A raíz del nombramiento del Adelfo Regino Montes, indígena mixe al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la institución del gobierno federal que tiene que ver con los asuntos de los pueblos indígenas y que su objeto es planear y establecer las directrices, así como evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, entre otras, con el fin de que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas en su práctica, así como lo que tiene que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de sus culturas e identidad, corrió como pólvora la idea o anhelo que todas las delegaciones (hoy representaciones) o Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas distribuidos a lo largo y ancho del país donde hay presencia indígena estarían dirigidos por indígenas. En Sinaloa no fue la excepción, desde hace bastante tiempo o al menos en las dos últimas décadas los yoremes mayo y los indígenas migrantes en el estado han deseado estar al frente de esa oficina del gobierno federal y ocupar puestos.
Actualmente los liderazgos indígenas yoreme-mayo de Sinaloa están muy menguados y en una lógica que no favorece a los pueblos y comunidades, pues no obedecen a un interés propio, sino a los intereses yoris (blancos o mestizos) o de quienes les pagan. El Consejo de Gobernadores Indígenas o de Cobanaros está perdido, pues es una organización civil financiada por el gobierno del Estado que preside Librado Bacasegua Elenes. Si bien los Consejos Supremos de Gobernadores Indígenas o Tradicionales tuvieron auge al ser impulsados por las políticas echeverristas en la década de 1970 en un principio se les vio bien por las comunidades a las que representaban, pues significaban una interlocución directa –al menos eso creían– con los gobiernos, sobre todo con el federal, eso implicaba que se les escucharan sus necesidades y se destinara dinero público para obras que hacían falta en sus comunidades.
Los Consejos Supremos Indígenas que se crearon al auspicio del gobierno en muchas partes del país eran parte de la relación Estado-campesinado (donde colocaban a los pueblos indígenas), como un pacto necesario de gobernabilidad que venía desde el triunfo de la Revolución de 1917 y que tuvo mucho que ver con la reforma agraria en el país que repartió más de la mitad del territorio nacional a ejidos y comunidades agrarias, creando a la fecha más de 32 mil núcleos agrarios y que el general Lázaro Cárdenas impulsó como ningún otro mandatario durante su gobierno, apoyando al sector campesino y creando la política para los indígenas conocida como indigenista o indigenismo. Esa política se comienza a resquebrajar y a ser cuestionada por parte de los pueblos originarios en el Congreso Indígena celebrado en Chiapas en 1974. Todavía habría de transcurrir un trecho de tiempo, alrededor de 20 años, para que se pasara a un nuevo tipo de pensamiento y de política, es decir, que la cuestión india fuera vista diferente y que se comenzara hablar de la diversidad y no de la integración de los indígenas a la sociedad nacional, mayoritariamente mestiza y blanca en su forma de pensar y ver el mundo. Una nueva relación del Estado-pueblos indios y sociedad, como bien lo planteó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), siendo hoy esa la demanda central de los pueblos indígenas, la autonomía.
La relación del Estado con los campesinos –que al menos discursivamente y como una narrativa revolucionaria eran gobierno, o así vendían la idea– se vio reflejada sobre todo en la Confederación Nacional Campesina (CNC) como organización gremial y corporativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se materializaba de diversas maneras, con recursos, apoyos y avíos para el campo, por ejemplo, así como con algunas carteras a los líderes del sector campesino en el gobierno y con algunas diputaciones y senadurías, de tal manera que le aseguraran la sujeción y el control al gobierno de los cámpiras y de paso los indígenas, aunque este es un tema que hay que tratar a mayor profundidad.
En este interregno o interfaz de nuevos tiempos en el país, el milenio fenecía y se vislumbraba otro, y en Sinaloa llegaba como gobernador Juan S Millán Lizárraga para el sexenio 1999-2004, y con él Joaquín Vega Acuña de Los Mochis, Sinaloa, conocedor de la región, en especial de los yoreme-mayo asentados principalmente a lo largo del Río Fuerte (antes de Carapoa o Zuaque), en un espacio geográfico que va desde las estribaciones de la Sierra Madre Occidental hasta la costa donde desemboca en el Mar de Cortés o Golfo de California. Vega Acuña fungió como subsecretario de Gobierno y en consecuencia operó el control de los gobernadores indígenas de la mano del nayarita Pedro Cuadras a través de financiamientos y de un pago a los gobernadores indígenas, como actualmente se mantiene.
Históricamente la comunidad de San Miguel junto con Mochicahui y Charay han sido el centro de los yoremes-mayo, más bien de los zuaques, donde se ha nucleado la resistencia indígena –aunque no la única– desde la llegada de los españoles a esas tierras, y donde el general Felipe Bachomo, Misi, tenía sus principales bases de apoyo. En esta zona la presencia indígena es numerosa y está muy cerca de la ciudad de Los Mochis, asiento del poder cultural, político y económico del norte del estado. Ahí el encontronazo entre las dos culturas es fuerte.
Hay otros liderazgos desgastados por el paso del tiempo, por la lucha que han venido dando desde fines del siglo pasado a la fecha que han oscilado del oficialismo al planteamiento autonómico, como Joaquín Valenzuela Bacasegua y Silvestre Ayala Velares, ambos profesionistas, educados en escuelas yoris, y que han servido para tender un puente entre ambas culturas: la yori y la yoreme. Han transitado por los diferentes partidos desde el PRI, pasando por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ahora en el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Incluso se han acercado al zapatismo, pero parece que no les ha resultado porque a los partidos políticos no le interesa la cuestión india, sólo la usan como bandera política para ganarse el apoyo de este sector de la población. No obstante, la lucha de estos activistas indígenas no ha cuajado, o todavía están por verse los resultados.
A fines del siglo pasado hubo dos diputados de indígenas, el profesor Rumualdo Velázquez, del municipio de El Fuerte, y posteriormente Juan Gil López, del pueblo de Baca, municipio de Choix. Pero más que encabezar la defensa de los derechos de los yoreme mayo, fueron salidas que buscó el gobierno del Estado o la clase política a la problemática indígena, “compartiendo” cuestiones nimias de poder, para seguir teniendo sometida a los indígenas, pero además dentro del partido oficial, es decir, que no se salieran del redil, muy probablemente teniendo la vista de lo que estaba pasando en Chiapas con el zapatismo. Había que curarse en salud.
Hay otros liderazgos rumbo a la costa-pesquera en los municipios de Guasave y Ahome, por el rumbo de Bacorehuis y el campo pesquero El Colorado, en los límites con el estado de Sonora, como Prudencio Campos Gaxiola que desde la década de 1990 se ha identificado con el panismo y en ese campo ha dado su lucha, aunque también está muy desgastado por las deudas que contrajeron las cooperativas pesqueras con el entonces Fondo Regional que operaba el INI desde la ciudad de El Fuerte, a quien vieron como un barril sin fondo, fuente inagotable de dinero.
En esa región también está Bernardino Valenzuela Anguamea y Bulmaro Bacasegua, de la Federación Indígena de Organizaciones Sociales, aunque el primero se ha identificado más con el ala izquierda de los movimientos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues desde el 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador toma la avenida de Reforma, mucha de la base y liderazgos indígenas se movilizaron a la ciudad de México, en esa ocasión también fue Joaquín Valenzuela Bacasegua. Bernardino ahora anda en Morena, pero su figura está muy devaluada y cuando tomaron las instalaciones de la delegación del INPI en Sinaloa, según declaraciones vertidas en medios, dijo que se les había prometido la dirección, lo cual hasta la fecha no se ha visto.
Liderazgos proclives al zapatismo como José Luis Valenzuela Bacasegua de los lares de Charay (tierra de los zuaques) y Bernardo Esquer López del rumbo de Guasave, aunque se identifique también o más con los indios ocoronis del municipio de Sinaloa. Ambos son liderazgos genuinos y que le apuestan al rescate de la cultura y pensamiento yoreme. Actualmente son Concejales del Concejo Indígena de Gobierno que se agrupa en torno al movimiento zapatista y el Congreso Nacional Indígena (CNI), con resultados muy limitados en la región, porque como lo mencioné en otro artículo, al zapatismo le ha costado mucho trabajo penetrar el férreo control priísta y del gobierno del estado que ejerce en la zona yoreme-mayo de Sinaloa.
En el centro del estado hay otros liderazgos, como el de Crescencio Ramírez Sánchez (triqui) en el Valle de Culiacán, indígena de Oaxaca que ha dado una lucha por la defensa de los derechos laborales de los jornaleros indígenas migrantes, que vienen principalmente de los estados de Oaxaca y Guerrero al corte de jitomate y hortalizas. También han enarbolado el rescate de la cultura y dignidad indígena.
Por su parte, el delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, Jaime Montes Salas, también tiene su candidata. Promueve para la representación del INPI en Sinaloa a una joven del rumbo de San Miguel Zapotitlán, Oyuki Heredia Buitimea.
Actualmente los mestizos o yoris también desean dirigir en el estado las oficinas del INPI como el fortense José María Flores Soto, Chema, que, desde el PRI, se pasó al partido Verde y ahora milita en Morena, aunque nunca ha dejado de ser priìsta. Él viene del movimiento sindical en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) cuando fue dirigente de los cementeros en la planta de Hornillos propiedad del grupo Cementos Mexicanos (Cemex).
No son los únicos liderazgos, hay más, como en Capomos, El Fuerte, en Sinaloa municipio y en Guasave que trabajan con rarámuris, donde hay personas que han hecho activismo e incluso han ido a la ciudad de México a promoverse como funcionarios para el INPI Sinaloa.
El control de las oficinas del gobierno federal en Sinaloa siempre lo han tenido los yoris, tanto de la Delegación y CCPI, excepto cuando fue delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Alfredo Quintero Urías, quien se asume como indígena.
Como se ve, por quienes quieren el INPI en la entidad no queda, candidatos hay muchos, hay muchos tiradores –dicen en la región–, pero la cuestión es más que ocupar las oficinas del gobierno federal, sin mencionar si quien ocupe esa institución sería aceptado por el resto de los liderazgos, más bien se trata de pensar desde otra óptica y una lógica diferente, como pueblos indígenas, o si se quiere más en específico como pueblo yoreme-mayo. Detectar cual es el problema que aqueja a la etnia y si se considera que hay que ocupar esos espacios que se ocupen, pero que no se olviden de lo principal, los derechos de los pueblos. Asumir o concebir lo contrario es una derrota anticipada.
Guadalupe Espinoza Sauceda*
*Historiador y doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas
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