Juicio político al Estado

Desde 1988, y gracias a los esfuerzos del siempre dinámico Luis Sánchez Aguilar, fundador del primer Partido Social Demócrata, se realizaron juicios políticos ciudadanos en el país. No hay que olvidar que en aquellas elecciones sucias, Luis, quien venía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, presidida entonces por Roberto Guajardo Suárez, había filmado y con un micrófono sensible escuchado cómo Manuel Bartlett, por aquellos años secretario de Gobernación, ordenaba a sus subordinados electorales no seguir adelante con el recuento de votos, ya que favorecía a Cuauhtémoc Cárdenas.

Tiempos entonces donde la intelectualidad, si bien apoyaba al candidato del Frente Democrático Nacional, tenía miedo de presentarse en el Zócalo y señalar que había existido fraude.

Luego Sánchez Aguilar continuó sus bienaventuradas andanzas hasta que en un accidente raro de carretera, regresando de Acapulco, falleció. Nos sigue haciendo mucha falta.

Regreso el domingo 29 de mayo de 2011 a esa plancha donde los estudiantes de 1968 marcharon contra Díaz Ordaz o el Zócalo se tiñó de rojo, según un libro de Rogelio Hernández y Roberto Rock, a propósito de la campaña presidencial de Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del Partido Comunista Mexicano.

El calor es agobiante. Pero la asistencia, sobre todo los que están arriba, más nutrida respecto de ocasiones anteriores –claro, hablando de juicios políticos–. Ahora se trata del acto ciudadano contra el Estado por la tragedia del incendio de la guardería ABC, ocurrida el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

Cuando llego, habla el doctor en derecho constitucional Daniel Márquez, el defensor. Señala que no hay elementos suficientes para llevar a juicio nacional e internacional lo que proponen los promoventes. Hay silbidos de algunos y gritos, pero no interrupción.

Toma la palabra (5 minutos) la fiscal, Mónica González Contró, especialista en derechos infantiles y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dando argumentos contundentes acerca de las violaciones y por qué se debe condenar la tragedia. El jurado, en voz de Lorenzo Córdova Vianello, va detallando la serie de omisiones, fallas y situaciones que dieron lugar a que murieran 49 niños y niñas y resultaran lesionados 75 más, varios de éstos con problemas de por vida. El también politólogo es correcto y preciso.

El juez, Emilio Álvarez Icaza, quien ha sido presidente de los derechos humanos en el DF, pide que hablen los testigos de calidad, entre los que está anotado el periodista Álvaro Cepeda Neri, quien ha documentado más que nadie los abusos de Eduardo Bours, el exgobernador de Sonora, y responsable cuando sucedió el homicidio colectivo.

Toma la palabra Sabina Berman y expresa que estamos ante un Estado que no respeta nada, más bien es un bandido contra la población. Se le nota con problemas de salud, pero termina su alocución.

Sigue en el orden Denisse Dresser. Comienza con una cita estadunidense cuando alguien reclama a Joseph Mc Carthy, el famoso anticomunista que persiguió a media humanidad, que no tenía decencia. Y hace una metáfora acerca de Juan Molinar Horcasitas, politólogo como ella, para determinar que hay diferencias en la vida.

Cierra esta ronda el activista Eduardo Gallo, quien ha luchado durante años por la justicia. Plantea que dicha prenda tan necesaria para la vida ciudadana está ausente en la actualidad. Y más en este caso.

Escuchan, muy atentos, Javier Sicilia, Miguel Carbonell y Sergio Aguayo, entre otros.

Se condena, dice la sentencia, al Poder Ejecutivo por sus responsabilidades que le caben a la Presidencia; la Procuraduría General de la República; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Poder Judicial, por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas y establecer el peligrosísimo criterio que los niños y las niñas no son sujetos de derecho; al Poder Legislativo, por no legislar para proteger los derechos de infantes y en particular a la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar esos derechos, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la negligencia y desatención de las víctimas y por no ejercer sus atribuciones para la defensa y la protección de los damnificados.

A pesar de que muchos pedían cárcel para los responsables, entre ellos Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, se les sentenció a un trabajo comunitario de un mes por cada dañado por esta irresponsabilidad.

Por cierto, una de las dueñas de la guardería de la muerte, las cuales se exige ya no estén subrogadas, es Marcia Matilde Gómez del Campo, sobrina de la esposa de Eduardo Bours, y prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

Asimismo se acordó atender de manera integral la afectación al plan de vida las familias perjudicadas, que se construya un memorial donde están las instalaciones de la guardería ABC, que el 5 de junio sea de luto nacional y que en la Constitución quede claramente establecido cuáles son los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.

Se trató de un ejercicio de la gente en un país donde la impunidad es la norma: el 98 por ciento de los delitos no se castigan. Más todavía cuando se trata de abusos y/o crímenes de los poderosos, algo tan común que en lugar de hacerse costumbre debe alertarse por todos los medios. Y el reciente encuentro para aglutinar a la sociedad es importante. Máxime si hay en puerta la reunión del 10 de junio en Ciudad Juárez.

Dice Stéphane Hessel, el autor del libro Indignados (El País Semanal, 1809), que es hoy el catecismo de muchos jóvenes en el mundo, los cuales protestan contra el sistema que nos oprime económicamente y posibilita que la grilla la ejerzan unos cuantos: “La rabia y la indiferencia no nos llevan a ninguna parte”. Y agrega: “La ira no conduce a ninguna parte, debe ir seguida del compromiso”.

No darse por vencido es la receta. Vayamos adelante.

*Periodista