Edgar González Ruiz*
Gran escándalo desató la exhortación que el 15 de marzo hiciera la Arquidiócesis de México mediante el semanario Desde la fe: emitir un voto de castigo contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que acusaba de no colaborar en la pretendida “lucha contra el narco” del gobierno de Calderón, calificando de “incomprensible y sospechosa” la actitud de ese partido por no apoyar incondicionalmente leyes más severas, como la llamada ley de extinción de dominio, que aprueba confiscar las propiedades supuestamente involucradas en ese tipo de delitos.
En realidad, la llamada lucha contra el narcotráfico (analizando la manera en que la está llevando a cabo el gobierno de Calderón) sólo hace crecer la violencia asociada al comercio ilegal, cuya única solución sería la despenalización, como lo demuestra en la historia la prohibición del alcohol que a principios del siglo pasado hizo florecer el gangsterismo y la corrupción.
El gobierno no está acabando con el narco (pues de lo contrario el Chapo Guzmán no sería uno de los hombres más ricos del país), pero sí está promoviendo la militarización y la represión, mientras que las leyes, como la mencionada, podrían aplicarse de manera injusta y selectiva, como corresponde al espíritu de la derecha en el poder.
Pero es natural que ciertos sectores del clero defiendan a capa y espada al gobierno federal, a la vez que ataquen rabiosamente a la oposición y en particular, en el caso del PRI, a un partido que, pese a sus errores en el ejercicio del poder, tuvo la virtud de mantener la separación entre el Estado y la Iglesia.
Una y otra vez se ha denunciado que el clero ha recibido limosnas provenientes del narco, e incluso algunos prelados lo han aceptado (por ejemplo, en 2008, Carlos Aguiar Retes, presidente del Episcopado, quien exaltaba la generosidad algunos narcos, y en 2005, Ramón Godínez Flores, el extinto obispo de Aguascalientes, quien afirmaba que esos donativos se “purifican” en los templos). La incongruencia entre actitudes tan comprensivas con las limosnas y tan intolerantes contra la oposición se explica por el hecho de que en el sexenio actual rige una política de total apoyo al clero y, por ende, sea cual sea la realidad de las narcolimosnas, es previsible que las autoridades no procederán imparcialmente en esos casos.
En los hechos, el gobierno federal no es laico, sino confesional, dadas las raíces ideológicas de Calderón y del Partido Acción Nacional. Así, las diferentes dependencias están defendiendo los intereses clericales: la Secretaría de Educación Pública censuró, el año pasado, los libros de educación sexual del Gobierno del Distrito Federal, pues no eran del agrado de grupos conservadores. En contrataste, la SEP financió publicaciones de estos mismos grupos conservadores.
Otros ejemplos: el Ejército es complaciente con los proyectos del clero para tener más influencia en las filas castrenses; en la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y la de Migración están en manos, respectivamente, de las señoras Ana Teresa Aranda y Cecilia Romero, exmilitantes de la ultraderecha católica, que actúan en conformidad con las líneas de la jerarquía. Bajo el pretexto de crear “puentes vacacionales”, se ha eliminado el calendario cívico, con fechas que molestan a la derecha católica, como el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez; en 2007, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (esta última bajo el mando de José Luis Soberanes, otro militante de grupos conservadores) hicieron el papel de abogados del clero para impugnar ante la Suprema Corte la despenalización del aborto en la ciudad de México, mientras que elementos de la Policía Federal Preventiva, destacados en el interior de la catedral de México, apuntalan la autoridad del cardenal. Los anteriores son sólo algunos episodios conocidos del maridaje del gobierno calderonista con la Iglesia.
En días recientes ha circulado en la web la renuncia de Luis de la Barreda como consejero honorario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, documento fechado el 25 de marzo de este año, y donde el jurista da a conocer la forma agresiva y arbitraria en que se está llevando a cabo el desmantelamiento de la obra que muy dignamente realizara en vida, al frente de ese consejo, don Gilberto Rincón Gallardo. Significativamente, instancias como el Arzobispado de México han expresado su intención de perseguir a sus críticos mediante la argucia jurídica de acusarlos de “discriminación”, para lo cual el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación les sería de gran ayuda y dando por hecho que, en contraste, nunca va a cuestionar los furibundos ataques que desde los púlpitos o desde sus publicaciones suelen lanzar algunos prelados contra las mujeres que abortan, los homosexuales o contra los partidos de oposición.
Recíprocamente, sectores clericales están afanados en sus labores políticas, resumidas en el apoyo al poder derechista, como en el caso de la Ley de Extinción de Dominio._ *Maestro en filosofía e investigador especializado en estudios acerca de la derecha en México.
