Se llenaron la boca los 11 ministros de la Suprema Corte de (in)Justicia de la Nación, para anunciar su resolución porque dos funcionarios menores, es decir, de los de a pie, no cumplieron con su obligación de acatar la sentencia derivada de un amparo definitivo. Esta sentencia ordenaba a dos delegados de la casi municipalidad o Demarcación Territorial llamada Venustiano Carranza, que los trabajadores despedidos ilegal e injustamente deberían recibir sus pagos que demandaron; así como la restitución de sus puestos de trabajo. Pero durante años, los funcionarios en turno no cumplieron alegando que no tenían partidas asignadas para cubrir esos gastos, ni capacidad para devolver las plazas a los quejosos.
Es así que ante tal desacato y haciendo uso de sus facultades, la Suprema Corte ordenó la remoción de los delegados que encabezan esas jurisdicciones enclavadas en el nuevo estado de la Ciudad de México; además de que cuando el sustituto haya sido nombrado, cumpla con el resolutivo. En este momento es prudente hacer mención que hay cientos de miles de sentencias judiciales que tanto los funcionarios de las entidades como los funcionarios federales no han cumplido; pero como esos sí son actores importantes, por lo tanto son y serán intocables, y es harto probable que dichas sentencias jamás serán cumplidas.
Extrañamente y tal vez por ser funcionarios de interés particular para algunos sectores enemigos, ahora sí la Suprema Corte realizó un milagro con esa sentencia-sanción. Así que los favorecidos con el amparo que durante varios años no se había cumplido ya podrán ser restituidos en todos sus derechos laborales: salarios caídos, bonos y hasta contar con su reinstalación. Todo esto se ha logrado finalmente, tras derribar las resistencias institucionales para amparar a quienes asiste la razón y las pruebas. Y tras años de lucha contra los abusos de los delegados en turno que muy seguramente pensaron que la impunidad los iba a proteger por los siglos de los siglos, o con la frase en latín: “per omnia saecula saeculorum”; de la misma forma que el sistema ha protegido a quienes sí le interesa proteger.
El descaro del perredista Israel Moreno, y antes que él de José Manuel Ballesteros, diputado-asambleísta –que de ser consignados podrán alcanzar hasta 10 años de prisión–, sienta un precedente para la Ciudad de México donde los funcionarios, de Ebrard a Mancera constantemente desobedecen los mandatos judiciales. Pero a pesar de las consecuencias positivas que arrojan este tipo de ordenamientos para los afectados y para los mexicanos en general, es preciso reconocer que sólo se están implementando contra los de abajo; y a quienes, por estar en el ojo del huracán se aplicará todo el peso de la ley.
Así que aprovechando que esa Suprema Corte ha empezado a obligar a los responsables de acatar la ley, a cumplirla al pie de la letra, es hora de revisar y sancionar de la misma forma los innumerables desacatos cometidos por desgobernadores, diputados federales, senadores, secretarios del despacho presidencial y al mismísimo “señor presidente” que, sin ningún recato han abusado del poder, conculcando los derechos de quienes reclaman ante la justicia algún acto ilegal por parte de la autoridad. Bien por los trabajadores afectados, que al fin un Tribunal de Conciliación y Arbitraje (ya en extinción), les haya concedido la protección a sus derechos violentados por esos delegados. Uno de los cuales también deberá ser presentado ante un juez federal para ser juzgado y sentenciados por haberse pasado por encima de una sentencia laboral.
Y aunque por desgracia la justicia mexicana todavía no es pareja para tirios y troyanos, no por ello deja de ser bienvenida la sentencia-sanción de la Corte. Y exigir que cuando conozca jurídicamente de casos semejantes y, sobre todo más graves porque afecten a sectores importantes de la nación, los ministros actúen de inmediato para ir restableciendo la administración de la justicia por parejo. Son muchos los funcionarios, con fuero o sin él, que desobedecen las sentencias definitivas. No deja, empero, de ser una sorpresa la sanción de los 11 ministros que votaron por unanimidad para hacer cumplir la ley; aún a riesgo de dejar a los ciudadanos de esa delegación en ausencia de su máxima autoridad.
Claro que nada pasa al descabezar a una institución, ya que otras de más relevancia como la Procuraduría General de la República, los magistrados anti corrupción sin nombrar, la fiscalía electoral también y ya muy pronto con el candidato del PRI, allá para fines de este diciembre, sin presidente de la república, el país puede seguir su desordenada marcha desestabilizadora con el poder incontenible del narcotráfico imponiendo la “ley” del más fuerte.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]
