Como ningún otro presidente, Enrique Peña Nieto dedica buena parte de su tiempo en congraciarse con las Fuerzas Armadas mediante constantes reconocimientos públicos (dos o tres por mes). La razón es que los militares están muy inconformes por las tareas de seguridad interna que su comandante supremo los obliga a realizar y que constitucionalmente no les corresponde.

El malestar del Ejército va en aumento y hay que observar con atención sus reclamos y reproches, que no tienen otro destinatario más importante que el Ejecutivo federal, pues se les obliga a realizar trabajos de vigilancia y patrullaje en calles y carreteras, investigación ministerial y allanamientos sin órdenes judiciales.

Todo ese trabajo policial que hacen los militares, para el cual no están capacitados técnicamente ni preparados mentalmente, ha provocado excesos de los soldados, como son ejecuciones, homicidios, allanamientos y otros abusos, y con ello han venido múltiples acusaciones de violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, además de constantes críticas y juicios de sectores sociales que culpan al Ejército de la violencia sin freno que hay en el país.

Esta inconformidad en los altos mandos de las Fuerzas Armadas llegó a un punto que, como nunca antes, los ha motivado a salir a los medios de comunicación para quejarse del “maltrato” que sienten por parte de distintos actores políticos y por la sociedad en general.

Por ello, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán Benítez, dio conferencia de prensa la semana pasada para quejarse y rechazar la acusaciones “sin fundamento” de que los militares violan impunemente las garantías individuales. “Hay hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de actos delictivos”.

Advierte también que hasta ahora han mostrado tolerancia y prudencia en múltiples ocasiones, y más vale que así continúen para el bien del país, pues la orden de que realicen un trabajo policial proviene del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, no de la sociedad, la cual sólo exige frenar la violencia, así como respeto y libertad para transitar con seguridad por todo el país.

En cuanto a los reconocimientos, el último fue hace unos días con motivo del centenario de la Escuela Médico Militar, en donde el primer mandatario dijo que las Fuerzas Armadas son “la institución de las instituciones… se acrecienta en mi fuero interno mi reconocimiento a la labor incansable que realizan para defender a México”.

También desde que inició el actual gobierno, generales del Ejército –incluido su titular Salvador Cienfuegos– se han quejado porque en la última década han realizado el trabajo que corresponde a los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno, debido a que éstos han sido infiltrados por el crimen organizado.

Y no les falta razón a los militares cuando se quejan por realizar el trabajo de policías, pues todos sabemos que se gastan miles de millones de pesos del erario en salarios, instalaciones y equipo para las distintas corporaciones policiacas en todo el país, aunque éstas estén al servicio del crimen organizado, lo que resulta un gasto oneroso y absurdo, pues se les paga por su ineficiencia, corrupción y complicidad. Ésta es la razón por la cual el presidente de la República ha echado mano de los militares para que cumplan con una función para la cual no han sido capacitados y en donde las leyes no regulan su función.

Es en medio de tantos reconocimientos y homenajes por parte del presidente, que las Fuerzas Armadas han quedado muy expuestas al escarnio de la opinión pública y de la prensa, y razones hay muchas. En primer lugar, por la gravedad de los hechos, como son las violaciones a los derechos humanos, en donde se han presentado casos muy bien documentados e investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de militares y se han emitido recomendaciones para frenar esos abusos en contra de civiles, muchos de los cuales nada tienen que ver con la delincuencia.

Otra razón de las críticas e investigaciones periodísticas sobre el Ejército, tiene que ver con casos de corrupción, pues la falta de transparencia y las malas prácticas administrativas han permitido el desvío de recursos públicos, porque bajo el concepto de “seguridad nacional” se realizan gastos millonarios en asignaciones directas sin rendición de cuentas, lo que ha derivado en pago de comisiones y sobornos para la obtención de contratos para bienes y servicios.

Por ejemplo, a finales del sexenio anterior, cuando Felipe Calderón ocupaba Los Pinos, autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional realizar 18 contratos con proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de dólares para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Por supuesto mediante la asignación de contratos directos, sin licitar. Varios militares de alto rango denunciaron el hecho y provocó una turbulencia al interior del Ejército y de todo el gobierno federal. En aquellos años el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional era el mismo general Salvador Cienfuegos, quien ahora es el responsable de esta Secretaría.

Un nuevo caso de supuesta corrupción –que ya es investigado– involucra al general de división Ángel Prior Valencia, actual director general de Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA), quien fue señalado de supuestamente facilitar el acceso a carreras médicas de especialidad a cambio de dinero.

Por todos estos temas la prensa debe estar atenta de la actuación de las Fuerzas Armadas, y más aún si éstas deciden abrir el debate ante los mismos medios de comunicación. Bienvenida la discusión abierta y, por supuesto, la investigación periodística.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

Contralínea 532 / del 27 de Marzo al 02 de Abril 2017