Obstinados en defender lo indefendible, el presidente Felipe Calderón y sus funcionarios se encuentran contra las cuerdas en el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha calificado de corrupta e inoperante y, prácticamente, en quiebra.
Ahora sucede que la “empresa de clase mundial” tuvo pérdidas al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos en contrasentido de sus famélicas utilidades que apenas alcanzaron los 809 millones. Sus pasivos totales llegan casi a 600 mil millones de pesos.
Aunado a este sombrío panorama financiero hay que sumar el altísimo costo social que ha traído el ilegal y arbitrario cobro “estimado” que se ha hecho a millones de usuarios, no sólo de la zona centro sino de todo el país, ocasionándoles considerables quebrantos en su economía familiar, al ponerlos en la encrucijada de optar por comer o pagar la luz.
La tesis oficial de que con el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) habría cobros más justos, un servicio más eficiente y considerables ahorros al erario nacional, se ha desmoronado en el atril de los discursos y buenos deseos calderonistas.
En el escenario real todo está peor que antes: la ASF comprobó que por lo menos a 47 por ciento de los usuarios del Valle de México (antes atendidos por LFC) se les ha hecho cobros “estimados” del consumo eléctrico, por lo que sus recibos, antes de cientos de pesos a pagar, se dispararon a miles. Si se considera que hay aproximadamente 6 millones y medio de clientes en este rango de error de la CFE, son más de 3 millones los afectados.
A esta calamidad administrativa hay que sumarle la nula capacidad de respuesta de la CFE para atender las quejas de usuarios, ya no digamos por la inconformidad justificada en el ilegal cobro en los recibos, sino en la atención a las fallas constantes en el servicio; a diario siguen volando mufas en el Centro Histórico; es común escuchar en noticieros de radio las quejas de la gente, porque se les deja sin luz por días; o nada dicen los altos funcionarios de la Comisión ni de la Secretaría de Energía sobre el robo que se han hecho del cableado de cobre, sustituido por el de aluminio (pésimo conductor de energía eléctrica) y que imposibilita la transmisión de voz, datos e imagen a través de la fibra óptica.
La opacidad y corrupción con que se sigue manejando la CFE son tabúes para la administración de Calderón. Y la consecuencia directa de esto es la atención pésima que dan a usuarios las empresas contratistas favoritas de los funcionarios corruptos, como el exdirector operativo Néstor Moreno Díaz, que al igual que muchos otros prevaricadores se hicieron millonarios sin ser llamados a cuentas por la justicia.
Del lado sindical, la complicidad también tiene fuertes nexos de “hermandad” con funcionarios de la CFE. Por muchos años, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez (director de operaciones de la CFE hasta abril de 2007) fueron los que palomearon licitaciones y contratos en la paraestatal, con la anuencia de su jefe, Alfredo Elías Ayub. Hernández Álvarez fue por un largo tiempo el hombre de confianza del exdirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera. En 2007 Hernández se jubiló y cedió los bártulos de los negocios a Moreno Díaz. Con la llegada al relevo del SUTERM de Víctor Fuentes del Villar, nada cambió y, por el contrario, las empresas contratistas han operado a sus anchas (sobre todo tras el cierre de LFC) con la aprobación del líder que a cambio se lleva un porcentaje de manos de funcionarios de la CFE: el famoso 2 por ciento de la cláusula por desplazamiento laboral, sin importrle con esto lesionar la materia de trabajo de sus agremiados.
Cuando los medios cuestionan al presidente y al director de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, sobre los altos cobros que enfrentan los usuarios y la situación financiera de la empresa, echan mano de las más absurdas galimatías; de acuerdo con Calderón, si bien la población “paga mucho”, lo que debe hacer es disminuir su consumo “para ayudar a bajar el subsidio que paga el gobierno”. Para él si usted, yo o cualquier persona tiene un enfermo en casa que requiere un equipo de diálisis o un respirador, debe de bajar su consumo, claro, a cuenta y riesgo de que el enfermo se muera. Ya el irresponsable superintendente de la CFE (José Bernal Segura) le cortó la luz al hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche, lo que ocasionó como “daño colateral” la muerte de un bebé (hijo de Keneth Cervera y Rosario Caamal). ¿Qué acaso no es la electricidad un derecho constitucional de todo mexicano?
Pero del lado de Vivanco también se cuecen las habas y castañas de la contradicción: de acuerdo con el director de la CFE, ésta goza de una oronda “robustez financiera”. Y ni qué decir sobre lo cobros excesivos, que a su parecer son debido a que “se está cobrando donde antes no se cobraba”. Y, “hay una mejor medición; ahora estás pagando lo que consumes”. ¿Y entonces por qué los cobros estimados?, ¿acaso millones de consumidores están equivocados o no pagaban?
Las millonarias pérdidas de la paraestatal a su cargo, también pasan para Vivanco Casamadrid como el día y la noche: de forma natural. Seguramente imagina que las cifras adversas son parte de ataques ficticios de los enemigos del Partido Acción Nacional, que quieren hacer quedar mal a la “empresa de clase mundial”, prácticamente en la quiebra, justo a donde la han llevado funcionarios corruptos como Elías Ayub, quien sueña con retornar a su cargo, de ganar Enrique Peña Nieto la Presidencia, no por algo su maestro y protector fue por años el exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González, nada menos que tío del candidato puntero a Los Pinos.
Y otro responsable que debería ser investigado por la ASF es el exdirector de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, a quien pusiera al frente de la entidad Calderón, y que a la par de Elías Ayub también implantó una red de corrupción con sus funcionarios, ahora se sabe que con el fin de dar la puntilla a la paraestatal y de paso tratar de acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que a dos años y cuatro meses del ilegal decreto de extinción –que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores–, sigue de pie dando la lucha al lado del pueblo de México y, por supuesto, de los millones de usuarios indignados en todo el país.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
