El riesgo interno más importante que enfrenta México es que la violencia del narcotráfico escale a una intensidad sin precedentes que pueda poner en riesgo la viabilidad política y económica del país.
En un contexto de incapacidad y corrupción crónica en varios niveles del gobierno mexicano, de indiferencia práctica en el gobierno de Estados Unidos, y de una exasperación de los sectores sociales más afectados, todas las opciones duras pueden ocurrir, entre ellas el retorno de la guerra sucia, con su estela de asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como métodos fundamentales de combate.
El gobierno de Barack Obama parece absorto en los dilemas de la política interna, sin que México parezca ser parte de sus prioridades. La política interna está virtualmente convulsionada y dominada por la incertidumbre. En estos días, los demócratas han sufrido una derrota humillante en las elecciones de senador por Massachusetts y enfrentan la posibilidad de perder más puestos en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que podría alterar profundamente el equilibrio político para lograr las reformas de salud e inmigración.
Obama, plenamente concentrado en asuntos de política interna, no se presta ni siquiera a participar en eventos protocolarios para los que México le ha invitado. Hace unas semanas, el gobierno mexicano invitó al presidente Obama a inaugurar, junto con su contraparte mexicana, el nuevo Puente Internacional que une a las ciudades de Reynosa, Tamaulipas, y Mission, Texas. A pesar de las esperanzas mexicanas de contar con su presencia, Obama no aceptó la invitación y Calderón tuvo que inaugurar el puente acompañado sólo por sus colaboradores y por funcionarios de segundo nivel del gobierno estadunidense.
Por supuesto que otros asuntos han alejado a México de la mente estadunidense: el daño devastador del terremoto en Haití ha contribuido para que en Washington, DC, y en general en Estados Unidos, el tema de la violencia en México y los ejecutados por el narcotráfico haya pasado a un tercer plano.
No se trata de desaires o desprecio, sino simplemente de la intensidad de las batallas políticas internas que Obama ha tenido que librar en su primer año de gobierno, en un contexto de un déficit económico que alcanza millones de millones de dólares. Para cuidar su imagen política y evitar el calificativo de populista, Obama congeló la mayor parte del gasto público no relacionado con seguridad y multiplicó el presupuesto militar para librar las guerras de Irak, Afganistán y, posiblemente, en Irán. Esta decisión podría profundizar aún más las divisiones en el Partido Demócrata y, al mismo tiempo, alejar aún más a México de sus prioridades internacionales.
Obama se apresta a apuntalar al Partido Demócrata con el regreso de los estrategas electorales que le ayudaron a ganar los comicios presidenciales de 2008. En las elecciones de noviembre de 2010, estarán en juego los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 miembros del Senado. El Partido Demócrata podría perder la mayoría en el Congreso si no logra revertir la inercia favorable al Republicano en las próximas campañas electorales.
Esa derrota podría afectar de manera indirecta a México, pues el clima político será más conservador, podría haber un endurecimiento aún mayor del control fronterizo y de las condiciones de vida para cerca de 24 millones de inmigrantes de origen mexicano que ya experimentan falta de acceso a servicios de educación, salud y trabajo.
La influencia política del narcotráfico podría extenderse en esta nueva coyuntura. En este año, la franja fronteriza entre México y Estados Unidos vivirá elecciones estatales para gobernador en los cuatro estados fronterizos: Texas, Arizona, Nuevo México y California. Por el lado mexicano, Chihuahua y Tamaulipas se aprestan a las elecciones de gobernador.
Las próximas elecciones en el país tendrán una importancia estratégica en el reacomodo de las alianzas políticas de los grupos del crimen organizado con funcionarios y mandos policiales y militares, y no existen evidencias de que el gobierno y los partidos, enfrascados en divisiones internas, estén preparados para impedir la penetración del narcotráfico.
El Partido Acción Nacional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y pocos se atreven a apostar por una victoria de Acción Nacional en las elecciones presidenciales de 2012, el mismo año en el que Obama tendrá qué defender su permanencia en un segundo periodo de gobierno.
Ahora en los corrillos de Washington empieza a circular la idea de que el Partido Revolucionario Institucional podría volver al poder, junto con viejas prácticas de alcaldes, procuradores y gobernadores que toleraban al narcotráfico con tal de que no ejercieran la violencia en el territorio de su jurisdicción. Con cierta desilusión, en Washington también existe la percepción de que el gobierno del presidente Vicente Fox hizo poco para contener al narcotráfico.
El ensimismamiento de Washington en los asuntos domésticos y en las dificultades financieras que enfrenta podría llevar a mantener congelados los niveles actuales de ayuda a través de la Iniciativa Mérida. Hasta ahora, la cooperación de Estados Unidos en materia de inteligencia le ha ayudado al gobierno mexicano a detectar y arrestar o ejecutar a líderes del narcotráfico. Sin embargo, con frecuencia esos líderes ya habían sido reemplazados por otros criminales menos conocidos y más violentos.
En estas condiciones está claro que México enfrentará al narcotráfico y a la delincuencia organizada con recursos propios y limitados. Aunque Calderón elevó el presupuesto militar y, en general, el de todo el sector de seguridad nacional, la realidad es que esos recursos palidecen ante la capacidad financiera de la delincuencia organizada.
Uno de los riesgos de fondo en esta situación consiste en que, ante la parálisis gubernamental, los sectores más afectados por la extorsión y la violencia criminal sigan adelante con el financiamiento de grupos armados clandestinos que respondan, ojo por ojo, diente por diente, a la delincuencia organizada. Ésa podría ser la nueva versión, privatizada y apoyada por los sectores duros de la policía y las fuerzas armadas, de la Brigada Blanca que enfrentaría a una parte del narcotráfico con los viejos métodos de la guerra sucia: tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de criminales a cambio de impunidad. El resultado, a final de cuentas, sería la consolidación de una sola de las corrientes del narcotráfico, aquella que cuente con el respaldo de sectores públicos y privados que consideren que la única forma posible de solución es combatir a la delincuencia organizada con más delincuencia organizada.
*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
