Irene Casado Sánchez*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Más de 700 periodistas han sido asesinados en la última década. Sólo el 10 por ciento de estos crímenes ha sido sancionado. Ante estas cifras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a todos los Estados a poner fin a la impunidad de los ataques contra profesionales de la información.
En lo que va del año, 54 reporteros han sido asesinados como consecuencia de su labor periodística y 178 permanecen encarcelados por ejercer su profesión.
“Los datos muestran que estamos en medio de una crisis muy grave. No se trata de un ataque aquí y otro allá; decenas de periodistas han sido asesinados y cientos detenidos o amenazados en los últimos años. Sin embargo, los responsables raramente rinden cuentas”. Así, David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión, llamó a todos los estados a luchar contra la impunidad de estos crímenes.
La presión sobre estos profesionales no sólo pone en peligro su integridad física y su libertad, también sitúa entre las cuerdas la libertad de prensa e información. No actuar ante estos crímenes “es algo así como envalentonar a los autores”, denuncia Reporteros Sin Fronteras (RSF). Acabar con la impunidad de estos crímenes es el objetivo de la campaña internacional #FightImpunity, lanzada el Día Mundial Contra la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas instaurado por la ONU.
El acoso y derribo contra los periodistas no se reduce a uno o varios países, ni a una región en concreto. La periodista mexicana María Esther Aguilar Casimbe fue asesinada en 2009 mientras investigaba asuntos penales y policiales en su país. El pasado agosto, el reportero estadunidense James Foley fue secuestrado y ejecutado en Siria donde cubría la guerra. El pakistaní Syed Saleem Shahzad murió en mayo de 2011 cuando investigaba los vínculos entre Al-Qaeda y el ejército. El periodista Guy-André Kieffer, de origen franco-canadiense, fue secuestrado en 2004 mientras trataba de revelar las malas prácticas de la industria del cacao. La lista continúa. Y la impunidad se torna descarada. Torturas, desapariciones y asesinatos no son juzgados ni investigados.
El 18 de diciembre de 2013, consciente de la falta absoluta de justicia, la Asamblea General de la ONU aprobó su primera resolución sobre la seguridad de los periodistas y abordó la cuestión de la impunidad. El texto reconoce “la importancia que revisten la libertad de expresión y los medios de comunicación libres en la creación de sociedades y democracias”, así como “que la labor de los periodistas a menudo los expone a riesgos concretos de intimidación, acoso y violencia”.
En esta línea, la ONU recalca “que la impunidad de los ataques contra periodistas constituye uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de su protección”. Así, a partir de esta resolución se insta a todos los Estados miembros a “que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas” y aseguren “que los responsables sean llevados ante la justicia”.
No hay libertad sin periodistas. No hay democracia posible sin información. El trabajo de estos profesionales es vital para la promoción y protección de los derechos humanos. Sin sus artículos, reportajes, sin sus imágenes, sólo queda impunidad ante crímenes, corrupción e injusticias. Las fronteras se convierten en barreras infranqueables y la opinión pública se desvanece. Razones suficientes para “exhortar a los Estados a promover un entorno propicio y seguro” para que los periodistas puedan trabajar “de manera independiente y sin interferencias”.
En lo que va de 2014, el 90 por ciento de los crímenes contra profesionales de la información ha quedado en la impunidad. La falta de recursos, los vacíos legales, o la indiferencia de los gobiernos ante la constante persecución de periodistas explican esta realidad. No condenar estos crímenes supone que “los Estados no están cumpliendo con su obligación de defender los derechos humanos”. Además, contribuye a “perpetuar una cultura de violencia sin castigo contra periodistas”, sentencia la ONU.
Todo Estado, todo gobierno, toda sociedad tiene la responsabilidad de condenar los ataques contra periodistas, reporteros, fotógrafos, contra todas aquellas personas que hacen posible conocer lo que no interesa que se sepa. Sin ellos, sólo queda la ignorancia, menos justicia, y más impunidad.
Irene Casado Sánchez*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Periodista
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Contralínea 413 / del 23 al 29 Noviembre de 2014
