Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.
La primera crisis de la que hablaba Osorio Chong en el noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga el 21 de diciembre del año pasado se derivaba de una clara vulneración al sistema carcelario federal, el más seguro y costoso del país. En particular, del Centro Penitenciario de Readaptación Social número 1, Altiplano.
Tan sólo ese año el presupuesto modificado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, del cual dependen los penales federales, ascendió a 17 mil 915 millones 200 mil pesos. Y para este 2016 se le han etiquetado recursos públicos por 18 mil 841 millones 241 mil 451 pesos. Así que el asunto del dinero y su aplicación eficaz no es menor.
Este multimillonario presupuesto debería bastar para evitar que los reos de alta peligrosidad evadan la prisión, pero no es así. Aunque desde la primera fuga del Chapo en 2001 y hasta la segunda en 2015 no se conoció de alguna otra evasión en los penales federales de mediana y máxima seguridad, en los últimos 5 años se registraron otras dos fugas.
Pero a diferencia del Chapo, los otros dos reos consiguieron evadirse en sigilo por la opacidad que la misma autoridad generó. Los hechos no fueron del conocimiento público: nadie filtró videos, nadie explicó el modo en el que los presuntos delincuentes lograron corromper al sistema, y no hubo comparecencias al Congreso de los responsables de la seguridad pública y nacional.
Mucho menos hubo directores cesados y encarcelados (como sí ocurrió con Celina Oseguera, quien fuera coordinadora de penales federales, tras la fuga del Chapo) pues, se quiera o no, al evitar el ojo de la opinión pública, las autoridades cubrieron la vulneración del sistema penal federal con impunidad.
Pese a que se trata de dos reos de alta peligrosidad, el encubrimiento de estas fugas ha llegado a tal punto que las autoridades federales mantienen bajo reserva su identidad. Así lo demuestra la respuesta a la solicitud de información 3670000002516 hecha por Agenda de la Corrupción, en la que se clasifican como confidenciales los nombres tanto de Guzmán Loera como de los otros dos evadidos.
“Por lo que respecta al nombre de los presos, la Coordinación General de Centros Federales clasificó la información como confidencial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 fracción II, 18 fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, indica la respuesta.
La primera evasión ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 27 de mayo de 2011, del Centro Federal de Readaptación Social número 6, Sureste, ubicado en Huimanguillo, Tabasco.
La segunda fuga también fue previa a la del Chapo Guzmán, pero ya en el actual gobierno de Peña Nieto. Ocurrió el 14 de marzo de 2014 en el Centro Federal de Readaptación Social número 9, Norte, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera Juárez-Chihuahua, en esa entidad.
La tercera vulneración del sistema ocurrió, como ya se sabe, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, el 11 de julio de 2015.
En los tres casos fueron personas del sexo masculino las evadidas, refieren los datos oficiales obtenidos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los delitos por los que se encontraban recluidos son secuestro, homicidio, delincuencia organizada, lesiones, contra la salud y asociación delictuosa.
Formalmente, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social tiene como visión “ser la instancia que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito”.
No obstante, en los penales federales –al igual que en los estatales– se incurre en prácticas que violan los derechos humanos de los reos. Ejemplo de ello es la denuncia hecha por Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en noviembre de 2015 respecto del aislamiento.
La recomendación de la Comisión sobre este tema indica que el aislamiento penitenciario se debe regular, pues en algunos casos se ha aplicado como un tipo de internamiento cotidiano excesivo.
En octubre del año pasado, la misma CNDH en voz de la tercera visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, advertía de una grave crisis que padecen las cárceles estatales y federales por sobrepoblación.
De acuerdo con sus datos, en 28 centros estatales y uno federal existe riesgo crítico, pues los internos sobrepasan en más de 40 por ciento la capacidad instalada (Aristegui Noticias, 14 de octubre de 2015).
Por ello, es tiempo de que las autoridades tomen con seriedad la situación en los penales federales y actúen en consecuencia, para evitar más evasiones de reos de alta peligrosidad y, al tiempo, garantizar los derechos humanos de la población recluida.
Nancy Flores, @nancy_contra
Contralínea 478 / del 07 al 12 de Marzo, 2016
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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