Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias
La policía cruzó esa información con sus bases de datos para crear un nuevo listado con personas “no aptas” para trabajar en el Congreso, como se lo comunicaron a los jefes de recursos humanos de las empresas encargadas de comunicar la rescisión de contratos a algunos de sus trabajadores.
Algunos afectados consideran que sus despidos obedecen a cuestiones políticas. “No tengo antecedentes judiciales, esto es un castigo hacia gente que participamos de entornos militantes”, declaraba uno de los despedidos.
Al menos una decena de personas fueron despedidas. Algunas tenían antecedentes judiciales por ocupación de inmuebles vacíos; otras participaron en una acampada en Plaza Cataluña hace años en protesta a nivel nacional contra la llamada “casta política”. Pero también hay gente que asegura no haber sido nunca ni detenida ni identificada. Por eso surgieron las sospechas sobre el verdadero fondo de estas “listas negras”.
Los archivos de antecedentes policiales y judiciales incorporan detenciones y las condenas, aunque si alguien es absuelto con sentencia firme judicial puede exigir la eliminación de sus datos en los registros. A organizaciones como Rereguarda en Moviment y Alerta Solidària, así como la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona, les preocupa que puedan existir archivos policiales elaborados con criterios políticos o ideológicos.
Se trataría entonces de un abuso de poder para amedrentar a los opositores del gobierno en turno y daría pie a sospechas de que busca perpetuarse en el poder. Además, el derecho fundamental a la libertad de expresión está por encima de las preferencias políticas e ideológicas de las personas salvo que éstas atenten contra otros derechos humanos. Por eso algunos países han aprobado leyes que niegan el Holocausto o que incitan al odio contra grupos humanos por el color de su piel o por sus preferencias sexuales.
Si un Estado se agarra a motivos de “seguridad nacional” para impedir la protesta o la repulsa por sus políticas, se acerca de forma peligrosa a gobiernos autoritarios a los que suele criticar. En 1984, George Orwell se inspiraba en los gobiernos totalitarios de corte comunista. Quizás no llegó a intuir que las democracias occidentales caerían en la contradicción de encabezar manifestaciones a favor de la libertad de expresión tras el asesinato de unos caricaturistas para luego aprobar leyes que recortan esas mismas libertades. Algunos sectores de la derecha condenan a los gobiernos bolivarianos mientras justifican estas medidas de excepción en nombre de la seguridad, de la libertad y de la democracia occidental, como si tuvieran patente sobre estos valores.
Muchos grandes medios de comunicación se han convertido en aliados de estos gobiernos al crear un clima de paranoia en lugar de fomentar debates más sosegados sobre las verdaderas amenazas a la convivencia ciudadana.
La recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de hasta 30 mil euros y condenas de cárcel por participar en disturbios o en manifestaciones no autorizadas. ¿En dónde quedó el sentido de la proporcionalidad que debe regir en cualquier ley? El gobierno español se retrata al anticipar oposición ciudadana por medidas que atentan contra derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a una educación y a una vivienda digna.
Poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en un clima de agitación en Estados Unidos, decía el profesor y periodista Arthur Levin que no se puede medir el grado de libertad de un país en tiempos de tranquilidad, sino en tiempos de turbulencia. Muchas democracias occidentales han demostrado que no están a la altura debida al traicionar los valores que abanderan.
Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias
Contralínea 428 / del 15 al 21 de Marzo 2015
