El Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, una localidad de apenas 900 habitantes, está en el centro de una vorágine paramilitar, que busca aislar a sus dirigentes con emboscadas, asesinatos y hostigamientos armados.
Lo mismo ha sucedido en otras comunidades del país, ubicadas en territorios donde prevalece la pobreza extrema y en donde movimientos sociales, grupos políticos-caciquiles y los restos de movimientos rebeldes armados están en colisión permanente.
No se trata sólo de conflictos locales que surgen del enfrentamiento entre fracciones rivales de una comunidad ni tampoco de disputas limítrofes, aunque algunos de estos elementos suelen estar presentes. Se trata de conflictos locales con repercusiones de alcance nacional que han sido explotados por agencias de seguridad estatales y federales y en las que suele haber una intervención castrense. Esta relación ha quedado documentada en versiones de los planes militares de contrainsurgencia en Chiapas, que han llegado a manos de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, y en reportes de inteligencia estadunidenses desclasificados mediante el Acta de Libertad de Información.
Las estructuras de seguridad resultantes se han reproducido principalmente en el sureste mexicano y están ancladas en organizaciones de poder local, utilizadas, entrenadas y financiadas como grupos paramilitares. Los documentos desclasificados recientemente muestran que estas organizaciones, al menos en el caso de Chiapas, sirven como instrumentos de control territorial y están apoyadas en la información, entrenamiento y protección de unidades secretas de inteligencia militar.
La operación del 17 de abril, en la que murió una defensora de derechos humanos y un observador internacional finlandés, atribuida a elementos de la organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, fue una emboscada que demostró capacidad operacional, formación planificada y una pericia relativa en la ubicación de tiradores. Estas capacidades sólo pueden desarrollarse cuando existe personal entrenado en el uso profesional de las armas.
Con la deserción masiva de soldados y el despliegue clandestino de unidades de inteligencia militar, no es difícil que estas capacidades lleguen a manos de grupos de poder en las regiones indígenas. Hasta ahora, la lucha contra el narcotráfico atrae la atención nacional en materia de seguridad, pero la situación en las comunidades indias del sureste mexicano ha ido deteriorándose por la acción de grupos paramilitares.
La situación en San Juan Copala debe estarse revisando con detalle y profundidad en las oficinas del alto mando militar en la ciudad de México. La emboscada del 17 de abril contra la caravana de observadores nacionales e internacionales, cometida en las inmediaciones del Municipio Autónomo, ha sido el peor ataque paramilitar desde la matanza de Acteal en diciembre de 1997. Y el potencial de violencia sigue latente y puede ocurrir de nuevo otra acción similar.
Los observadores de derechos humanos están organizando una nueva caravana que tendría lugar el 8 de junio; sólo que ahora hay nuevos elementos, pues la palabra del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, está comprometida.
El presidente Calderón ofreció a Tarja Halonen, presidenta de Finlandia, una investigación exhaustiva sobre la muerte del activista finlandés Jyri Jaakkola en esa emboscada. Para cumplir su palabra, el Ejecutivo necesita revisar todo el andamiaje político, policial y militar que soporta las operaciones paramilitares en Oaxaca y de paso en todo el país.
Los militares mexicanos siguen trabajando con la hipótesis de que la amenaza de grupos rebeldes y movimientos armados sigue presente en el sureste mexicano. De ahí la necesidad del gobierno mexicano de multiplicar los grupos civiles “de alto sentido patriótico” que sigan colaborando con las Fuerzas Armadas para apoyar las operaciones militares y obstruir el vínculo entre las “guerrillas locales” y la población. Esa doctrina, sustentada como parte del plan de operaciones militares para contener el alzamiento zapatista en Chiapas, es consistente con los manuales de guerra irregular que el propio Ejército produjo en 1995, y que siguen vigentes a la fecha.
Con frecuencia, los grupos de derechos humanos están reportando acciones de hostigamiento para comunidades identificadas como simpatizantes de movimientos armados por el puro hecho de organizarse como comunidades autónomas. Hechos similares a los de San Juan Copala se han registrado, por ejemplo, en los poblados chiapanecos de Jotolá, San Cristóbal de Las Casas, Bolón Ajaw, Las Rosas, Comitán y Chicomuselo.
El problema de fondo es que los grupos paramilitares persisten, y con ellos todo el andamiaje estatal, federal y militar, a pesar de que el gobierno mexicano ha logrado neutralizar por muchos medios a los movimientos armados y que sus operaciones han quedado reducidas a acciones propagandísticas, con posibilidades escasas de uso de la violencia. Los grupos de naturaleza paramilitar que fueron formados en la parte final de la década pasada, para debilitar el vínculo entre las supuestas organizaciones de masas y la dirección militar de los movimientos armados, quedaron vivos, sin que ahora sea evidente ninguna utilidad, más allá del desbordamiento de las agresiones contra organizaciones comunitarias.
En lugar de ser desmantelados, los grupos paramilitares mexicanos siguen funcionando como un mecanismo de contrainsurgencia permanente de carácter preventivo. Es evidente que, hasta ahora, al gobierno mexicano le conviene más tener plagado al sureste mexicano con grupos paramilitares que ayuden al control poblacional, que resolver las demandas de comunidades que simplemente están buscando nuevas formas de organización o de resistencia civil.
Pero el presidente ha dado su palabra para actuar y vamos a ver ahora hasta dónde está dispuesto a investigar y qué estructuras dañinas de seguridad está dispuesto a desmantelar.
