Dos afirmaciones que hizo la semana pasada el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en conferencia –ante la Procuraduría General de la República se reservó su derecho a declarar– llaman mi atención. La primera, cuando sostiene que “no hay prueba ni evidencia alguna” que lo involucre en los sobornos del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, cuando es público que tres directivos de dicha empresa declararon ante la justicia de Brasil haber sostenido reuniones a partir de 2012 con Emilio Lozoya Austin, es decir cuando éste formaba parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto para la Presidencia de la República.

Según los directivos brasileños, en esos encuentros privados con Lozoya acordaron la entrega de 10 millones de dólares –que fueron triangulados a cuentas bancarias de una empresa abierta en un paraíso fiscal- a cambio de que una vez que Peña asumiera el poder, el gobierno federal les otorgaría contratos de bienes y servicios de obra pública, tal y como ocurrió con la paraestatal petrolera Pemex, de las cual Lozoya fue director general hasta febrero de 2016.

Eso es una prueba testimonial, señor Lozoya Austin, que consta en un expediente judicial de tribunales brasileños, abierto en contra de Odebrecht, y aunque usted y su abogado Javier Coello Trejo digan que no hay prueba alguna, pues si las hay.

Lozoya y Coello sostiene su afirmación de que no se conocen pruebas documentales que involucren al exfuncionario petrolero porque su nombre no aparece en la recepción de tales depósitos en cuentas bancarias en el extranjero; además, tampoco es socio de dicha empresa que recibió los fondos ilícitos. Esto al parecer es correcto, pero hablamos sólo de pruebas documentales.

También son calificadas como pruebas las testimoniales rendidas por los tres directivos de Odebrecht, quienes inculpan a Lozoya directamente en actos de corrupción. Aquí baste aclarar que no se trata de testigos de oídas, sino testigos directos de la empresa brasileña que participaron en reuniones con el exfuncionario petrolero y que afirman haberlo sobornado con 10 millones de dólares.

Una segunda afirmación de Lozoya es que los directivos de Odebrecht lo acusan porque “buscan desviar la atención de su propio proceso”, y su respuesta a esas imputaciones es que las tres personas que lo señalan de recibir sobornos “mienten”.

A ver, el argumento del exdirector de Pemex y amigo del presidente Enrique Peña Nieto de que el señalamiento en su contra busca “desviar la atención”, la verdad es insostenible, suena no sólo absurda esa declaración sino fuera de toda lógica que tres directivos de Odebrecht lo acusen porque quieran “desviar la atención”, cuando éstos tienen un acuerdo con la autoridad de Brasil, en donde se les sigue proceso penal, para decir la verdad del caso de sobornos o de lo contrario les quitan los beneficios legales.

Entonces parece ridícula la defensa de Lozoya de acusar de “mentirosos” a los empleados de la empresa brasileña con tal de negar haber sido parte de esa maquinaria de sobornos de Odebrecht.

Por supuesto que Lozoya es inocente y sólo puede ser señalado como culpable hasta que un juez lo declare así y le dicte sentencia, pero sus declaraciones dadas en conferencia de prensa además de ilógicas son insostenibles, pues es absurdo decir que los tres ejecutivos de Odebrecht lo acusan para “desviar la atención”. Para qué señalar a Lozoya de recibir sobornos cuando hay una larga lista de responsables.

Lavado, evasión y futbol

El lavado de dinero, como popularmente se conoce en todo el mundo al uso de recursos de procedencia ilícita, tipificado en el Artículo 400-bis del Código Penal Federal, es un delito en donde las cifras confirman la incapacidad de las autoridades federales para perseguirlo.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos tres años (2014-2015-2016) sólo se iniciaron 347 investigaciones, de las cuales se les dio curso a 226, que derivaron en la detención de 34 personas y en los juicios concluidos sólo se obtuvieron 25 sentencias condenatorias. Una nula eficacia de apenas el 7 por ciento sobre las mismas investigaciones abiertas, porque son muchos más los involucrados que ni siquiera son llevados a juicio por lavar miles de millones producto de actos ilícitos, bajo la premisa de que México es el principal centro de producción, distribución y venta de droga del mundo. A esto hay que agregar el país con más crímenes por el narcotráfico.

Ante ese fracaso de la autoridad para combatir el delito, empresarios, industriales, hoteleros y por supuesto banqueros y dueños de casas de cambio están metidos en ese negocio ilícito que les reditúa grandes ganancias con un riesgo mínimo.

Como se sabe el blanqueo de capitales es una actividad ilícita que funciona como aceite para un motor, en este caso el de la delincuencia organizada, pues sin dinero la industria del narcotráfico y otros crímenes simplemente no podría tener el enorme desarrollo que ha alcanzado en los últimos años en todo el mundo, mientras que en México poco o nada se hace para combatirlo, a pesar de que la lucha contra el crimen organizado es prioridad del actual gobierno -o al menos eso dicen oficialmente por el enorme gasto público que destinan para ello- y entonces investigar el lavado debería de ser el instrumento para empezar a desarmar a los cárteles del narcotráfico en este país.

Otra característica del dinero sucio que utiliza el crimen organizado es su uso para sobornar a políticos, funcionarios, jefes policiales y militares, y tal vez aquí esté la explicación de porqué nuestras autoridades ministeriales y fiscales prefieren ser omisos y negligentes ante este delito.

Otros que participan activamente en la trama de corrupción con la delincuencia son miembros del Poder Judicial, jueces y magistrados, quienes permanentemente rechazan casos por lavado bajo el argumento de que los fiscales no integran bien las averiguaciones previas.

Hace algunos años un propietario de un equipo de primera división que me pidió guardar su anonimato por tratarse de un asunto delicado, me contó que si la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, ambos órganos dependientes de la Secretaría de Hacienda, quisieran descubrir amplias redes de blanqueo de capitales y evasión fiscal, podrían empezar por los dueños de equipos de primera división y sus empresas que se han convertido en verdaderas minas de oro del crimen organizado.

En otros países como España, algunos equipos y destacados jugadores internacionales (Messi, Ronaldo y Neymar) han sido procesados y sancionados por evasión fiscal, pero en México esto es distinto.

Contralínea 554/ Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017