En una fotografía que circula en redes sociales se ve al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, rodeado de 19 gobernadores priístas. Todos se ven felices, triunfadores, dueños del poder y la confianza de sus gobernados; sin embargo, nueve de ellos ahora están presos, prófugos o son sujetos a procesos penales por delitos de corrupción, abuso de poder, peculado, y más de uno por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

De los otros 10 gobernadores que al parecer no tienen problemas con la justicia, por lo menos hasta ahora, lo más seguro es que fueran protegidos por sus predecesores o algunos de ellos aún se mantienen en el poder; de tal manera que la cifra de gobernadores priístas corruptos que desfalcaron las arcas públicas, sin duda alguna, es mayor. Sólo hace falta que alguien los investigue y seguramente nadie se salvaría de la prisión.

Pero estos hechos deleznables, que agravian a toda la sociedad, parecen ser algo insignificante para el partido en el poder (el Revolucionario Institucional), para sus dirigentes (Enrique Ochoa Reza) y para nuestros gobernantes, porque esa exhibición de corrupción es utilizada ahora como una estrategia de campaña ante los próximos comicios electorales del Estado de México, al asegurar que las autoridades federales cuentan con órganos efectivos de impartición de justicia para llevar a prisión a políticos y funcionarios que delinquen.

Sólo cinismo e impunidad es lo que podemos ver en esta estrategia electoral priísta que aspira a ganar este año el gobierno del Estado de México y el próximo, retener la Presidencia de la República.

Ahora son dos exgobernadores capturados: uno de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Italia; y el otro de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala. Ambos denunciados oportunamente en los informes anuales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de vigilancia y control del Congreso, pero que ninguna autoridad les hace caso, porque de lo contrario la mayoría de los mandatarios sería denunciado por corrupción.

Son precisamente esos informes de la ASF los que alertaron desde el primer año de gobierno, hasta el último de su gestión, de las corruptelas e irregularidades administrativas del veracruzano Javier Duarte, en contra de quien había denuncias penales, pero los titulares de la Procuraduría General de la República solaparon sus fechorías.

Cada año la ASF dio cuenta sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en el gobierno del veracruzano Duarte, sin que nada pasara porque tenía la complacencia y complicidad presidencial, en donde la corrupción acompañada de la impunidad son la fórmula perfecta para que los servidores públicos sigan robándose el dinero de los mexicanos sin enfrentar consecuencia alguna.

Los constantes abusos cometidos en Veracruz, no sólo por Javier Duarte sino por todos sus predecesores, han llevado al estado a enfrentar deudas públicas impagables y han comprometido los presupuestos por muchos sexenios,  mientras que el saqueo de las finanzas públicas continúa y siguen los desvíos de recursos federales y locales. Con ese dinero han abultado sus cuentas bancarias en el extranjero, han despilfarrado los fondos públicos y han servido también para financiar campañas electorales locales y federales. El resultado es un enorme daño a la estructura social y la estabilidad económica de los veracruzanos.

Cada año la administración del gobierno de Veracruz aparece en los primeros lugares de los estados más observados por la ASF por las corruptelas que ahí se cometen. A lo anterior se agrega la violencia extrema que ubica a ese estado como uno de los más peligrosos para la población, en donde los periodistas también han sufrido las consecuencias.

Por ejemplo, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2012, cuando Javier Duarte era gobernador, la ASF descubrió graves irregularidades en el manejo de las finanzas, al punto que ese gobierno presentó el mayor número de observaciones a su ejercicio por un monto de 13 mil 187.5 millones. Dicha cantidad representó el 20.4 por ciento de todo el dinero en el rubro de gasto federalizado que tuvo inconsistencias.

Javier Duarte fue acusado desde 2012 por corrupción ante la Procuraduría General de la República y también fue investigado por la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera, pero ningún proceso penal se concretó, hasta que llegó la alternancia y el panista Miguel Ángel Yunes ganó la gubernatura, lo que impidió al gobierno de Peña Nieto que  siguiera solapando tal impunidad y ahora lo vemos esposado, con una cara de loco, en una prisión guatemalteca.

Mientras Duarte enfrenta ese proceso penal, su esposa, hijos y otros familiares viajan en aviones privados por todo el mundo, seguramente pagados con dinero público, sin que las autoridades federales (PGR) hagan algo para detener ese gasto desmedido.

Durante 2013 y 2014, el gobierno de Veracruz incurrió en un desvío millonario de recursos federales, según la misma ASF y de acuerdo con el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, cuya corrupción ascendió a 11 mil 400 millones de pesos.

En total, más de 47 mil millones de pesos le fueron entregados a la entidad para solventar carencias en los rubros de salud, educación, infraestructura y seguridad pública. No obstante, tras una minuciosa revisión del manejo y destino de los recursos, el órgano fiscalizador detectó irregularidades en las 44 auditorías realizadas a la administración de Javier Duarte de Ochoa, por lo que procedió a emitir un pliego de observaciones y recomendaciones e inició la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. Al final nada ocurrió.

Con el fin de solventar esos señalamientos, funcionarios del gobierno estatal durante la gestión de Duarte realizaron movimientos bancarios simulando la reintegración de los fondos federales y después retiraron los recursos y los depositaron en cuentas distintas, sin que se pudiera acreditar su destino final.

Por esos hechos, en 2014 la ASF inició 15 denuncias penales ante la PGR, que involucraron al menos a 29 funcionarios y exfuncionarios, pero seguro de la impunidad que le rodeaba y la complicidad presidencial, Javier Duarte aseguró que se habían sobreseído esas 15 denuncias penales contra su gobierno.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2015, la ASF descubrió más irregularidades en la administración del gobierno que rebasan los 10 mil millones de pesos, pero ante esto tampoco hubo culpables.

Ahora en su detención por autoridades guatemaltecas, en las imágenes del proceso se ve a Javier Duarte feliz, sonriente, despreocupado y seguro de sí mismo, lo que augura más complicidad del gobierno federal. Habrá que esperar a ver qué ocurre.

Contralínea 536 / del 24 al 30 de Abril 2017