Roma, Italia. El forcejeo entre Italia y la Comisión Europea sobre el posible inicio de un procedimiento de infracción por deuda pública excesiva prosigue sin solución a la vista, al menos por ahora. Como en ocasiones anteriores, la controversia gira en torno a los límites de 3 por ciento del déficit fiscal y 60 de la relación entre el monto de la deuda y el producto interno bruto (PIB) impuestos en 1992 por el Tratado de Maastricht para los 28 países miembros de la Unión Europea.

En este caso específico, el conflicto se desató el 5 de junio último, cuando el órgano regional consideró justificado el proceso de penalización, por estimar insuficiente el progreso de Italia en la reducción de la deuda en 2018, al incumplir con los ajustes sugeridos sobre los objetivos presupuestarios a mediano plazo.

Según las normas de la Unión Europea, los países miembros deben registrar un balance estructural del presupuesto que se corresponda con esos objetivos o apunten hacia una rápida convergencia con ellos, mediante una corrección anual del saldo estructural equivalente al menos al 0.5 por ciento del PIB. Esa exigencia, indican las reglas, es mayor para las naciones cuya deuda exceda el 60 por ciento de su PIB o presenten riesgos pronunciados para su sostenibilidad.

El Programa de Estabilidad aprobado por el gobierno italiano en abril último, como parte del Documento de Economía y Finanzas, previó una reducción de 0.1 por ciento de la deuda este año y de 1.5 en 2022, a razón de 0.3 por ciento anual, previsiones cuestionadas por la Comisión Europea.

La posición de la Comisión Europea

En un informe presentado el 11 de junio al Comité Económico y Financiero de la Unión Europea con la propuesta de emprender el procedimiento, la Comisión Europea señaló que la deuda italiana ascendió al 132.2 por ciento del PIB en  ese período, tras el 131.5 promedio registrado entre 2014 y 2017.

El documento resaltó que el endeudamiento de este país es el segundo mayor de la Unión Europea –después de Grecia– y uno de los principales del mundo en relación con el PIB, con un promedio de 38 mil 400 euros por habitante y alrededor de 65 mil millones por el pago anual de intereses. Una deuda tan grande –apuntó– priva a Italia del espacio fiscal que necesita para estabilizar su economía en caso de choques macroeconómicos y añadió que “representa también una carga intergeneracional que pesa sobre el nivel de vida de las futuras generaciones italianas”.

Además del incumplimiento en 2018, la Comisión Europea prevé que la deuda empeorará y llegará al 133.7 por ciento del PIB este año y a 135.2 en 2020, con la advertencia de que para descender al 60 por ciento establecido por las normas europeas, Italia deberá acumular un esfuerzo fiscal igual al 10.2 por ciento de su PIB entre 2021 y 2025.

Como se esperaba, el documento fue aprobado por el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, ente asesor integrado por funcionarios de primer nivel de las administraciones nacionales y los bancos centrales, junto a representantes del Banco Central Europeo y la propia Comisión Europea.

La decisión sobre el inicio del procedimiento de infracción corresponderá, sin embargo, al Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin), el cual agrupa a los ministros de esas ramas de todos los países miembros de la Unión Europea, quienes abordarán el tema en su próxima reunión ordinaria del 5 de julio próximo. Tanto el primer ministro, Giuseppe Conte, como el titular de Economía y Finanzas, Giovanni Tría, insistieron en la necesidad de evitar el procedimiento, a través de un “diálogo abierto y constructivo” con la Comisión, aunque sin hacer concesiones, las cuales estimaron innecesarias.

La carta del primer ministro italiano

Conte resumió la posición del Ejecutivo en una carta enviada a los mandatarios de los otros 27 países miembros de la Unión Europea, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al del Consejo Europeo, Donald Tusk. La misiva recoge, en esencia, la propuesta de Roma de aprovechar el inicio de una nueva legislatura europea para trabajar “en la renovación de las reglas comunes y en la introducción de instrumentos que puedan satisfacer más eficazmente las necesidades de los ciudadanos”.

La propuesta italiana incluye la apertura de una “fase constituyente” para rediseñar “modelos de desarrollo y crecimiento que se revelan inadecuados ante los retos impuestos por sociedades empobrecidas, atravesadas por la desconfianza, desilusión y rencor”.

Tras recordar las consecuencias negativas de limitar la acción de gobierno al exclusivo y riguroso respeto de las reglas del presupuesto, como en el caso de Grecia, el texto precisó que la “fase constituyente” deberá centrarse nuevamente en “el bienestar económico y social de los ciudadanos europeos”. Al margen de esa declaración política, Conte reiteró la disposición de Italia a respetar las normas actuales y advirtió que los pronósticos de su gobierno sobre la economía en este año son “sensiblemente mejores” que los de la Comisión Europea. En tal sentido, anticipó que la razón fundamental de la evolución positiva del balance del presupuesto reside en la prudencia con la cual fueron calculados los ingresos y gastos, con mejoras recientes en ambos casos, aunque sin precisar detalles.

La ausencia de información concreta sobre los recursos a disposición del gobierno para cumplir con las demandas del órgano regional y al mismo tiempo avanzar en sus programas de corte social, deja dudas sobre su margen real de maniobra para impedir el proceso de infracción. A medidas como el ingreso mínimo garantizado y la opción de jubilación anticipada si la suma de la edad y los años de contribución suman 100, se añaden ahora el decreto ley de ayuda a las familias con hijos, impulsado por el Movimiento 5 Estrellas, y el impuesto plano promovido por la Liga.

La Comisión Europea, por su parte, indicó a través de un vocero que analiza el contenido de la misiva, en tanto el comisario para Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, se manifestó abierto a “trabajar de manera constructiva” para evitar el procedimiento de infracción. En declaraciones a la prensa durante la reunión del Consejo Europeo del 20 y 21 de junio, el directivo regional puntualizó, sin embargo, que eso no se hace a través de intercambios y comentarios sobre las reglas, sino respetándolas.

En conferencia de prensa ofrecida al término de la cumbre, en Bruselas, Conte subrayó que “es una negociación muy difícil, muy compleja” y pidió comprensión por la confidencialidad de las tratativas, respecto a las cuales insistió en la necesidad de “un enfoque constructivo” de parte de todos los involucrados.

Frank González/Prensa Latina

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