Segunda parte. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la alta incidencia de la informalidad es uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la creación de empleos decentes en la Región de América Latina y el Caribe, junto a la necesidad de consolidar los derechos laborales de millones de trabajadores.

Lo anterior forma parte de las observaciones recabadas en la decimonovena Reunión Regional Americana del organismo, la cual se llevó a cabo el pasado mes de octubre de 2015.

Esta alertó de los altos índices de la informalidad estimada en los países de la región en alrededor de un 47.6 por ciento, apenas por debajo del nivel alcanzado durante la pandemia de la Covid-19.

En su informe, la OIT advierte que solo será posible revertir esta situación si se adopta un enfoque de políticas verdaderamente integral, capaz de tejer alianzas entre protección social, productividad, diálogo social y regulación eficaz, de modo que cada pieza se refuerce en un mismo tejido de acción.

El análisis revela que la informalidad no solo cierra la puerta al empleo decente y a la seguridad social: también atrapa la productividad en los niveles de 1980, cortando el puente que debería llevar el crecimiento económico hasta el empleo de calidad.

Esto ha provocado que “las brechas de productividad laboral en la región se hayan ampliado en comparación con las economías desarrolladas e incluso con otras economías emergentes”. Al respecto, el organismo laboral señala que “esto se explica, en parte, por la ineficiente asignación de los factores productivos (mano de obra y otros recursos), a sectores de más alta productividad”.

Para la OIT, elevar la productividad no es un fin en sí mismo: es el detonante que puede convertir el crecimiento en empleos buenos y estables. Eso sí, solo si se actúa sobre el tablero: invirtiendo en factores que hagan crecer a las empresas, diseñando ecosistemas donde la innovación y el trabajo decente se refuercen mutuamente, y acompañando la inversión privada con políticas públicas que premien la formalidad y la sostenibilidad.

Para atajar la informalidad, la OIT sostiene que las instituciones laborales deben actuar como puente vivo entre quienes buscan trabajo y quienes lo ofrecen: mediar con agilidad y reglas claras para que cada encuentro se traduzca en un empleo mejor, no en otro puesto precario.

Esta función cobra especial relevancia en “contextos de crisis o de transformaciones profundas”, indica. Y recomienda al respecto a los Estados: “Con instituciones sólidas y resilientes, se puede no solo responder a situaciones adversas, sino también impulsar transiciones inclusivas y sostenibles”.

En tal sentido, se mencionan factores que deben impulsarse para combatir la informalidad, como la capacitación. “En las Américas, la formación profesional es muy heterogénea. Mientras algunos países con sectores económicos más sólidos y diversificados apuestan a la formación técnica y tecnológica como motor clave para aumentar la productividad, otros países enfrentan desafíos estructurales persistentes en términos de cobertura, pertinencia y calidad educativa”.

Y analiza que “esta disparidad evidencia la urgente necesidad de contar con enfoques integrales y adaptativos que respondan a las realidades locales y globales”.

La OIT destaca entre algunos de los desafíos a enfrentar, “la desconexión entre los programas educativos y las competencias demandadas en el mercado laboral, así como las grandes desigualdades en el acceso y la calidad de la formación, “particularmente en zonas rurales o en contextos de pobreza”.

En la carrera por modernizar la formación profesional, la digitalización aparece como la llave que puede abrir nuevas puertas desde las plataformas virtuales; sin embargo, todavía hay un umbral ancho: la brecha digital que impide a muchos atravesarla.

Por ello, la OIT recomienda  fomentar una mayor articulación entre las políticas educativas, laborales y económicas, para responder a las necesidades actuales y futuras de las empresas y los sectores productivos; de esta manera, contribuir a un desarrollo social inclusivo y sostenible.

En el contexto de atender a la informalidad, el organismo aborda al cambio tecnológico como la fuerza transformadora que más atención ha captado en los últimos años, pues continuará influyendo de manera profunda en la relación entre el crecimiento, empleo y derechos.

Pone especial énfasis en la inteligencia artificial (IA) como una de las tecnologías emergentes que evoluciona y se expande a gran velocidad, motivo por el cual está generando un sinfín de expectativas sobre su potencial para estimular la productividad y el crecimiento económico. Asimismo, genera preocupación “sobre su impacto en las relaciones laborales y la creación o destrucción de empleos”.

En tal sentido, advierte que en América Latina y el Caribe la falta de infraestructura digital puede limitar el impacto de estas tecnologías, mientras que las brechas digitales entre regiones dentro de los países podrían profundizar las desigualdades.

En la región los gobiernos deberán tener especial atención en el tema porque entre el 26 y el 38 por ciento de los empleos están expuestos de alguna manera a los riesgos de la IA, aun cuando en lo inmediato solo el 2 o el 5 por ciento corren el peligro de ser automatizados por estas tecnologías.

Dentro de las conclusiones al respecto, se aconseja a los gobiernos consultar sobre el asunto con sus interlocutores sociales, con el objetivo de buscar la implementación de políticas que protejan el empleo e impulsen la productividad, como medios de aminorar la informalidad en la que se encuentran millones de personas.

Ante este escenario –se señala en el documento final del encuentro–, al conectarse con la economía mundial, la región de Latinoamérica y el Caribe, debe aprovechar tal situación para fomentar el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, con el acompañamiento de políticas públicas adecuadas y “una fuerte coherencia entre las prioridades de desarrollo económico, ambiental y social, así como de medidas que promuevan una conducta empresarial responsable”. (Continuará)

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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