La urgencia de las oligarquías nacional e internacional por recuperar el ritmo de sus ganancias antes de que el Covid-19 bajará sus índices de contagio y muerte, como también la inconsciente actitud de los gobiernos que permitieron el desarrollo de actividades en diversas áreas de las cadenas productivas y el desempeño de labores en otras más de alto riesgo, sin obligar a las empresas a entregar a sus trabajadores los equipos necesarios para proteger su salud y su vida, ha causado infinidad de decesos a la clase trabajadora que bien pudieron evitarse.

Si por ejemplo en México se hubiera aplicado el capítulo laboral del T-MEC que en su artículo 23.7 prohíbe ejercer violencia, amenaza e intimidación contra los trabajadores, en sectores como el de las maquiladoras de la frontera, los obreros de muchas empresas no hubieran enfrentado los reiterados amagos de los patrones a ser despedidos por negarse a laborar en condiciones de alto riesgo.

Pero lejos de vigilar que las empresas no cometan abusos contra los obreros, muchos gobiernos locales como el de Chihuahua han buscado maquillar las cifras de los decesos, de tal forma que en mayo pasado, cuando se anunció que sería el 1 de junio el fin de la jornada de la sana distancia, la Secretaría de Salud de esa entidad hablaba de solo 17 muertos, cuando la asesora jurídica del Movimiento 20/32 en la frontera, Susana Prieto Terrazas, mencionaba que los fallecimientos por Covid podrían llegar a los 200 casos.

La abogada denunció que muchas empresas desacataron el paro de actividades establecido por el gobierno mexicano ofreciendo bonos de 500 y mil pesos semanales para que sus trabajadores acudieran a laborar, bajo amenaza que de no hacerlo serían despedidos; de hecho, otras tantas reiniciaron de manera ilegal la reapertura de sus actividades desde el 18 de mayo.

Pero también en entidades públicas y gobiernos locales los trabajadores pagaron las consecuencias de no contar con los equipos de protección necesarios para laborar en medio de la pandemia; en áreas de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habla de 400 fallecimientos, siendo las plataformas marinas uno de los centros de trabajo donde proliferaron los contagios. Ante la inacción de sus mandos superiores, los trabajadores tuvieron que adquirir de sus bolsillos sus equipos de protección.

Lo mismo sucedió con los barrenderos de la Ciudad de México y otras importantes poblaciones y municipios del país, como Ecatepec, en donde los trabajadores de limpia fueron dejados a la deriva, sin los equipos de protección, pese a que en los desechos colectados de manera habitual fueron depositados miles de tapabocas y materiales hospitalarios de desecho, empleados en el manejo de pacientes de coronavirus.

Como señalamos profusamente en anteriores entregas de esta serie, los pobres han resultado las principales víctimas de la pandemia, mientras las grandes corporaciones han aumentado de manera exponencial sus multimillonarias ganancias.

Expertos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM en su estudio Reporte de Investigación 132: Los costos por la pandemia del Covid-19, establecen que, como uno de los efectos de la pandemia, “se ha puesto de manifiesto la intención por los Estados y los capitalistas por acelerar la anulación de la cobertura social que aún vivían millones de trabajadores a nivel mundial”.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 4 mil millones de personas en el mundo carecen de seguridad social; si se estima que en México una vez que aminore la pandemia se perderán más de un millón de empleos, familias que promedian cinco miembros ya no tendrán acceso al IMSS, siendo entonces unos 5 millones de mexicanos los que estarán al margen de una atención médica.

Pero dentro de los efectos más letales del Covid ha quedado al descubierto uno de los peores excesos laborales del neoliberalismo, como lo es la subcontratación a través de las outsourcings, que imponen una franca desventaja jurídica para el trabajador, puesta de relieve una vez que las autoridades determinaron la jornada de la sana distancia. De inmediato, muchas empresas que han operado desde hace más de una década bajo este sistema, se dieron a la tarea de despedir a sus empleados sin compensación alguna, deslindándose de cualquier responsabilidad.

Los trabajadores de este esquema no sólo quedaron cesantes, sino además expuestos a la indefensión absoluta en caso de contagiarse de coronavirus. Este modelo laboral propio del capitalismo salvaje creció en México luego de que la reforma laboral de Calderón de 2012 terminó por legalizarlo: mientras en 2005 laboraban por subcontratación 13 millones 435 mil 972 asalariados, para el primer trimestre de 2020 la cifra había llegado a 17 millones 186 mil 627 personas.

Junto con la población dedicada a la informalidad, los despedidos del outsourcing se sumarán nuevamente a las filas de la precariedad al ser los sectores a los que la pandemia ha golpeado con más fuerza; de hecho, suman más del 60 por ciento de la fuerza laboral que bajo el esquema neoliberal no ha conocido beneficio alguno de la seguridad social.

Otro factor que acrecentará la brecha entre ricos y pobres es que bajo la excusa de conservar empleos, los empresarios aprovecharán la desigual coyuntura para presionar a los trabajadores a aceptar salarios más bajos con mayores horarios de trabajo; de hecho, muchas empresas redujeron a la mitad el sueldo de sus empleados durante la pandemia, pero ahora que se está regresando a la actividad aducen crisis en sus finanzas para mantener los salarios a la mitad bajo la consigna: si no aceptan, serán despedidos.

Los expertos de la UNAM exponen entre algunas de sus conclusiones: “Tratar de hablar de una ‘nueva normalidad’ ante lo que se ha vivido con la pandemia por el Covid-19, supone restablecer de otra manera a favor de la plusvalía, todos los circuitos sobre las relaciones de dominación, explotación, pobreza, desempleo, trabajo precario, por lo que estaríamos ante la intentona por implementar una propuesta para sobrevivir la vida muy parecida a la anterior de la normalidad capitalista”.

El acucioso análisis de la máxima casa de estudios debe llevar a las organizaciones sociales urbanas, indígenas y campesinas, así como a los sindicatos independientes, a un profundo debate para evitar que la “nueva normalidad” sea para la clase empresarial no solo “más de lo mismo”, sino ahora un abuso más acentuado en contra de la clase trabajadora.

Tras el Covid, las autoridades deben, por su parte, asumir su papel y obligación de mediar en un equilibrio más justo entre capital y trabajo, donde se recobren los fundamentos de la seguridad social y el trabajo estable y buen remunerado.