¿Qué tan lejos estamos de una intervención militar extranjera en México? No muy lejos de lo que pensamos. Algunos concejales y analistas en la frontera mexicana han estado señalando la necesidad de Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas para restablecer el orden en Ciudad Juárez. Otros análisis militares estadunidenses han sostenido la posibilidad de una acción militar directa como el último recurso para recuperar Estados fallidos en el mundo y han incluido a México en esa lista de riesgo.

Por lo pronto, lo que estamos observando es una acción militar indirecta. La militarización que estamos viviendo es un intento de alejar la posibilidad de una intervención directa a través de un esfuerzo militar binacional combinado para reducir la ola de violencia del lado mexicano.

Tanto México como Estados Unidos buscan evitar el escenario extremo que podría desencadenarse con el intento de la delincuencia organizada, aliada con fracciones militares desleales, de realizar ataques terroristas, asesinar mandos y buscar el control de la capital de la república, tal y como ya lo hace en regiones enteras de Chihuahua, Durango, Tamaulipas o Michoacán.

Ese escenario extremo, pero no improbable, sería la señal de alerta máxima para los ejércitos vecinos que observan con preocupación lo que está pasando en México e intentan acelerar los vínculos de coordinación y operación conjunta.

Una expresión de este grado de alerta lo vimos hace unas semanas en el comienzo del envío de 2 mil tropas de la Guardia Nacional estadunidense hacia los cuatro estados en la frontera con México. Aunque el número sea relativamente limitado, lo que importa en este caso es la calidad de los soldados y no precisamente su cantidad.

Los soldados de la Guardia Nacional tienen el mismo nivel de entrenamiento de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y llegarán a la frontera tan equipados como lo están en Irak o Afganistán. Su armamento, que incluye helicópteros, será completo, aunque sólo podrán utilizarlo en defensa propia. La calidad de la fuerza militar que está enviando el gobierno de Barack Obama también se expresa en el hecho de que cerca de 35 mil miembros de la Guardia Nacional en los estados fronterizos son veteranos de las guerras en Irak y Afganistán y tienen experiencia de combate aplicable en la zona fronteriza.

Aunque Arizona tendrá un número mayor de tropas de la Guardia Nacional, todos los estados restantes, California, Nuevo México y Texas, tendrán cada uno un 25 por ciento del total de la fuerza militar. Este movimiento de tropas estadunidenses no está determinado sólo por el cruce de inmigrantes indocumentados por los condados fronterizos de Estados Unidos, de por sí a la baja, sino principalmente por el aumento extraordinario de la violencia que ocurre en las poblaciones del lado mexicano, cuyo saldo, como todos lo sabemos, supera los 28 mil asesinatos en los últimos cuatro años.

A esa condición hay que agregar un nuevo elemento de descomposición en la zona fronteriza, pues el narcotráfico mexicano ha decidido dar un salto hacia tácticas terroristas mediante el empleo planificado de artefactos explosivos improvisados, activados a control remoto contra policías y soldados, justo como lo hacen las resistencias afgana e iraquí.

La movilización militar estadunidense acompaña, de hecho, al propio despliegue militar mexicano. Aunque ambas operaciones, en apariencia, no están coordinadas, forman parte de las conversaciones e intercambio de información entre los mandos militares regionales de ambos países. Los protocolos binacionales indican que cada vez que las tropas de un país se aproximan a la zona limítrofe, el mando militar del país vecino tiene que ser informado.

Los nuevos esquemas de cooperación militar cuentan ahora con los mecanismos posibilitados por la experiencia del , el órgano de operación militar creado a partir de los ataques del 11 de septiembre, en el que ya participan representantes de las Fuerzas Armadas mexicanas. Además de la participación de la Armada de México en ejercicios militares antiterroristas, México está desplegando unidades de Infantería de Marina que se desplazan desde los litorales hacia las ciudades en tierra firme consideradas territorio controlado por el narcotráfico.

Esta etapa de militarización está culminando en realidad una estrategia progresiva que lleva décadas. En los últimos 25 años, México ha concentrado el grueso de su caballería mecanizada en la frontera Norte, ha aumentado una zona militar más en una nueva distribución territorial de tropas y ha dispuesto la movilización diaria de miles de soldados que acuden de otras regiones del país.

Ambos países deberán evaluar hacia dónde se dirige esa concentración de recursos militares en la franja fronteriza. Para todos es evidente que la violencia empeora a pesar de esa presencia militar masiva y que la industria del narcotráfico ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones de operación que han vuelto más difícil el paso de cientos de toneladas de cocaína y otras drogas que entran a Estados Unidos cada año.

¿Por qué entonces mantener ese enorme despliegue de recursos militares? De lo que se trata no es precisamente de detener el flujo de drogas, aunque ése sea uno de los resultados parciales del esfuerzo militar, sino de recuperar el control territorial que ha perdido el Estado mexicano. Con el asesinato o respaldo a candidatos, la matanza selectiva de mandos policiales y militares, la imposición de zonas de silencio de los medios de comunicación, y el cobro de impuestos a todas aquellas actividades delictivas o no reguladas por el gobierno, el crimen organizado se ha convertido en una autoridad de facto en diversas regiones de la frontera.

Esta situación ha sido analizada ya en los centros de investigación militar estadunidenses. Los analistas militares tanto del Ejército como de la Guardia Nacional han brindado un respaldo conceptual a la política de añadir más recursos castrenses a la zona fronteriza. Primero lanzaron la noción de territorios de ingobernabilidad controlados por el crimen organizado en la franja fronteriza mexicana, después compararon a México con algunos de los Estados fallidos que han sucumbido ante bandas criminales y terroristas, y luego calificaron como bolsones territoriales bajo control del crimen organizado a más de 200 áreas del país.

Estados Unidos mantiene sus planes de contingencia militar en caso de que lleguen a cumplirse los escenarios extremos en México, pero no adoptará ninguna intervención militar directa si el gobierno mexicano logra mantener la estabilidad y muestra avances en la recuperación de territorios perdidos.

Desafortunadamente, eso no está demostrado aún. La política contra el narcotráfico del gobierno del presidente Felipe Calderón sigue siendo ineficaz, vacilante y ha permitido un aumento masivo de la violencia con el argumento de que eso es una muestra de victoria y un estertor de bandas del narcotráfico arrinconadas ante la ofensiva gubernamental. Nada más lejos de la realidad.

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*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

Contralínea 196 / 22 de Agosto de 2010