La destrucción del Estado laico

El 15 de diciembre de 2011, diputados del derechista Partido Acción Nacional (PAN), junto con políticos oportunistas del Partido Revolucionario ­Institucional (PRI), y del ala de los Chuchos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propinaron un golpe demoledor al Estado laico al aprobar una modificación al Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para implantar la llamada “libertad de religión”.

Tradicionalmente la “libertad religiosa” ha sido una consigna de la jerarquía católica, que la entiende en el sentido de permitir, sin restricción alguna la injerencia del clero en la vida pública y en las instituciones, que incluye no sólo la celebración de actos de culto fuera de los templos y la posesión de medios electrónicos sino la educación religiosa en las escuelas públicas, la intervención clerical en el Ejército, etcétera.

No se trata de la libertad de cultos, que gracias a la Reforma Liberal del siglo XIX ha existido en México y a la cual reiteradamente se opuso la jerarquía católica, sino de promover la hegemonía clerical, de tal suerte que a principios del siglo XX los cristeros, enemigos del protestantismo y de la libertad de pensamiento, usaban el membrete de Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y se decían partidarios de instaurar en México el “reinado de Cristo Rey”, es decir, un gobierno confesional.

En su versión original, el artículo 24 indica: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones, actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

“El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

“Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

En la versión aprobada por los diputados, y que todavía debe ser avalada por el Senado y por los congresos locales, se señala:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

Se mantienen iguales los párrafos segundo y tercero (véase el desplegado publicado por el grupo parlamentario del PRI el 17 de diciembre de 2011 en El Universal).

Esa reforma no obedeció a un clamor popular, sino a los designios políticos de la jerarquía católica, en el contexto de las próximas elecciones y de la anunciada visita del papa Joseph Ratzinger a México a principios de año.

Con todo, el texto aprobado no es exactamente el que deseaban la jerarquía católica y sus secuaces de la clase política, pues en la exposición de motivos de dicha reforma se proponía garantizar el “derecho” a la enseñanza religiosa en el ámbito público, así como la interpretación de conceptos como “libertad de religión” y “libertad de conciencia” conforme a las expectativas de la jerarquía católica.

Esas nociones se pueden entender de diferentes formas y, en particular, las de libertad de conciencia y de “convicciones éticas” bien pueden proporcionar  un aval para las libertades como la de las preferencias sexuales o familiares, el aborto, o incluso para el consumo de drogas, que finalmente descansan en un asunto de conciencia.

A pesar de esos candados que podrían atemperar los excesos conservadores y clericales, hizo falta incorporar explícitamente en el artículo 24 la libertad de no tener creencias religiosas, pues insidiosamente la nueva versión de la ley se afana en proteger los supuestos derechos de las iglesias, y en términos reales los del clero católico, sin tutelar los de los no creyentes.

En esa omisión y en sus demás aspectos, la mencionada exposición de motivos retoma la retórica clerical contra el Estado laico, lo que muestra así la alarmante sumisión de muchos políticos de hoy, siempre convenencieros, hacia el clero católico.

En el documento, que parecería redactado (o asesorado) por algún obispo o militante católico, se rechaza tajantemente, calificándola de “anticlerical”, toda limitación a la injerencia del clero en la vida pública, y se retoma del discurso clerical el rechazo de un supuesto “estado ateo”, que por carecer de creencias o simpatías religiosas, sería neutral frente a las diferentes iglesias.

En ese texto se hace referencia a otros países como ejemplos que supuestamente México debiera imitar. Se cita el caso de Perú, como ejemplo de “libertad religiosa”; una nación que contempla todavía un totalitarismo católico, donde el clero goza de privilegios y subvenciones que se niegan a las demás iglesias. En los países de América Latina, salvo excepciones, y casos como los de Bolivia y Venezuela, que en los últimos años se han liberado un poco de la tiranía clerical, todavía subsisten situaciones como la de Costa Rica, donde la religión católica es oficial, según el artículo 75 de su Constitución; desde luego, la jerarquía sí está a gusto con ello; en esa nación no se pronuncia por la “libertad religiosa”, sino que por el contrario, exige respeto a su influencia y privilegios avalados por la ley.

Entre éstos se cuentan, en naciones donde no ha habido una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia, la intromisión de éésta en la educación pública y en el Ejército, así como en las demás instituciones, y desde luego, con salarios y subvenciones provenientes del erario. A eso le llaman el clero y sus aliados la “libertad religiosa”.

En el documento aludido se elogian las reformas que en 1991 y 1992 abrieron las puertas a la injerencia clerical en la política nacional, y que fueron promovidas por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari como una estrategia para legitimar su gobierno después del fraude electoral de 1988.

La reforma al Artículo 24 se realizó de manera apresurada, a la par que vergonzante: conscientes del daño que estaban haciendo a la sociedad mexicana, los políticos que la promovieron quisieron que el asunto pasara desapercibido ante la opinión pública, y la mayoría de los diarios nacionales, con excepción de La Jornada, prefirieron pasar por alto el penoso asunto y concentrarse en temas como el del narcotráfico (asunto preferido del gobierno ilegítimo y derechista de Felipe Calderón).

Si para los panistas la destrucción del Estado laico ha sido un objetivo prioritario desde los orígenes de ese partido, siempre afín al clero, los priístas traicionaron su propia historia con tal de congraciarse con la Iglesia para no enfrentar su oposición en las elecciones presidenciales de 2012.

Más indignante todavía resulta la falta de ética y sentido cívico de los llamados Chuchos, quienes de acuerdo con la versión publicada el 16 de diciembre de 2011, por ese diario, se prestaron a respaldar los intereses del clero “a cambio de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, por un periodo de cuatro meses. Vendieron las libertades y el bienestar de todos, a cambio de cualquier cosa en beneficio de ellos: el futuro del país por un plato de lentejas.

Los Chuchos festejaron esa victoria contra el Estado laico “con gritos y saltitos de gozo en sus curules”, en un episodio que viene a ser continuación de la vergonzosa aprobación de leyes contra el aborto en muchas entidades de la república, maniobra que han estado consumando priístas y políticos de otros partidos en contubernio con los reaccionarios panistas, y que ha tenido como fruto la feroz persecución judicial de las mujeres que ejercen ese derecho.

Por su parte, el priísta Emilio Chuayffet, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, propició la rápida aprobación de la reforma contraria a la separación entre el estado y la iglesia.

Como era de esperarse, jerarcas católicos y la Secretaría de Gobernación, del gobierno católico de Calderón, se congratularon por la reforma y apenas tres días después de consumada, el 18 de diciembre de 2011, el gobernante espurio asistió a la Basílica a una misa oficiada por Norberto Rivera.

Por si fuera poco, contrariamente al texto del artículo 24 (en sus dos versiones), en el acto mencionado, se hizo propaganda política, de promoción del gobierno derechista, por parte de Rivera y de un hipócrita proselitismo oficialista por parte de Calderón y su esposa, Margarita Zavala.

Justificando la política genocida del gobierno espurio, como si estuviera hablando el propio Calderón en persona, en su homilía Rivera señaló que “al Estado le compete garantizar la seguridad y la gobernabilidad del país, para lo cual tiene leyes coercitivas con las que puede ejercer de forma legítima el poder en busca del bien de la sociedad” (Reforma, 19 de diciembre de 2011), mientras que Zavala enunció una farisaica plegaría para redimir a “los violentos”.

En suma, la ley es letra muerta cuando se trata de aplicarla contra los intereses y deseos de la jerarquía católica.

Sin embargo, contra viento y marea hay personas valientes que todavía defienden el Estado laico con las libertades de éste emanadas. Entre ellas se cuentan los diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y legisladores priístas de Oaxaca, quienes el 15 de diciembre tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados en protesta por la reforma antilaicista; así como gente del pueblo, en especial la señora Julia Klug, que durante años ha protestado en la Catedral de la Ciudad de México contra los abusos del clero.

Paradójicamente, en México una de las organizaciones que más ha luchado en defensa del Estado laico ha sido una asociación religiosa, la Iglesia de la Luz del Mundo, que el día 16 de diciembre difundió un desplegado del que vale la pena citar algunos párrafos:

“Nos preocupa que el pretendido cambio constitucional tenga como trasfondo cumplir las exigencias de la jerarquía católica, quien, enarbolando una sesgada interpretación de la libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios: instrucción religiosa en las escuelas públicas; participación del clero en política electoral; instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; subsidio estatal para sueldos de los ministros de culto, además de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos, entre otros.

“Lamentamos que con dicha propuesta se pretenda sepultar la obra de Benito Juárez y de los hombres de la Reforma, cuyo legado ha contribuido decididamente a fortalecer nuestro régimen de libertades, la educación laica y la cultura de los derechos humanos. Por tanto, las pretensiones clericales a que responde tal reforma van en detrimento del Estado laico y, en consecuencia, afectan las libertades de los grupos religiosos numéricamente minoritarios del país”.

De manera muy pertinente, esa asociación propone “que el Senado de la República culmine el trabajo que iniciara la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, quien aprobó una reforma al artículo 40 de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado, lo que evitaría una virtual regresión a un Estado confesional, y a etapas oscurantistas ya superadas en nuestro país.”

*Filósofo; especialista en estudios acerca de la derecha política en México