El juez federal octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, se extralimitó al imponer una censura previa al presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se violan los derechos humanos a la libre expresión y a la información, acusó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
En la conferencia presidencial, expuso que el juzgador se está extralimitando en sus facultades. “Y no sólo eso, sino que aprovechándose de un [juicio de] amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no sólo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. Y, por supuesto, afecta con ello a la democracia”.
La funcionaria detalló que Santos Pérez concedió ayer, 7 de agosto, a la senadora y precandidata a la Presidencia Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que ordena al presidente: “abstenerse de realizar manifestaciones y –entre comillas ponemos– con ‘malicia efectiva’ en las señales y redes sociales oficiales”. Ello, derivado de un amparo promovido por Gálvez el 18 de julio, tras la publicación en la conferencia mañanera del tema de sus empresas e ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos.
Alcalde Luján detalló que la medida también ordena a Andrés Manuel López Obrador: “abstenerse de transmitir –nuevamente con comillas– ‘cualquier discurso de odio hacia la quejosa’, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan”. Al respecto, indicó que el juzgador se refería a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio.
Aunado a ello, acusó que el mismo juez ordenó a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial”.
Juez por consigna
La secretaria Luisa María Alcalde señaló que ésta no es la primera vez que el juez de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, actúa de esta manera, pues ha suspendido incluso políticas sanitarias del actual gobierno.
“Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También, suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También, suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También, otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y, también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra”.
En ese mismo contexto, la titular de Gobernación señaló que Xóchitl Gálvez, “es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo, está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente; está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Mont [exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón], Lía Limón, entre otras consejeras y consejeros”.
Finalmente, dijo, desde el gobierno federal se presentarán los recursos necesarios de impugnación. “Pero sí hacemos pública nuestra preocupación de que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo, a través de este amparo, silenciar al presidente de México”.
