Jorge Luis Sierra*

La iniciativa que reforma la Ley de Seguridad Nacional que presentó el presidente Felipe Calderón al Senado de la República, de ser aprobada, sería un paso atrás en el proceso democrático, reduciría las facultades del Congreso, aumentaría las prerrogativas militares y alejaría definitivamente el país del diseño de un sistema de seguridad nacional en el que las misiones militares estén claramente orientadas a la defensa exterior, mientras las policiales a la protección de la seguridad pública.

Con la aprobación de la iniciativa enviada al Congreso el pasado 23 de abril, las prerrogativas militares crecerían dramáticamente.

Además de los espacios de autonomía que ya cuentan con la definición del presupuesto militar, la compra de armas, el fuero de guerra y el sistema de justicia militar, la propuesta de ley abriría la puerta para que las fuerzas armadas asuman el control de las operaciones del Estado en materia de seguridad y absorban toda la información de los sistemas de inteligencia públicos y privados del país.

De acuerdo con esta iniciativa, el sistema de inteligencia militar subordinaría legalmente a todos los aparatos de inteligencia civil y estaría facultado para exigir toda la información concerniente a los casos declarados como una amenaza a la seguridad interior. La iniciativa añade la obligación de cualquier individuo o entidad civil de entregar información que las fuerzas armadas consideren indispensable para el cumplimento de las misiones asignadas.

Hasta ahora, los militares mexicanos han estado participando en la lucha contra el narcotráfico sin un respaldo legal apropiado y sin la aprobación del Congreso para suspender las garantías individuales en las poblaciones donde se despliega la fuerza militar para combatir a la delincuencia organizada.

Preocupados por ese vacío legal, los militares mexicanos le presentaron al presidente Felipe Calderón una propuesta que éste aceptó y envió al Congreso de la Unión.

La iniciativa propone que el presidente, con ayuda de los miembros de su Consejo de Seguridad Nacional, declare la existencia de una afectación a la seguridad interior y pida la intervención directa de las fuerzas armadas. El texto de la iniciativa no hace ninguna referencia al artículo 29 constitucional que establece la obligación presidencial de obtener la aprobación del Congreso de la Unión antes de suspender las garantías constitucionales para enfrentar “una invasión, una perturbación grave de la paz pública o una que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

En lugar de proponer un sistema de seguridad nacional basado en un proceso de definición de los intereses y objetivos nacionales en el que participan una comunidad de seguridad y defensa integrada por funcionarios civiles y militares así como representantes de organizaciones privadas relevantes para la seguridad nacional, como ya existe en Chile, Argentina o Brasil, la iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo mexicano se limita a ser un compendio de procedimientos gubernamentales para declarar un estado de emergencia sin pasar por la autorización previa del Congreso.

En contraste con la definición detallada de procedimientos legales en el texto de la iniciativa, los criterios para declarar ese estado de emergencia son vagos.

El texto indica, por ejemplo, que estos supuestos afectan la seguridad interior:

I. La sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa; .

II. Agresiones directas a las instancias o los integrantes del Consejo; .

III. Actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, entidad federativa o región, y la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones sea insuficiente o ineficaz; IV. Actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad o población, y .

V. Cualquier otra situación que, de no atenderse de inmediato, podría derivar en una perturbación grave del orden o de la paz pública o poner a la sociedad en grave peligro o conflicto.

En otras palabras, quedaría a discreción del presidente de la república la definición de un evento como amenaza a la seguridad interior. Con una definición tan amplia el presidente podría ordenar la intervención de las fuerzas armadas en el caso de que, por ejemplo, una manifestación popular, legítima o no, cobre tintes violentos y, a juicio del Consejo de Seguridad Nacional, sea un acto que ponga “en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio”.

Actualmente, el concepto jurídico de riesgos y amenazas a la seguridad interior está expuesto en el Código de Justicia Militar que limita su alcance a los delitos de rebelión militar, cuando se alzan en armas elementos del Ejército contra el gobierno de la República, y el de sedición, cuando un grupo de 10 o más personas se reúnen para resistir a una autoridad.

Los cambios más recientes del gobierno mexicano en materia de seguridad van también encaminados a fortalecer las prerrogativas militares. El presidente Calderón decidió destituir a Sigrid Artz como secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional y nombrar en su lugar a Monte Alejandro Rubido García. La diferencia entre ambos en relación a cómo conciben la relación con las fuerzas armadas es importante.

Artz tiene una larga trayectoria como consultora del Partido Acción Nacional y su producción académica incluye una crítica a la preservación de las prerrogativas militares que las fuerzas armadas obtuvieron en las siete décadas de predominio del Partido Revolucionario Institucional.

Rubido, en cambio, tiene una larga trayectoria operativa en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que incluye el desarrollo de sistemas de inteligencia política y la creación de centros de espionaje en los gobiernos estatales. Hasta ahora, públicamente, Rubido ha mantenido un respaldo sólido a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y, en general, contra la delincuencia organizada.

Al ampliar el contenido del concepto de seguridad interior, la iniciativa de ley facultaría al presidente a evadir la aprobación previa del Congreso y reducirla a una opinión de una comisión bicamaral cuyos integrantes pasarían por procedimientos similares de selección, revisión de antecedentes y medición de la confiabilidad de un agente de inteligencia o seguridad nacional.

Escrita con faltas de ortografía, la iniciativa repite además el viejo error autoritario de confundir la seguridad de la nación con la seguridad del Estado.

Los especialistas en la materia han insistido por años que la seguridad nacional integra a la seguridad del Estado, pero no se reduce a ella ni es equivalente. Ese error de interpretación fue la base que las fuerzas armadas usaron para justificar su intervención y realizar los golpes militares en América Latina cuando concibieron a la oposición política al Estado como una amenaza a la seguridad nacional y actuaron en consecuencia.

*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington