Primera parte. La derecha utiliza un manto religioso para esconder su afán de dominio, saqueo y explotación de las personas, así como la devastación de la naturaleza. Encubre sus intereses mezquinos con un discurso en el que afirma que pretende establecer el Reino de Dios en la Tierra.
Busca evangelizar y utilizar las instituciones, en primer lugar las educativas, para conquistar las almas bajo la supuesta intención de reconocer a Cristo Rey como Señor de la historia. Aparenta buscar su reinado espiritual cuando, en realidad, pretende imponer el lucro y el poder terrenal de las élites sobre el resto de la población, así como el dominio del Imperio sobre los pueblos sometidos.
Actualmente, líderes de derecha en todo el mundo invocan a Dios para imponer su agenda imperialista y violenta. Entre ellos está Donald Trump, quien se ha presentado como “el elegido” y defiende las raíces “judeocristianas” de Estados Unidos.
A ese discurso se suma la expresión one nation under God –“una nación bajo Dios”– del juramento de lealtad a la bandera estadunidense. El juramento se publicó por primera vez en 1892, en el marco de las conmemoraciones por los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América; la frase “bajo Dios” se incorporó hasta 1954.
Los líderes reaccionarios de América Latina recurren a la misma retórica. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dicho que pondría a Dios “en el centro de cada decisión” y ha exclamado “¡Viva Cristo Rey!”.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, también incluyó una oración al concluir su discurso de toma de posesión. Ambos llegaron al poder con el respaldo de Donald Trump y en medio de cuestionamientos electorales.
El presidente de Chile, el pinochetista José Antonio Kast, exclamó: “Nada sería posible si no tuviéramos a Dios”. En Argentina, el mandatario Javier Milei sostiene que el capitalismo de libre empresa fue preparado por la divinidad y vincula sus condiciones de funcionamiento con los Diez Mandamientos.
En México, la ultraderecha comparte esa forma de hacer política. Los grupos y personas que la representan hacen alarde de su religiosidad y mencionan a Dios de manera recurrente en su discurso.
Para ellos, las creencias religiosas no son un asunto privado, sino el eje de su ideología, su propuesta de Estado y su oposición a las agendas progresistas. Bajo el lema “Dios, Patria y Familia”, buscan convertir la fe en la base moral de la identidad nacional y de la estructura social. Colocan en el centro el modelo de familia tradicional, al que consideran el núcleo que debe protegerse, mientras niegan derechos sociales y colectivos.
La ultraderecha religiosa en nuestro país pretende revertir los avances sociales y alinearse con los gobiernos proimperialistas y oligárquicos que ya predominan en América Latina y el Caribe. De cara al futuro, es importante analizar lo que históricamente ha significado en México para impedir que avance en coyunturas propicias.
Estos grupos se oponen a la separación entre la Iglesia y el Estado, consolidada con las Leyes de Reforma. Entre sus antecedentes está el levantamiento cristero de la tercera década del siglo XX. Tras el fin de la lucha armada surgió la Unión Nacional Sinarquista.
La derecha católica también desarrolló organizaciones en el ámbito universitario: Los Tecos en Guadalajara; la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) y, posteriormente, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) en la Universidad Nacional Autónoma de México; y El Yunque en Puebla.
Algunas de esas organizaciones recurrieron a la violencia y participaron en enfrentamientos que dejaron víctimas. El Partido Acción Nacional (PAN) se nutrió de cuadros provenientes de sectores de la derecha religiosa.
Aunque actuó formalmente dentro del marco legal y mantuvo una fachada laica, la influencia de esa corriente se advierte en su programa, su propaganda y sus alianzas. Su relación con organizaciones de la derecha religiosa se hizo especialmente visible durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La derecha religiosa busca imponer su fe y su visión del mundo desde las estructuras gubernamentales. En las últimas décadas hemos visto cómo gobernantes panistas actúan públicamente como militantes católicos.
Recordemos el caso del exgobernador de Jalisco Emilio González Márquez, quien en marzo de 2008 anunció un donativo de 90 millones de pesos del erario para construir el Santuario de los Mártires en el cerro del Tesoro, en Tlaquepaque. La primera entrega, de 30 millones, fue devuelta meses después ante las protestas.
Recordemos, también, que en 2000 el papa Juan Pablo II canonizó a 25 mártires mexicanos vinculados con el conflicto cristero. Después, el 20 de noviembre de 2005, 13 mexicanos fueron beatificados durante el pontificado de Benedicto XVI. Entre ellos estaba Anacleto González Flores, integrante de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y fundador de la Unión Popular en Jalisco.
En enero de 1927, la Unión Popular se sumó a la resistencia contra el gobierno de Plutarco Elías Calles y terminó por apoyar la lucha armada. La guerra causó por lo menos 70 mil muertos, hasta que en junio de 1929 se concretaron los “arreglos” entre la alta jerarquía de la Iglesia y el gobierno, que evidenciaron la participación eclesiástica en el conflicto.
Desde 2005, la Iglesia conmemora a los beatificados cada 20 de noviembre, fecha en que México recuerda el inicio de la Revolución mexicana. De ese proceso surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a cuyas disposiciones se opusieron sectores de la Iglesia y del movimiento cristero.
De igual manera, fue escandalosa la intervención abierta del papa Benedicto XVI contra la propuesta para despenalizar el aborto en el entonces Distrito Federal. En abril de 2007, mientras la Asamblea Legislativa aún la discutía, el pontífice expresó su oposición mediante una carta a los obispos mexicanos.
Dio así continuidad a la intervención del Vaticano en decisiones legislativas tomadas por representantes populares dentro del ámbito del gobierno que la propia Iglesia llama “terrenal”: la alta jerarquía eclesiástica promovió movilizaciones contra esa reforma.
Mientras el Vaticano se pronunciaba abiertamente sobre la política de nuestro país, algunos legisladores planteaban que los sacerdotes pudieran ser electos para cargos públicos. Pasaban por alto la obediencia que el clero debe al papa y a sus superiores eclesiásticos, una relación con profundas consecuencias para la separación entre la Iglesia y el Estado.
El mensaje de Benedicto XVI obliga a recordar otras intervenciones papales en torno a la legislación mexicana. Pío IX se opuso a las primeras Leyes de Reforma y, el 15 de diciembre de 1856, condenó el proyecto de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, antes de su promulgación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 recibió la descalificación del Episcopado mexicano, al que respaldó el papa Benedicto XV.
Años después, el gobierno de Plutarco Elías Calles promulgó la llamada Ley Calles, que endureció la aplicación de las disposiciones constitucionales sobre el culto religioso. El papa Pío XI la condenó en una encíclica publicada cuando el conflicto cristero ya había comenzado.
Es conveniente analizar la situación actual a la luz de estos antecedentes y remontarnos a las primeras intervenciones papales en nuestras tierras, desde el siglo XVI. De entonces a la fecha se advierte una línea de continuidad: la defensa de los intereses más conservadores y de los privilegios de extranjeros frente a la población local.
Los intereses de los conservadores tienen su origen en la invasión europea, que se apoderó violentamente de las tierras, esclavizó y sometió a los pueblos indígenas originarios.
En 1493, el papa Alejandro VI emitió las llamadas Bulas Alejandrinas, mediante las cuales concedió a los reyes de Castilla derechos sobre los territorios descubiertos y por descubrir, y trazó una línea de demarcación frente a las pretensiones de Portugal.
Los invasores españoles invocaron esa concesión para justificar la ocupación de territorios que ya tenían dueños. De esta forma, usaron la religión para imponer sus intereses terrenales y establecer el régimen colonial.
Alejandro VI era Rodrigo Borgia, miembro de una familia célebre por sus intrigas y por el poder que acumuló durante su pontificado. Tuvo hijos con distintas mujeres y favoreció a varios de ellos al llegar al papado. Entre los más conocidos están César y Lucrecia. A esta última le confió la administración del palacio papal durante algunas de sus ausencias y concertó sus tres matrimonios conforme a los intereses políticos de la familia.
Hernán Cortés emprendió la conquista sin autorización directa de la Corona. Diego Velázquez y Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos e influyente funcionario en los asuntos de Indias, se opusieron a él.
El conquistador también enfrentó acusaciones relacionadas con las muertes de Francisco de Garay y del juez Luis Ponce de León, enviado a investigarlo. La muerte de su esposa, Catalina Juárez, en Coyoacán dio lugar a otra acusación en su contra.
Carlos V recibía constantes envíos de oro, pero demoró el nombramiento de Cortés. Según Bernal Díaz del Castillo, Adriano, quien había intervenido en el asunto como regente de Castilla antes de convertirse en papa, favoreció las gestiones de los representantes del conquistador. Finalmente, el rey nombró al colonialista gobernador y capitán general de la Nueva España en 1522.
Fue hasta 1537 cuando el papa Pablo III, mecenas de Miguel Ángel y fundador de la Inquisición romana en 1542, declaró en la bula Sublimis Deus que los pueblos indígenas no debían ser privados de su libertad ni de sus bienes, y que no podían ser reducidos a la esclavitud.
“El bien común” al que se refería Cortés no incluía a las naciones indígenas originarias: para los invasores europeos eran objeto de saqueo y explotación. El PAN siempre ha sido abiertamente hispanista y promotor de esa premisa. Siglos después, el gobierno de Felipe Calderón buscó el “bien común· de las trasnacionales españolas, como Repsol, y de las estadunidenses.
Durante la época borbónica, Felipe V, primer rey de esa dinastía en España, disputó con Roma las atribuciones de la Corona frente a la autoridad papal. Tras años de tensiones, ambos poderes firmaron un concordato en 1737, durante el pontificado de Clemente XII.
En 1808, el Ayuntamiento de la Ciudad de México sostuvo que, ante la ausencia del monarca, la soberanía debía volver al pueblo. Dos años después estalló la lucha por la Independencia. La alta jerarquía eclesiástica condenó el levantamiento insurgente y defendió el poder colonial. En cambio, integrantes del bajo clero, ligados al pueblo y a su causa, participaron en la lucha y promovieron los intereses nacionales y populares.
Tras la consumación de la Independencia de México, el papa Pío VII no reconoció al nuevo Estado. En 1824, León XII dirigió a los obispos de la América antes sujeta a España una carta en la que exaltaba a Fernando VII y defendía la lealtad a la monarquía española.
Pío VIII mantuvo la negativa a nombrar obispos residenciales en México. Fue su sucesor, Gregorio XVI, quien los nombró en 1831 y reconoció formalmente la independencia mexicana en 1836, antes de que España hiciera lo mismo (Continuará).
Pablo Moctezuma Barragán*
*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
