La reforma de telecomunicaciones es un
engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.
Desde ese momento la iniciativa es adornada con toda clase de florituras. Gustavo Madero la califica de “histórica, integral, vanguardista”. César Camacho, de “emblemática, reivindicatoria, histórica”. Jesús Zambrano, de “responsable, plural, una verdadera revolución”. Silvano Aureoles y Alberto Villarreal, de “equitativa, justa”. Manlio Fabio Beltrones agrega que “está hecha pensando en beneficiar a México y a los mexicanos”. Arturo Escobar, del partido filial de Televisa-Tv Azteca, agrega que en ella “no hay medias tintas”. Los embelesados miembros del Consejo Rector del Pacto por México dicen que es un “cambio histórico”, un “gran parteaguas”, equivalente a “la caída del muro de Berlín” porque representa el fin de los monopolios en telefonía y televisión.
Tan desaforada es la euforia del coro en los juegos florales de la citada iniciativa que, al observarla, desde su gestación hasta el descarado manoseo de los priístas y sus aliados en el Congreso de la Unión por modificar su contenido, no puedo evitar recordar el famoso cuadro del español Salvador Dalí, pintado en 1929, intitulado El gran masturbador.
La propuesta es fruto de un peculiar diálogo democrático inclusivo de muchas voces: fue cocinada a puerta cerrada por los selectos egregios neoporfiristas de dicho Consejo (algunos expertos, legisladores, empleados de Enrique Peña, dirigentes partidistas) que excluyó a otros especialistas y la sociedad. Fue tal el grado de consenso que alcanzó que, en menos de 72 horas de haberse recibido la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encabezada por el Chucho Julio César Moreno –aclaro a los malpensados: por formar parte de la banda de los Chuchos perredistas que ahora se dedican a hacerle el trabajo sucio a Enrique Peña y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y no porque en algunos lugares se les diga así a los perros–, pensaba enviarse al Pleno para que los veloces y bien cebados levantadedos la aprobaran precipitadamente, con algunos cambios cosméticos. Se esperaba que después hicieran lo mismo los del Senado. Sólo restaba limarse las asperezas reservadas por los partidos políticos para que la iniciativa se convirtiera en ley, la rectoría del Estado doblegara a los poderes fácticos y los usuarios brincaran como enanos de pura felicidad por la “democratización” de las telecomunicaciones y su próximo acceso en manada a los servicios de calidad y a precios “competitivos”.
Entones metió el rabo el diablo Emilio Azcárraga-Televisa, se acabaron las medias tintas y se cayeron las máscaras que ocultaban el espíritu mafioso del PRI y demás mercenarios diputados. Como aventajados fámulos de Azcárraga y encabezados por el mozo de cuadra priísta Héctor Gutiérrez, cínicamente quisieron alterar el contenido del artículo octavo transitorio para beneficiar a su jefe y eliminar el único cambio de la reforma que afectaría al barón ladrón: el must carry, la obligación de la televisión de paga de transmitir las señales de la abierta por medio de sus redes, y el must offer, la obligación de la televisión abierta de permitir que sus señales sean transmitidas por la de paga sin discriminaciones y gratuitamente, con el objeto de afectar a Joaquín Vargas-MVS y Carlos Slim-Dish-Telmex y los dos próximos rivales. También quisieron quitar la asignación directa de uso social. Entonces se generó el estruendo en la granja legislativa.
¿Se insubordinó y dobló la testuz el PRI, o fue el patriarca Peña Nieto?
La simulación democrática del diálogo, el consenso, el interés nacional, la distancia gobierno-oligarquía se fueron a la basura. Se evidenció qué poder despótico avasalla al gobierno autoritario.
Antes del trabajo sucio del PRI, Javier Corral decía que debía aprobarse la propuesta, aun con sus limitaciones. Sostenía que más vale pájaro en mano que cien volando. Pero el pájaro voló y Slim corre el riesgo de perder las concesiones (Proceso 1899).
Aún en el caso de que fuera el PRI y no Peña quien se arrodillara ante Azcárraga, y que éste restableciera el orden en las hordas priístas y se aprobara la iniciativa, las carnes de la reforma son entecas. Son una farsa. Sus supuestos beneficios sociales son ambiguos, por no decir inexistentes, al igual que la competencia esperada, el desmantelamiento de los oligopolios de las telecomunicaciones (Televisa, Tv Azteca, Telmex), la mejoría en la calidad en los servicios, los mejores precios, la autonomía del órgano regulatorio frente al Ejecutivo.
Lo único claro es que lleva una dedicatoria personal en contra de Slim (¿cuáles son las razones que explican realmente su caída en desgracia ante los priístas, panistas y otros grupos de poder?); no sólo mantiene intocados los intereses y las prácticas turbias de los oligopolios, sino que Azcárraga y Ricardo Salinas los ampliarán en la telefonía móvil a costa de Slim; creará un monstruo “regulador” legalmente inatacable y sometido al Ejecutivo, y cuyo destino puede ser el mismo que el desacreditado Instituto Federal Electoral, hundido en su estercolero; y la entrega del sector al capital extranjero. El resto son baratijas que obnubilan a los críticos de buena fe que exaltan las baratijas cuantitativas.
Argentina ofrece un claro ejemplo de cómo es posible avanzar en la democracia de las telecomunicaciones, desmontar a los monopolios y ampliar sus beneficios sociales. Algunos de los rasgos de su ley de medios aprobada en 2009 son: 1) es resultado de 5 años de intensa discusión en la que participan especialistas, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y comunitarias y universitarias, entre otros sectores sociales; 2) para impedir la monopolización se dividen los mercados en tres partes iguales: un tercio para el Estado, otro para los organismos sin fines de lucro (universidades, pueblos originarios, etcétera) y el resto para las empresas; 3) limita la participación de la inversión extranjera al 30 por ciento del capital accionario de las empresas privadas; 4) el organismo regulador es integrado por miembros nombrados por el Ejecutivo, (tres) del Congreso (primera, segunda y tercera minorías) y representantes del sector privado, de las entidades sin fines de lucro, de las emisoras de las universidades nacionales, de los medios públicos, de los sindicatos de los trabajadores de la comunicación, de las sociedades gestoras de derechos de autor y de los pueblos originarios; 5) crea una defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual; 6) las licencias son por un periodo de 10 años y pueden renovarse por un plazo similar, pero por medio de subasta pública, y serán revisadas cada 2 años para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario pueda multiplicar sus señales, generando un nuevo modo de concentración; 7) a la televisión abierta se le obliga a emitir un mínimo del 60 por ciento de producción nacional y al menos el 30 por ciento de producción propia que incluya informativos locales. La televisión por cable no satelital tiene que incluir un mínimo de producción local propia en su señal y de las originadas en países del Mercosur (Mercado Común del Sur) y en países latinoamericanos. La radio privada debe emitir un mínimo de 50 por ciento de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales, y el 30 por ciento de la música emitida deberá ser de origen nacional; 8) crea un abono social para la televisión por cable en donde la suscripción es onerosa; 9) regula el tiempo de emisión de publicidad en radio y televisión; 10) la incorporación de nuevas tecnologías y servicios debe garantizar la pluralidad; 11) crea una entidad estatal para impulsar la radio y televisión pública, en la que participa el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad.
La propuesta peñista, en cambio, avanza en sentido contrario:
1) La reforma carece de un sentido social, incluso puede decirse que es antisocial, porque los beneficios esperados (el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, precios, calidad, cobertura, contenidos, pluralidad, libertad de expresión) de los servicios (radio, televisión, telefonía, de datos) seguirán subordinados a la lógica del “mercado”: la competencia, la rentabilidad de los oligopolios y los intereses de sobra conocidos de Azcárraga, Salinas Pliego, Slim, Vargas y demás hombres de presa.
2) La competencia estará determinada por la “democrática” feroz rivalidad, generalmente sucia, de los oligopolios de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, ya que, en los hechos, no serán desmantelados, al definirse ambiguamente como un “agente económico preponderante” (las empresas de Azcárraga y Slim) a los que, directa o indirectamente, su participación en el mercado sea mayor al 50 por ciento, y que supuestamente serán obligados a desmantelarse. La creación de nuevas televisoras de servicio abierto no cambia en nada el panorama y, en el largo plazo, permanecerá la competencia entre oligopolios.
3) La participación extranjera propiciará la trasnacionalización del sector y de la economía. Pero afectará principalmente a telefonía fija (Slim), ya que se abrirá inmediata y totalmente el subsector de telecomunicaciones y comunicación vía satélite. En cambio, en los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable y la telefonía móvil (Azcárraga, Slim, Salinas Pliego) sólo hasta el 49 por ciento. No será extraño que, como sucedió con el sistema financiero, con el tiempo las telecomunicaciones sean controladas por el capital extranjero, sin que se alcancen los beneficios esperados, si es que lo creen los neoliberales peñistas. Lo anterior tiene un agravante adicional, la apertura del sector es unilateral, sin exigir la reciprocidad de los países del capital que llegue al país, sin el trato nacional y de nación más favorecida. Ésa ha sido la práctica de los neoliberales desde que llegaron al poder y sus efectos han sido devastadores para el desarrollo y la nación.
4) El Instituto Federal de Telecomunicaciones será una bestia incontrolable y sometida al Ejecutivo. Sus directivos serán propuestos por el presidente y aprobados por el Senado (¿se ha visto una postura crítica de la mayoría, ya sea priísta o panista ante el Ejecutivo?). Los candidatos serán previamente seleccionados por un comité evaluador integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es decir, los empleados del Ejecutivo, a quien le deben su puesto y su carrera política. ¿Puede esperarse de ellos algo serio? ¿Alguien puede suponer un sentido democrático y social a quienes fueron tallados en los talleres del autoritarismo y el neoliberalismo?
Las funciones y las decisiones de tal Instituto serán legalmente “inatacables” y asumirá parte de las tareas de la Comisión Federal de Competencia. Es decir, no tendrá ningún contrapeso, ni jurídico ni institucional. Nadie dude que su “autonomía” e “inmunidad” se convierta en impunidad como sucede con el IFE o el banco central.
5) La futura participación de la sociedad (comunidades indígenas, etcétera) es completamente incierta, toda vez que se carecen de directrices que estimulen su emergencia y las protejan de la competencia salvaje de los oligopolios privados. Azcárraga, Salinas Pliego y el propio gobierno las detestan, harán todo lo posible por evitar su surgimiento y la mayoría del Congreso les ayudará.
b) El destino de la radio, televisión y otras comunicaciones bajo responsabilidad del Estado será similar a las sociales, ya que dependen de la benevolencia del Ejecutivo y ésta no ha sido nada magnánima.
En realidad, la reforma en las telecomunicaciones es una contrarreforma neoliberal desnacionalizadora y a favor de los monopolios.
*Economista
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Fuente: Contralínea 328 / abril 2013
