En su relación con México, Estados Unidos tiene frente a sí un conjunto de instituciones de seguridad divididas, fragmentadas, descoordinadas. A pesar de que la cooperación con México en materia de seguridad se incrementó sensiblemente en el sexenio que está por concluir, la cooperación binacional ha mostrado signos de contradicción y retroceso.

 

Sólo así se explicaría la difusión de los resultados de un peritaje realizado por el gobierno de Estados Unidos para explicar qué sucedió el 24 de agosto pasado, cuando agentes de la Policía Federal, a bordo de varios vehículos, dispararon contra una camioneta con placas diplomáticas de Estados Unidos en la que viajaban dos agentes estadunidenses y un miembro de la Marina Armada de México. La camioneta oficial estadunidense circulaba por la carretera federal México-Cuernavaca después de haber realizado una visita a una base de operaciones navales en el estado de Morelos.

 

La Policía Federal argumentó que en esos momentos realizaba un operativo contra una banda de secuestradores, pero la Embajada de Estados Unidos no ha dado ninguna señal de aceptación al argumento oficial.

 

Lejos de la respuesta intervencionista y extraterritorial que tomó el presidente Ronald Reagan en 1985 cuando el agente de la Agencia Antidrogas estadunidense, Enrique Camarena Salazar, fue asesinado por miembros del cártel de Guadalajara, el gobierno de Barack Obama ha respondido con investigaciones y peritajes legales para determinar qué ha sucedido en los casos de atentados contra funcionarios estadunidenses en territorio mexicano.

 

Por su parte y también muy lejos del “cuidado” tradicional de los narcotraficantes mexicanos de no agredir a funcionarios estadunidenses, los cárteles mexicanos han realizado operaciones directas contra personal diplomático, policial y de inteligencia estadunidense que opera en territorio mexicano.

 

Los atentados contra agentes estadunidenses en México se han vuelto un fenómeno inusitado y creciente. Aún está abierta la investigación del atentado en el que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas pereció y otro quedó con heridas graves, tras el ataque de un grupo de policías estatales y hombres armados el 15 de febrero de 2011 en la carretera federal México-San Luis Potosí.

 

Por las características de ambos atentados, el de febrero de 2011 y el de agosto de 2012, es probable que el itinerario de los agentes estadunidenses haya sido filtrado a los grupos que ordenaron el ataque.

 

Según las investigaciones de Estados Unidos, los grupos agresores operaron en ambos casos con la intención de asesinar a los ocupantes de las camionetas, lo que puede indicar que los autores intelectuales ya podrían haber conocido su identidad y las operaciones en las que estaban involucrados.

 

Con estos incidentes, es posible que haya quedado mermada aún más la confianza de los agentes de Estados Unidos en las unidades militares o navales mexicanas con las que tienen contacto operativo en México. También es posible que la confianza estadunidense en las unidades de la policía estatal o federal haya quedado destruida por completo.

 

El terreno para la cooperación binacional está viviendo estas complicaciones en momentos en los que Estados Unidos incrementó sus operaciones en territorio mexicano y necesita, por tanto, de enlaces confiables con sus contrapartes mexicanas. La dificultad de crear esos enlaces es mayor si se considera que los mecanismos prácticos de la cooperación pueden cambiar con la sucesión presidencial que se avecina en ambos países y que puede alterar la composición de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa.

 

Un segundo aspecto a considerar, además de la posibilidad de que los servicios de inteligencia del narcotráfico hayan logrado penetrar los círculos pequeños que controlan las operaciones diarias de la cooperación entre mexicanos y estadunidenses en materia de seguridad, es que los vehículos oficiales estadunidenses no viajaban escoltados por unidades militares mexicanas cuando entraron en territorios controlados por las bandas del narcotráfico.

 

Los agentes pidieron ayuda, pero cuando llegaban unidades militares o policiales en auxilio de los agentes atacados, la agresión se había consumado. Añadir escoltas de vehículos o helicópteros mexicanos a los agentes estadunidenses podría significar no sólo el riesgo de más filtraciones, sino de confrontaciones con grupos de narcotraficantes a una escala mucho mayor.

 

Aunque existen diferencias en la manera de responder, algunas organizaciones de narcotraficantes muestran indiferencia a las consecuencias que puede acarrear un ataque contra un agente estadunidense.

 

Unidades de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, fueron señaladas como las presuntas responsables de atentados contra vehículos con personal diplomático adscrito al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez en marzo de 2009. Uno de los presuntos implicados dijo que el asesinato de una funcionaria consular se debió a que ella supuestamente tramitaba visas a integrantes de una organización rival. Los Zetas, por su parte, fueron señalados como los responsables del atentado en el que murió el agente Jaime Zapata, en la carretera a San Luis Potosí.

 

Si Estados Unidos percibe entonces el riesgo real a la vida de sus agentes podría presionar a México para permitir oficialmente que los agentes estadunidenses viajen armados y respondan a fuego hostil en caso de ser agredidos. La posibilidad de enfrentamientos entre unidades operativas de Estados Unidos y grupos de la delincuencia organizada en territorio mexicano podría internacionalizar el conflicto armado que vive el país.

Hasta ahora no parece haber una solución sencilla al problema de la agresión a agentes estadunidenses. Los organismos de inteligencia mexicanos han sido incapaces de prevenir los atentados y han dejado entonces la puerta abierta para que sea la inteligencia estadunidenses la que prevenga a los agentes de su país de los posibles atentados en su contra.

 

Con la penetración evidente del narcotráfico en la Policía Federal, la cooperación binacional podría concentrarse aún más en los enlaces con el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México como la única manera posible de obtener una relación de confianza. Esta situación no haría sino profundizar la política de uso de las Fuerzas Armadas en labores que la Policía Federal ha dejado de hacer por incapacidad, negligencia o complicidad con grupos criminales.

 

¿Qué pasaría si estos recursos de fuerza militar que tiene el país, los últimos que le restan, dados los problemas de desconfianza policiales, también se empiezan a contaminar y algunos de sus elementos se unen a los grupos dispuestos a causar un daño a los agentes federales?

 

No es fácil responder a esa pregunta. Estados Unidos tiene una lista de medidas a tomar en cada escenario que se presente: éstas incluyen desde la presión diplomática hasta la posibilidad de presionar al país o amagarlo con las ideas de establecer bases de operación en territorio mexicano. O la probabilidad lejana, pero existente, de optar por la intervención armada directa en las áreas territoriales controladas por grupos criminales.

 

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington

 

 

 

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