Están atrás/van para atrás/piensan atrás/son el atrás.
Están detrás de su armadura militar.
Nos ven reír/nos ven luchar/nos ven amar/nos ven jugar.
Nos ven detrás de su armadura militar.
“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”
Nos dicen que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Con eso, quieren que creamos que los estamentos militares no participan activamente en política sino que se sujetan a las órdenes que les dé su comandante supremo, que es el presidente de la República. Si tal cosa fuera cierta, estaríamos ante un Estado donde los poderes castrenses estarían sometidos a la autoridad civil. Pero los hechos, siempre los hechos, dicen otra cosa. La Constitución sigue siendo utilizada como un marco de ornato para la actuación de los órganos de poder y para que luzcan los discursos de sus depositarios.
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, es cada vez más abiertamente un actor político del sistema. Una llamada de alerta se dio cuando salió a la palestra a decir que por ninguna razón permitiría que los integrantes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interrogaran a los miembros del Ejército que intervinieron en los hechos de Iguala-Ayotzinapa del 26 y 27 de septiembre del 2014. Fue después de esto que se dio la práctica expulsión de los miembros de ese Grupo y el anulamiento de su investigación, que por cierto no comulga con la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam.
Otro hecho de la mayor importancia fue la ejecución extrajudicial, que vimos a través de las redes, de un civil desarmado a manos de un soldado, con motivo del combate a los llamados huachicoleros. Cienfuegos salió a minimizar el suceso diciendo que el autor del crimen se encontraba en situación “de estrés”, sin considerar que se trata de uno de los delitos que el Estatuto de la Corte Penal Internacional cataloga como de lesa humanidad. Omitió decir, como en el caso de la desaparición forzada de Los 43, quién dio las órdenes.
Y ahora nos dice el general secretario que, en su concepto, la reforma educativa es la “más importante y trascendente” de las que se han aplicado en este sexenio. Y recibió la respuesta a su halago, nada menos que del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, quien aseguró que gracias a los uniformados México ha tenido 80 años de una estabilidad política que muy pocos países pueden presumir, “de cambios sexenales respetando la Constitución con elecciones”. Y remató Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opinando que los castrenses y los docentes “son de los sectores más importantes del país… de antes, de hoy y, seguramente, de mañana” (La Jornada, 20 de mayo de 2017, página 10).
En ninguno de los tres casos podemos pensar en la ingenuidad de Cienfuegos, pues se trata de un avezado político que se mueve conforme a las circunstancias, siempre sobre la base de que dirige al estrato de fuerza más importante del Estado.
Cada día son menos los derechos humanos reales
En la difícil coyuntura que vive la patria, dar más atribuciones al Ejército es reducir el ámbito de los derechos de la persona. La ecuación no falla: a mayor poder de los soldados, menos derechos humanos para la población.
Ahora tenemos la urgencia de que sean organismos internacionales los que indaguen acerca de las violaciones al derecho de libre manifestación de las ideas, debido a los asesinatos de periodistas independientes. Varias organizaciones no gubernamentales han pedido al gobierno que invite a los relatores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No podemos pasar por alto que el derecho a la verdad está siendo severamente afectado, al callar a quienes diariamente se dedican a propalarla. La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a permitir que los reporteros de La Jornada cumplan su tarea, se inscribe en esa peligrosa política.
Los constantes discursos del general Cienfuegos dan la impresión de otro candidato en precampaña. Y tanto el marco jurídico mexicano como el internacional no permiten que los soldados participen en las contiendas políticas, pues tienen en sus manos las armas de la población y eso hace que deban servir al conjunto de quienes habitan en el territorio.
Tenemos que buscar los caminos idóneos para detener la militarización de la vida nacional.
José Enrique González Ruiz*
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
*Doctor en ciencia política y en derecho constitucional; exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero
Contralínea 542 / del 05 al 11 de Junio de 2017
