El 2 de diciembre de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) firmaron el Pacto por México, que hasta habla de “respeto a los derechos humanos” precisamente en el momento en que la sociedad mexicana estaba impactada por la provocación y represión del 1 de diciembre en la Ciudad de México, en la que se encarceló no a los provocadores e infiltrados, sino a manifestantes pacíficos. Setenta personas inocentes que se manifestaban contra la imposición de Peña permanecieron más de una semana en la cárcel, y hoy todavía están procesando a 14 presos políticos de Peña, Ebrard y Mondragón.
Pero desde el 2 de diciembre, los medios han realizado una gran propaganda sobre el Pacto por México al presentarlo como favorable a la unidad nacional, el progreso, la armonía, y evalúan altamente a la “izquierda responsable” que se une al proyecto peñista. Nada dicen del método de negociación y aprobación de dicho Pacto, totalmente cupular y autoritario, pues lo presentan como un hecho político consumado que se aplicará gracias a la maquinaria del
PRIAN (contracción de las siglas PRI y PAN) y aliados, sin discusión previa, aun cuando son asuntos que, aunque nos conciernen a todos, han sido firmado sólo por los presidentes de tres partidos de los siete existentes, sin consulta alguna a la sociedad.
Dicho Pacto firmado por PRI-PAN-PRD está lleno de “buenas intenciones” en abstracto, además de que “reconoce” avances (inexistentes) del gobierno de Calderón en materia de educación, salud, etcétera, y dice querer “ampliar” los derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos. Detrás de un lenguaje muy moderno y democrático esconde un proyecto de privatización y privilegios para las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y omite la defensa de obreros, campesinos, indígenas, empresarios medianos y pequeños, etcétera.
El Pacto oculta más de lo que dice, pero lo firman para legitimar a Peña, luego de que tanto el PAN como el PRD lo habían exhibido por su compra de votos en una elección que no fue ni libre ni auténtica como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mensaje del Pacto es de unidad de los neoliberales en torno al nuevo gobierno del PRIAN que encabeza Peña y que en campaña se pueden decir de todo, pero para gobernar a favor de la oligarquía todos están unidos.
En el Pacto no se habla de soberanía nacional y popular, excluye la soberanía alimentaria y la soberanía energética, no habla de fortalecer el mercado interno ni de política salarial o derechos laborales, tampoco se compromete a rescatar al campo al aumentar sustancialmente el presupuesto para el sector agrario, o de hacer justicia a los pueblos campesinos. En materia social no hay nuevos derechos universales.
En los compromisos 57 y 69 buscan privatizar al sector energético y poner el IVA (impuesto al valor agregado) a medicinas y alimentos, pero todo lo dicen de manera muy ambigua y ocultan sus engaños con un lenguaje complicado. De hecho el Pacto presenta aspectos inconstitucionales en materia de energía al promover inversiones (incluídas las privadas) en el área, sin precisar cuáles sectores, y al hablar de competencia en gasolina y petroquímica básica. Lo que de hecho enmascara la verdadera intención de Peña es la privatización de la industria petrolera, como afirmó Martí Batres (La Jornada, 8 de diciembre de 2012). Al respecto, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, el 6 de diciembre, que: “… el Pacto por México tiene omisiones importantes y cosas que son preocupantes, como la apertura de la refinación de crudo a la competencia privada, falta de compromiso con el ejido y las comunidades indígenas y carencia de metas para creación de empleos formales”.
Pero Peña y sus aliados van más allá y pretenden profundizar aún más las líneas neoliberales que les dictan desde Washington para subsidiar a las corporaciones y abrirles todo el mercado mexicano, aun las áreas restringidas por la Constitución, y al mismo tiempo seguir eliminando subsidios a la población. En el compromiso 73 hablan de que está mal subsidiar a los que “más tienen”, con esto ocultan su intención de eliminar subsidios que goza la población en general, pero que le hacen tanta falta a los sectores más empobrecidos.
El lenguaje es muy bonito, por ejemplo hablan de un sistema de seguridad social universal. Lo que no dicen es que buscan debilitar y luego eliminar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El Seguro Popular (compromiso 1) se propone que sea extendido para cubrir así los servicios de salud, pero no garantiza la cobertura a nivel nacional ni dice que será gratuito. En el fondo de esto está la entrada de las aseguradoras, que ya desde ahora han crecido con Grupo Ángeles, de Vázquez Raña, o Star Médica, de Slim, para controlar la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Muy importante es observar que todo esto se parece mucho, y va por igualarse seguramente, al sistema de salud gringo que llaman Obama care en donde las compañías de seguros venderían los seguros para atención médica. Esto es una amenaza para privatizar los hospitales públicos, que por supuesto disfrazarían como Seguro Popular (leer el artículo “Parche sobre parche”, de G Leal, en www.educacioncontracorriente.org).
Prometen pensión para adultos mayores de 65 años sin Sistema de Ahorro para el Retiro o pensión del IMSS o ISSSTE (compromiso 3). En este punto se trata de continuar la privatización de pensiones y de que seguirá funcionando el sistema de administradoras de fondos para el retiro (Afores), que cobra altas comisiones y devuelve rendimientos y pensiones mínimas a los verdaderos titulares de los recursos pensionarios: los trabajadores. Los que realmente ganan son los bancos que manejan las Afores.
Van a engordar a la banca extranjera con dinero del gobierno que depositará para pensiones u otras prestaciones y debilita las instituciones públicas, así sucede con el seguro de desempleo (compromiso 4). No tiene definido a quiénes beneficiaría y cómo se va a implantar, pero es seguro que el dinero lo manejará la banca privada. En el caso del seguro de vida para jefas de familia (compromiso 5) no dice cómo se aplicaría y obviamente es la puerta abierta para un gran negocio de compañías aseguradoras.
Buscan “robustecer la autonomía de gestión de las escuelas”, lo que significa que los padres seguirán aportando más y más dinero en las escuelas supuestamente “gratuitas”. En todo promueven el capital privado, por ejemplo buscan ligar los sitios arqueológicos con “promoción turística”, como hizo Peña en Teotihuacán.
El Pacto habla de un programa nacional de derechos humanos y de “paz”, y de hacer una ley del uso legítimo de la fuerza pública… Con lo sucedido el 1 de diciembre de 2012 es claro que hablan de la “paz” como la del dictador Porfirio Díaz.
Incluyen medidas que están promoviendo desde Estados Unidos, como la cédula de identificación biométrica que exige la seguridad del imperio para homogeneizar bajo el control el Pentágono y la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense) los bancos de datos de Canadá, Estados Unidos y México. Recordemos que bajo la bandera de defender los derechos humanos Estados Unidos ha invadido países extranjeros. Ahora Peña con su Pacto se da el lujo de presentarse como “defensor de los derechos humanos”, y hasta propone legislar una ley en materia de reparación del daño, cuando desde el primer día de su gobierno reprime salvajemente a los jóvenes y encarcela a inocentes.
Otro de los engaños del Pacto por México es hablar de unificar los códigos penales de todo el país para hacer uno sólo, lo que viola la soberanía de los estados e impone un centralismo como el que querían los conservadores del siglo XIX. La expedición de un código penal único para todo el país limitaría aún más las potestades legislativas de las entidades federativas y se atropellaría el derecho de las mismas a defender libertades y proteger derechos. Por ejemplo, en más de la mitad de los estados de la República el aborto está penalizado con cárcel, incluso en caso de violación o la posible pérdida de la vida de la madre. Si se unifican los códigos penales de todo el país darían un paso regresivo en este renglón y en la exigencia de que la mujer decida sobre su cuerpo.
Quieren engordar a la banca privada con aportaciones del gobierno para desempleados, becas y seguros de vida, en vez de crear una banca social. Además de promover becas-salario, con las cuales el gobierno les paga a los jóvenes para que trabajen como mano de obra superbarata en las empresas que se supone tienen que dar media beca. En educación, hablan de calidad para expulsar a los maestros críticos y cerrar escuelas para introducir un sistema como el Charter de Estados Unidos, que lleva a la privatización de la educación, vía subsidio a las escuelas privadas.
Dicen que el Pacto ataca los “poderes fácticos”, pero en realidad no los toca, ya que se modificó un punto de la última versión del documento –que Aristegui Noticias obtuvo– en el que se garantizaba a los consumidores de televisión restringida el acceso gratuito a señales de televisión abierta. Esta mención fue eliminada en el documento final del Pacto. De haberse establecido que no se cobrará por retransmitir una señal abierta, la empresa de Emilio Azcárraga perdería más de 2 mil millones de pesos trimestrales.
En el punto 90 del Pacto hablan de una reforma electoral en la que atacan el uso de materiales utilitarios y de construcción, pero no hablan de entregar dinero en efectivo o en monederos electrónicos, con lo que preparan nuevos fraudes. Hablan de fortalecer la legislación para evitar el financiamiento sucio. Pero no hablan de prohibir el financiamiento para manipular elecciones. A esta reforma electoral le hacen falta dientes y no elimina la partidocracia ni todos los mecanismos de control del PRIAN.
Pero además de todo, el Pacto es demagógico. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que, al analizar el Pacto por México se concluye que sin reforma hacendaria no es posible cumplir los compromisos que establece. De los puntos 46 al 95 requieren recursos equivalentes a seis puntos del producto interno bruto. La otra posible manera de cumplir los compromisos sin recurrir a fuentes de financiamiento sería un mayor déficit o el incremento de la deuda pública (La Jornada, 9 de diciembre de 2012). ¿De dónde van a sacar recursos? Eso no lo dicen. El Barzón dice que el Pacto por México debe ser sometido a un gran debate nacional entre los diversos sectores de la sociedad, pues es necesario que el gobierno esclarezca de dónde procederán los ingresos para empezar a cumplir con los compromisos establecidos en el documento. De hecho la reforma fiscal no se precisa.
El Pacto tiene la intención política de mostrar una unidad del PRIAN con el PRD a favor de Peña y su gobierno, y ha sido repudiado ampliamente por todos los sectores conscientes de la población como el Movimiento Regeneración Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Movimiento Yo Soy 132, el Sindicato Mexicano de Electricistas, El Barzón, organizaciones campesinas y todos los sectores progresistas de nuestro país. En resumen, Andrés Manuel López Obrador dijo qué es el Pacto contra México. Por eso, al rechazar la profundización del neoliberalismo, es necesario que nos unamos todos los mexicanos en un gran frente por México y por un real y democrático nuevo proyecto de nación.
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki
Fuente: Contralínea 316 / Enero de 2016
