Por desgracia se interpone ese irritante interregno cuasi paralizante. Ese dilatado y ambiguo espacio de transición que caracteriza al senilmente esquizofrénico reino del sistema político autoritario mexicano y sus 30 años de salvaje fundamentalismo neoliberal. Donde el agonizante soberano, socialmente indeseable y que ya apesta a muerto, ve impotente cómo su autoridad se eclipsa irremisiblemente, y el príncipe heredero no se ha coronado legalmente como el rey sustituto. En el que el próximo dueño de los destinos de la nación se impacienta porque aún no puede ejercer sus potestades constitucionalmente concedidas como señor de horca y cuchillo, depositario absoluto del Poder Ejecutivo que avasalla a sus dóciles y supuestamente pares del Legislativo y Judicial, y somete a las mayorías que carecen de los mecanismos jurídicos para defender sus intereses ante las tropelías del bloque dominante político-oligárquico.
Esos meses espectaculares de saqueo procaz e impune del presupuesto (el
año de Hidalgo) y últimos negocios turbios de los funcionarios; de vacío de poder,
noches de cuchillos largos, reacomodos mafiosos de las elites; de traslapes en los deseos postreros del autócrata saliente y los anhelos anticipados del siguiente, negociados en las penumbras de los laberintos del poder e impuestos con arrogantes manotazos por la mayoría del Congreso.
Ese intervalo en el cual, por un lado, la sociedad exasperada no ve el momento de arrancarse definitivamente de sus espaldas el cadáver del monarca que asaltó el Estado, gobernó despóticamente, bañó de sangre al país durante seis años y lo empobreció masivamente. Y todavía, presuroso, tardía y sádicamente, le deja el regalo envenenado de la contrarreforma hacia la esclavitud laboral, por la vía de la abusiva iniciativa preferente, que revitaliza al omnímodo presidencialismo, al usurpar parte del quehacer legislativo, contrario a la democracia. Por decreto, Calderón le otorga al Ejecutivo el derecho de enviar al Congreso dos iniciativas prioritarias anuales que serán aprobadas sin una discusión seria y sin cambios significativos, porque a los legisladores sólo se les concederá un tiempo mínimo que impedirá analizarla. Se dice que con ello se busca superar la parálisis legislativa, hecho que, en realidad, evidencia el desinterés presidencial por negociar y alcanzar consensos con la oposición. Lo que se pretende es imponer. El Partido Revolucionario Institucional y sus aliados avalaron el decreto por una sencilla razón: el principal beneficiario será Enrique Peña Nieto.
En cambio, a los neofascios hijos de Francisco Franco, Repsol y los gallegos Mariano Rajoy (que somete a salvajes terapias de choques neoliberales a los españoles) y Alberto Núñez Feijóo, Calderón les ofrece parte de la renta petrolera, como si fueran caramelos, y la posibilidad de crear empleos y reanimar su comatosa economía. Un salvavidas político para la desacreditada extrema derecha. Firma con ellos oscuros negocios cuyos términos son guardados como secretos de Estado, escondidos a los mexicanos, por el gestor Juan José Suárez Coppel, el actual operador del descuartizamiento, la reprivatización y el pillaje de Pemex. ¿A cambio del exilio dorado entre los franquistas, jugosamente pensionado por seis años de teocracia neoliberal, en tanto condena a una vejez miserable a la mayoría de los esclavos asalariados, sin jubilación, o a una paupérrima a los que la alcancen, los menos, debido a la contra laboral?
Por otro lado, la población espera inquieta el arribo del nuevo César, malparido con las mismas artes priístas-panistas, que también está impaciente. Promete una “Presidencia democrática”, bienestar social, inclusión. Pero excluye al 99 por ciento de la población. Envía a sus falanges del Congreso, encabezadas por Manlio Fabio y Emilio Gamboa, junto con el Partido Acción Nacional-Partido Nueva Alianza, para que marginen a la oposición y aprueben la antilaboral contrarreforma empresarial, y protejan los intereses mafiosos de los capos del sindicalismo corporativo –verdadera carne de presidio– que tan buenos servicios han prestado al sistema. Con su séquito, el neosalinista viaja por el mundo y derrocha nuestros impuestos para anunciar la próxima existencia de mano de obra esclava (una de las más baratas del planeta, sin prestaciones ni derechos o con los mínimos, sometida; con escasos riesgos de huelga y con la “flexibilidad” de arrojarlos a la calle cuando se les pegue la gana, apoyados por el gobierno) y otro remate de las riquezas de la nación: las telecomunicaciones, el petróleo y la electricidad; entre otros sectores estratégicos, señuelos para tentar a los barones del capital foráneo. Respalda los oscuros acuerdos de Calderón con la ultraderecha española. Con los que sí se reúne son con los acelerados hombres de presa: Gerardo Gutiérrez, Claudio X González, Valentín Diez Morodo, entre otros, que le hablan al oído para que arme su programa de gobierno con los 21 puntos transexenales que ellos quieren: la Agenda por México. Entre éstos la bursatilización de empresas paraestatales, otra reprivatización agraria que les consolide el control de la tierra, participar en obras públicas, financiamiento (www.antad.net/cce/ programas_transexenales.pdf). Pero sobre todo les urge que les entregue la industria petrolera, porque como dice Luis Farías, fámulo de Lorenzo Zambrano (Cementos Mexicanos), “el sector energético está en crisis y frena el crecimiento del país”. Ésa es una “prioridad nacional” dice el católico Diez Morodo (le regaló a la esposa de Calderón “una Virgen de Guadalupe para que rece por todos nosotros”).
Se les hacen poco los 36 años de saqueo neoliberal, sumando el sexenio de Peña Nieto.
Viejos polvos manoseados de las contrarreformas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los sicarios del Consenso de Washington, los depredadores globales; de la retórica mentirosa de los Chicago Boys, Agustín Carstens o Guillermo Ortiz, fracasados gerentes de Hacienda y del Banco de México, que dicen que sin el desmantelamiento y reprivatización petrolera no habrá crecimiento.
Entre 1988 y 2012 se vendieron al menos 315 empresas públicas con precios fraudulentos. Se entregaron sectores estratégicos a la depredación empresarial. Se les permite hacer obras estatales de inescrupulosa calidad, con contratos leoninos y corruptos que les garantizan el saqueo impune, les evitan pérdidas y les aseguran ganancias corruptas. Además les recortaron las tasas fiscales y se les tolera la evasión y la elusión fiscal, por lo que prácticamente no pagan impuestos. Se les subsidia. Se les consiente la manipulación de los precios, la especulación, los abusos a los consumidores y a los trabajadores.
Y el neosalinas se muestra dispuesto a cumplir sus deseos. Para eso lo impusieron.
Peña Nieto es un Taumaturgo: un mago que les hará el milagro que pudieron concederles de Miguel de la Madrid a Calderón.
También es una especie de Fata Morgana: un benefactor de sus hermanos de clase y el enemigo de los enemigos de su clase.
¿Cuál fue el resultado de la “economía de mercado” con su Estado como perro policía-militar?
El peor crecimiento durante el ciclo neoliberal: apenas 2.2 por ciento entre 1983 y 2012, 64 por ciento menor al registrado entre 1939-1982 (6.1 por ciento), cuando la economía estaba cerrada y el Estado intervenía activamente. La quiebra de las empresas y áreas privatizadas (bancos, ingenios, siderurgias, carreteras) que tuvieron que ser rescatadas con el dinero público para evitar que perdieran sus capitales. La pésima calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las que sobrevivieron como monopolios o de las que medran en los sectores en los que se retiró el Estado (telecomunicaciones, gas, agua, distribución de gasolinas, etcétera). La desaparición de quienes pugnaban por la apertura de la economía ante su incapacidad para competir.
Nuestros “empresarios” no son capitalistas, sino simples chacales que devoran y merodean alrededor de los bienes nacionales.
El Estado se jibarizó. Entre 1983 y 2012, las entidades públicas se redujeron de 1 mil 155 a sólo 212. Se supone que ello mejoraría la calidad de sus servicios y la eficacia del sector público, así como las finanzas totales. No obstante, ellas se encuentran en su peor momento: la oferta de energéticos (electricidad, gas, gasolinas, petroquímicos), los servicios sociales, la infraestructura… Es un Estado en ruinas.
Esa situación ha sido una estrategia deliberada de los neoliberales priístas-panistas, que las castigan presupuestalmente con el objeto de provocar su deterioro y la inconformidad social, para justificar su reprivatización. Las hojas de balance del Estado son indigentes debido a una pésima recaudación, una de las peores del mundo: apenas supera a la de las naciones más humildes del continente, como es el caso de Guatemala o Haití, que limitan el gasto gubernamental, así como a la corrupción y los negocios privados con los recursos públicos. De no ser por los ingresos petroleros, hace tiempo que el Estado hubiera quebrado fiscalmente. Para colmo, el panismo hereda un Estado dramáticamente endeudado. Los débitos públicos totales pasaron de 2 billones de pesos a 5.7 billones entre 2000 y 2012. Y todavía se pretende endeudarlo más por medio de la concesión de contratos a los empresarios locales y foráneos.
La oligarquía quiere todo y ya tiene a la elite política a su servicio.
Si alguien trata de oponerse, Calderón y Fausto Vallejo, el priísta gobernador de Michoacán, ya mostraron el expediente que están dispuestos a emplear como antídoto, el cual Peña Nieto no ve con malos ojos, si se considera que ha señalado una y otra vez que continuará la estrategia de seguridad calderonista: el gorilismo diazordacista, el brutal uso de los aparatos represivos que padecieron los normalistas de esa entidad, en nombre de la “modernidad” educativa.
*Economista
Fuente: Contralínea 308 / octubre de 2012
