De entre los derechos de los mexicanos, los de la libertad de expresión y de escribir han estado siendo objeto de graves intentonas y hechos consumados por minarlos. Esto por parte de funcionarios federales, empresarios y desgobernadores que, aparte de ladrones, se comportan como los delincuentes del narcotráfico, para agredir, asesinar, criminalizar y amenazar a los trabajadores del periodismo escrito, audiovisual y oral de los medios de comunicación e internet. Aprovechando para esto, la sangrienta inseguridad que se abate contra la población sobre todo el territorio, la incontenible corrupción de los funcionarios federales, municipales y de los 32 estados, donde participan empresarios y banqueros en una red para el lavado de dinero, tanto de ellos como de los narcotraficantes. Así es como se aprovechan para, asimismo, atacar las libertades de prensa que han estado exhibiendo, en informaciones veraces y críticas, a esa fauna criminal.
Y, para rematar esa avalancha de vilezas, hasta un ministro de la Suprema Corte intentó, más que judicializar las libertades de expresión y de escribir, criminalizarlas para tratar de derogar sus principios constitucionales. Para muestra de esto resulta que Andrés Manuel López Obrador-Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido de la Revolución Democrática apoyados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero de la Constitución en materia del derecho de réplica. Y cuya propuesta fue realizada por el ministro Alberto Pérez Dayán, lo cual limitaría esa libertad. Tesis que afortunadamente fue desechada (ver las amplísimas notas de la reportera Diana Lastiri, en El Universal, 4 y 12 de noviembre de 2016).
De entre los muchos casos contra esas libertades de prensa, continúan en la discusión los de Carmen Aristegui con los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, quienes fueron objeto de censura definitiva en su noticiero en la empresa de MVS-Vargas, donde metieron la mano negra inquisitorial Enrique Peña y su vocero Eduardo Sánchez, en un hecho de abuso del poder, como sucedió cuando Luis Echeverría arremetió contra el periódico Excélsior de Julio Scherer, y sus periodistas y trabajadores. O el golpe inquisitorial de Ernesto Zedillo-Vicente Fox-Felipe Calderón contra José Gutiérrez Vivó, para culminar con la supresión de Monitor, en complicidad con los Aguirre de Radio Centro. Todo esto, pues, rematado por el atrevimiento autoritario de Morena-López Obrador y el PRD para reducir el derecho de réplica hasta querer que aunque la información y crítica fuera verídica como hechos, los periodistas fueran sancionados si funcionarios y particulares se decían ofendidos.
El otro caso es el del analista, investigador y periodista Sergio Aguayo, quien está en la mira de una demanda por 10 millones de pesos, acusado por Humberto Moreira, el exdesgobernador de Coahuila (y expresidente del Partido Revolucionario Institucional que avaló la postulación de Peña al cargo que ahora ocupa), por haber opinado sobre el encarcelamiento de éste en España como presunto responsable de corrupción. El otro pretexto que esgrimió Moreira para atacar a Sergio Aguayo es que éste puso el dedo en la llaga sangrienta de los 300 homicidios en Coahuila cuando ese Moreira era el desgobernador de estado. Esto, obviamente lleva la finalidad de que el periodista e investigador de El Colegio de México no siga abordando la masacre de más de 300 personas que perpetraron Los Zetas en el municipio de Allende.
Es claro que en los casos de Aristegui y Aguayo estuvo metida la mano del abuso del poder presidencial. En el caso de la periodista, Peña maniobró a través de Eduardo Sánchez para que MVS-Vargas ejecutara la censura y el despido de los reporteros que pusieron al descubierto la corrupción de los esposos Rivera-Peña. Y en el caso de Aguayo, directamente Moreira interpuso la demanda para tratar de que el periodista detenga su investigación y, críticamente, mantenga su difusión. Así que los hechos demuestran que Peña y su amigo empresarial censuraron a Carmen Aristegui por haber cumplido con su deber periodístico, como fue evidenciado en el foro “La sentencia contra el libro de la casa blanca, ¿una amenaza a la libertad de expresión?”, celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El caso de Sergio Aguayo también ha sido una censura.
En ambos casos se dieron fallos judiciales que interpretan y resuelven anticonstitucionalmente para favorecer, con inquisiciones judiciales, los abusos del poder político y económico, enviando mensaje a los periodistas para que dejen de ejercer las libertades de escribir y difundir lo que cosecha el periodismo de investigación.
Álvaro Cepeda Neri
[Defensor del periodista]
Contralínea 553 / del 21 al 27 de Agosto de 2017
