la que ha estado envuelta históricamente la Secretaría de la Defensa y que en el gobierno pasado no fue la excepción.

La razón es muy simple: cada sexenio todas las compras de bienes y servicios, los contratos de obras, las adquisiciones de equipo militar y de tecnología, así como el pago de cuantiosos salarios y prestaciones, siempre han estado en la opacidad, clasificados como asuntos de “seguridad nacional”, lo que permitía que gobiernos de cualquier origen partidista compraran y pagaran todo con sobreprecio, y a cambio los responsables de compras y adquisiciones recibían cuantiosos sobornos que se distribuían en toda una red de corrupción que involucraba hasta secretarios de la Defensa.

Ejemplos hay muchos y varios han sido escritos en esta columna. Una muestra de ello es la denuncia hecha por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa –y que se guarda en archivos de la Secretaría de la Función Pública– que señala irregularidades en el área administrativa a cargo en aquel momento del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.

Según esa misiva, varios militares habían integrado una red de corrupción para obtener comisiones a cambio de la asignación de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Los empresarios inconformes se quejaban en el gobierno anterior de que, para pedirles comisiones económicas, los funcionarios militares aseguraban que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía conocimiento de dicho cobro.

En esa carta decían: “Somos un grupo de proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional preocupados porque venimos prestando nuestros servicios y la nueva administración del área de compras, donde se encuentran el teniente coronel DEM [diplomado de Estado Mayor] José Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM José Luis Lua Tahuado, desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entran y cuáles se van.

“Nos han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos licitatorios serán transparentes, al invitar a un sinnúmero de empresas por evento; y en las diferentes invitaciones hay irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más participaría.

“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos a partir de 1 millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.”

Cuando se publicó esa denuncia en Oficio de papel (7 de abril de 2013) sobre la presunta corrupción en el área administrativa de la Secretaría de la Defensa, uno de los militares señalados en la misiva, el coronel intendente DEM José Luis Lua Tahuado, fue separado de su cargo y comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, además de que se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación de contratos en la Sedena. De este caso no se supo más.

En otro caso las direcciones generales de Sanidad y de Administración de la Defensa declararon desierta una licitación (número 006/1/2013) para la compra de equipo médico, que tendría un costo aproximado de 108 millones de pesos, sólo para los estados de la República y por año y medio de servicio.

De acuerdo con documentos de la Sedena, de los que esta columna tiene copias, la licitación incluía la contratación plurianual (2013 y 2014) de abastecimiento e insumos de ortopedia para las especialidades de cirugía de ortopedia de rodilla, cadera, maxilofacial, columna de ortopedia y cirugía maxilofacial para hospitales militares, regionales y enfermerías que cuentan con la especialidad.

En dicho proceso licitatorio participaron 15 empresas, algunas de las cuales eran investigadas para determinar si durante el sexenio pasado, cuando ganaron varios contratos, otorgaron sobornos a militares de alto rango: Servicios Empresariales Begam, Zaken Internacional, Comerlat, Medical Smart Projects, Comédica, Aplicaciones Médicas Integrales, Pentamed, Farmacéutica Cruz Real, Grupo Autrey, Grupo Farmacéutico Santo Tomás, Grupo Madero, Suministros e Instrumental Médico, Nadro, Savi Distribuciones y Grupo Ruvel.

Era tan abierta la corrupción en compras de la Sedena, que el mismo general Salvador Cienfuegos ordenó en aquel momento a los órganos de inteligencia y de control, revisar las prácticas de licitación e investigar a las empresas privadas que desde hace varios años se mantenían como las principales ganadoras de los concursos: había preocupación porque diversas compañías empleaban prestanombres, pues en realidad pertenecían a servidores públicos, militares y exfuncionarios, y de esto sabe mucho el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quienes habían encontrado en los contratos de gobierno una forma de enriquecerse mediante la entrega de sobornos para los responsables de asignarlos.

Corrupción en Sedena durante gobierno de Calderón

Un caso grave de corrupción ocurrió en los últimos 3 años del gobierno del entonces panista Felipe Calderón, entre 2010 y 2012, cuando la Defensa entregó 18 contratos a proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El propósito de esas compras era que el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), por lo cual, dichas adquisiciones se clasificaron como de seguridad nacional y por ello los contratos se asignaron directamente, es decir, sin licitación de por medio, y bajo autorización de un Comité de Compras del Ejército, en donde participó el entonces secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.

Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se inició la revisión de ocho contratos por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.

Esa indagatoria quedó en la impunidad, a pesar de que los equipos adquiridos resultaron obsoletos e inservibles y los militares involucrados continuaron su carrera militar.

Son muchos los casos de corrupción en cada administración de la Defensa, por lo que el fiscal Gertz Manero podría indagar todos aquellos asuntos que no han prescrito y llamar a cuentas a quienes cometieron esos ilícitos para recuperar algo de la confianza perdida hasta en los propios seguidores de la 4T.

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