Gracias a la insistencia de una parte de la población de Guerrero, particularmente de las víctimas y sus familiares, la Comisión de la Verdad se abrió paso y actualmente desarrolla la importante tarea de develar lo ocurrido en el periodo conocido como la Guerra Sucia. Época que consistió en una serie de acciones desarrolladas por organismos del Estado mexicano (en todos sus órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal), en perjuicio de aquellos a quienes caracterizó como “el enemigo interno”. Los aparatos creados para proteger y preservar los derechos humanos se convirtieron en sus principales violadores. Como titular del monopolio de la violencia legal, el Estado decidió romper los marcos normativos que lo rigen y aplicar medidas contrarias a la naturaleza de sus funciones y a las prerrogativas esenciales de la persona. Su violencia dejó de ser legal y se transformó en actos delictuosos, que llegaron a las peores aberraciones, a nombre de un “combate contra la subversión” que no encontró fundamentos jurídicos de ninguna índole.

 

Creada por una ley del Congreso de Guerrero, la Comisión de la Verdad se integró con cinco ciudadanas y ciudadanos ajenos a cargos públicos y a direcciones partidarias. Esto le da una enorme independencia, pues no guarda relación jerárquica con ninguna instancia de gobierno, ni con organización política alguna. De lo esencial de su tarea, solamente responde ante la sociedad, aunque es claro que los recursos que maneja son públicos y debe responder escrupulosamente de ellos ante el Órgano Legislativo que la creó. Hasta hoy, no ha recibido más presiones que las declaraciones de prensa de algunas personas que sienten riesgoso para ellas el quehacer de la Comisión de la Verdad.

 

Además de buscar la verdad respecto de los hechos de represión ocurridos entre 1969 y 1979, la Comisión de la Verdad se propone contribuir a llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Éstos se tipifican de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y con nuestras disposiciones constitucionales y legales.

 

Interesa a la Comisión proponer mecanismos jurídicos e institucionales de no repetición y rehacer la memoria histórica de esos hechos de la cara oscura de Guerrero, en particular, y de México, en general. Al final se buscará que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, a fin de que se cubra la deuda social que se tiene con ellos.

 

 

Para alcanzar esos elevados objetivos, la Comisión de la Verdad buscó aliados en la sociedad nacional e internacional. Estableció relaciones con Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acompaña en la tarea. Se habló con funcionarios de la Cruz Roja Internacional. Se organizó un curso sobre comisiones de la verdad en el mundo, impartido por el Centro Internacional de Justicia Transicional. Se cuenta con el respaldo pleno del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, lo mismo que del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

Además, organismos no gubernamentales auxilian a la Comisión de la Verdad en sus actividades, lo mismo que sectores académicos y gremiales, como la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero. Se recibió también el ofrecimiento de solidaridad por parte del arzobispo de Acapulco. Y se siguen tejiendo compromisos de trabajo con todos aquellos que deseen apoyar en la consecución de los propósitos.

 

 

Lo más importante que ha encontrado la Comisión de la Verdad es que el dolor sigue vivo; está presente en las madres y en los demás familiares de los ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos, torturados y masacrados. El tiempo transcurrido, con ser mucho y estar aderezado de impunidad, no ha hecho que olviden los agravios que les infligió el poder público. Los nombres de los perpetradores están en la boca de los declarantes ante la Comisión de la Verdad.

 

Por eso tenemos la firme convicción de que la verdad sigue siendo necesaria. Urge saber qué ocurrió cuando se dio en Guerrero la cruel represión durante las décadas de 1960 y 1970, porque es antecedente de la que hoy acontece. Sin justicia de fondo, las atrocidades se repiten de forma dolorosa e indignante.

 

Asumir una responsabilidad como ésta implica enorme alegría, porque se tiene conciencia de estar contribuyendo a restaurar el tejido social roto por la represión del Estado y sus funcionarios. Y alienta el acompañamiento del sector consciente de la sociedad.

 

Lo que se ha hecho es el anticipo de que Guerrero no olvida ni perdona a los culpables de la Guerra Sucia.

 

Queremos que la verdad ilumine el lúgubre periodo de la Guerra Sucia; y que la justicia llene de satisfacción a quienes han sufrido por no menos de cuatro décadas la negación de sus derechos humanos.

 

*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la UACM; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero

 

  

 

Fuente: Contralínea 309 / noviembre 2012