Luchar por la presentación con vida de eperristas, más allá de ideologías

El libro Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, lucha por su presentación con vida que trasciende familia y militancia política es una obra que está dirigida a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, al conjunto del movimiento popular y al pueblo en general. En él expresamos la experiencia colectiva de una década de lucha en la exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, una particularidad que expresa la generalidad del fenómeno de la desaparición forzada en México, que hoy cientos de miles de familiares se encuentran en similar condición.

El tema de la desaparición forzada en nuestro país es abordado desde distintas aristas, un fenómeno exponencial que cobra dimensiones cada vez más alarmantes en un contexto de terrorismo de Estado. Lo vital en la actualidad es encontrar las causas que originan el cometido de crímenes de lesa humanidad, reconocer en las víctimas la singularidad que los identifica como hermanos de clase.

A través de ocho capítulos y 439 páginas se exponen los matices que adquiere la desaparición forzada en nuestro país; se parte de un caso en particular, el de los luchadores sociales Gabriel y Edmundo, porque es un caso que por diversos medios en específico ha desarrollado importantes avances, que a la postre descuella en experiencia metodológica, jurídica, política y de derechos humanos.

Es un material bibliográfico que dedicamos a todos quienes son víctimas del terrorismo de Estado, porque consideramos que por muy fuerte que es el dolor de tener a un familiar o un ser querido en esta condición inhumana, la actitud combativa se antepone y surge la voluntad de luchar y de exigir la presentación con vida; reconocemos en cada acto de protesta, la dignidad humana que impide abandonar a un ser querido por muy adversas que sean las circunstancias.

Por supuesto a los familiares de Gabriel Alberto y Edmundo, quienes en una década de lucha nos dan el testimonio que es imposible dejar de exigir presentación con vida y juicio a los responsables, porque no sólo es el luchador social, el revolucionario, es el padre cariñoso, el hermano ejemplar, el amigo en momentos de tristeza, es el hombre…; diez años se dicen fácil, y el sólo hecho de mencionar cientos de recuerdos se evocan en la mente, porque en este espacio y tiempo, vivimos juntos el hostigamiento y el intento por hacernos desistir; cientos de veces nuestras huellas se dibujaron en la franja oscura del pavimento de las calles, nuestras voces se unieron al unísono en las consignas, por lo que son nuestras compañeras, y merecen nuestro reconocimiento por tan loable labor.

Estas líneas también están dedicadas a nuestras compañeras Sebastiana Pérez; Rosa Morales Díaz; María Sántiz y Alfredo Morales, todos ellos padecieron en carne propia los flagelos represivos de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial; a través de estos crímenes el Estado mexicano les arrebató al esposo, al hijo, a pesar de ello y las marcadas limitaciones culturales, salen y dan la cara para exigir justicia, y no se esconden tras el amparo que brindan los cuerpos represivos que dotan de impunidad a los perpetradores, como lo hace el gobierno mexicano.

No podíamos dejar de lado a las connotadas personalidades quienes en distintos momentos formaron la Comisión de Mediación entre el PDPR-EPR y la Secretaría de Gobernación y hoy la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda; cada una con su esfuerzo y con la participación de elementos con una alta calidad moral, abonaron para evidenciar que lo cometido contra estos luchadores sociales no puede menos que tipificarse como desaparición forzada de personas.

Sintetizar 10 años de experiencia colectiva es algo que resultó complejo, sin embargo, al ser una necesidad imprescindible, lo que quedaba de frente es iniciar esta tarea y hoy ese esfuerzo se consagra en este libro. Si bien, pudiera parecer acotado, para nosotros es de vital relevancia en cuando aborda lo esencial que ayuda a definir que el momento actual por el que nos conducen quienes gobiernan nuestro país, es la política del terrorismo de Estado.

Partimos de un caso en específico, en él nos apoyamos para definir las categorías, conceptos, metodología y formas organizativas que nos ayuden a conducir de manera más adecuada nuestros esfuerzos, pero es también, el caso que coadyuva a comprender el fenómeno en su generalidad, en todas sus partes, por lo que paso a paso, eleva en un mismo tiempo y espacio la denuncia política de la violencia institucional y las formas de hacerle frente.

En diez años se tuvo que librar el estigma, sobre quienes decidimos brindar la solidaridad a los familiares de quienes hoy son reconocidos como lo que son, revolucionarios de este siglo. La elaboración de expedientes incriminatorios es la política gubernamental para intentar hacernos desistir, y así configurar el perfil de la siguiente víctima.

Para nosotros no hay casos defendibles y otros no, todos sin excepción son hijos del pueblo, por lo tanto, deben ser abrazados por éste con el calor de la solidaridad. Cuando un burgués cae en desgracia, un político de oficio o representante del alto clero y cúpula militar, entre ellos no se escatima recursos y medios para acuerpar al de su similar condición, ¿Por qué entonces entre hermanos de clase habríamos de negarnos la solidaridad? ¿Por qué habríamos de secundar la verborrea oficial de que las víctimas en algo andaban?

El libro parte en establecer de manera clara y con estricto apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, el concepto de desaparición forzada de personas, pero a la vez nos define la especificidad con que se ejecuta en nuestro país, por lo tanto, se precisa que ésta se comete por motivos políticos o sociales.

No se trata de anteponer una barrera infranqueable entre unos casos y otros, mucho menos de elaborar ecuaciones semánticas que empañen aún más lo escenario de terror, es con el ánimo de observar el fenómeno en sus partes, en lo específico que nos ayude a comprender lo particular y lo general.

Exponemos que en este espacio y tiempo que se comete la desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo a la de los 43 normalistas de Ayotzinapa, media todo un proceso de represión generalizada que a la postre configuró una política de Estado sin tapujos. Entre ambos casos existe la continuidad en el cometido de crímenes de esta naturaleza, sin embargo, lo que debemos destacar son los rasgos particulares.

El caso de los dos revolucionarios expresan el aspecto cualitativo del fenómeno, porque nos ilustra que en el cometido del crimen contra su persona, es por su militancia política en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), por lo tanto, son sus convicciones políticas las que se quieren quebrantar, al mismo tiempo que la de sus familiares y compañeros de lucha. Cualquier riguroso en la investigación no puede desconocer que sus compañeros los definen como comunistas consecuentes que aún en el potro de la tortura, libran con singular ahínco esa batalla.

Jamás el movimiento popular nos podemos abrogar el derecho de colocar en tela de juicio tal cualidad, no corresponde ser juez de tales convicciones políticas, por esa razón, invitamos antes de formular cualquier juicio, a echar un vistazo a las páginas de este libro, a través del cual la experiencia de sus familiares nos ayudan a elaborar una cotidianidad que forja a un luchador por el ideal de la trasformación radical de la sociedad, a un revolucionario.

El libro aborda el tema de la desaparición forzada desde el crisol de distintas ramas del conocimiento científico, es así que existe un capítulo especial para que desde la ciencia del derecho se coloquen los juicios para entender la relación Estado-Derecho, es decir, la relación entre el interés del poder económico hecha ley.

Resultará irónico que la necesidad de una ley contra la desaparición forzada se encuentre abordado en otro de los capítulos, sin embargo, en ésta relación Estado-Derecho existe también la relación de la lucha de los explotados y oprimidos, por lo tanto, existen pequeños espacios que se conquistan a costa de la participación combativa de las masas trabajadoras en coordinación con otros esfuerzos de personalidades y juristas.

Desde la psicología atendemos el aspecto del daño al ser psíquico, como uno de los efectos que tiene la desaparición forzada en el conjunto de sensaciones y percepciones en el ser humano, y más en específico en su cerebro. Entendemos que un crimen de esta natura es con el objetivo de no sólo dañar a la víctima directa sino a todo su entorno social, inhibir su capacidad de adaptación creativa a un escenario adverso, por lo tanto, impedir que luche por mejorar sus condiciones de vida.

Con el terror se pretende coartar la relación adecuada entre la conciencia y la práctica creadora, situación que acompaña al ser humano de forma inherente, pero que actualmente pareciera que esta capacidad se encuentra extraviada y se atribuye el clima de violencia a fuerzas desconocidas. Explicamos aquí que muchos de esos males psíquicos aparentemente sin explicación, son paridos desde el régimen, el sistema y la sociedad capitalista.

El libro es el testimonio de una historia de lucha, de una historia que tiene a su centro protagónico al pueblo mismo, a sus hijos que son víctimas de prácticas deleznables como la desaparición forzada; es una historia que no tiene punto final, porque se escribe día con día, en cada acto de nuestras vidas para dignificar a los detenidos desaparecidos, para arrancarlos de las garras del olvido y del anonimato, es una historia que escribimos quienes asumimos esta noble labor de no abandonar en el camino a un hermano de clase.

Vienen las entrevistas y testimonio de los familiares de Gabriel y Edmundo, quienes a diez años las vimos crecer y desarrollarse en la lucha por la presentación con vida de sus seres queridos, Margarita no es la misma de hace diez años, hoy con valor y amor a su familiar no desiste Hasta Encontrarlos, recogemos una parte de la entrevista que podrán apreciar en este libro: “Siento que he dominado un poco ese temor, por eso en los mítines hablo, porque siento la ausencia de mi hermano, pero cuando tomo el micrófono me hace sentir que mi hermano sigue vivo”; Nadin y su madre Lucina, día con día muestran valor y amor profundo a su ser amado: “En nuestra memoria y corazón donde habitan, los mantenemos siempre para no olvidar”.

Es importante para nosotros destacar el papel de Doña Eulalia Amaya Pérez, madre del luchador social Edmundo Reyes Amaya, quien hace 10 años tenía 80 años de edad, fue uno de los primeros familiares que hizo pública la desaparición forzada de su hijo y exigió al gobierno mexicano su presentación con vida. Por cuestiones de salud, la vida no le permitió continuar con esta lucha. Se nos fue sin conocer el paradero de su hijo, en nuestra memoria e historia colectiva la tenemos presente.

En el Epílogo damos cuenta de los crímenes que cometieron contra nuestra organización por brindar la solidaridad a los familiares; el asesinato político del compañero Héctor Sántiz López; el intento de ejecución extrajudicial contra 5 integrantes del FNLS en la Ciudad de México; la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz; la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz; como un breve muestrario de la política de gobierno de acallar la denuncia de un crimen con el cometido de otros más.

Es un merecido reconocimiento a quienes se sobreponen al dolor, que aún con las cicatrices de las heridas, y muchas de ellas quizá no lleguen a sanar hasta que el Estado mexicano presente con vida a sus familiares, hoy son una muestra de la valentía, gallardía. Hay mucho heroísmo en nuestro pueblo, aquí tenemos un ejemplo.

De manera paulatina el singular deja de existir, hemos cambiado el pronombre “mi” por el “nosotros”, hemos hecho de los detenidos desaparecidos “nuestros” hermanos de clase, poco a poco, no es el vínculo consanguíneo o político el que nos llama a mantener en alto las banderas de presentación con vida, es identificar en ellos, a un elemento en similar condición que todos nosotros, explotados y oprimidos. Por eso el título es Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Lucha por su presentación con vida que trasciende familia y militancia política.

A una década de lucha, cada una de las colectividades hemos abstraído experiencias, aprendido de los errores, pero sobre todo, reforzado nuestras convicciones, porque el caso que hoy nos ocupa, nos llamó a brindar la solidaridad apenas a un año de habernos conformado como esfuerzo organizativo. Hoy en este libro refrendamos, no perdonamos, no olvidamos, no nos cansamos, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

En el Estado de México, insuficientes medidas ante feminicidios: OCFN

En el marco del contexto electoral en el Estado de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hace un balance sobre la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad para que las candidatas y candidatos tomen en cuenta en su agenda política los desafíos pendientes en materia de violencia contra las mujeres y acceso a una vida libre de violencia.

Después de analizar la implementación de la Alerta de Género, el OCNF considera que los esfuerzos realizados hasta el momento han sido muy importantes, pero insuficientes.

El balance realizado por el OCNF analiza las acciones implementadas por parte del gobierno del Estado de México divididas en tres ejes fundamentales: seguridad, justicia y prevención. Este balance también señala los desafíos que presenta esta grave problemática.

Medidas de seguridad

Publicar en lugares estratégicos y divulgar los alcances de la Alerta de Violencia de Género con información accesible a la población.

Avance: En mayo de 2016 se lanzó la campaña “No dejemos que las arranquen de nuestra vida” con el objetivo de que la ciudadanía conozca las obligaciones estatales en materia de feminicidio y desapariciones y sepa las acciones de prevención que se están emprendiendo en el marco de la Alerta.

Desafío: Se requiere mayor difusión por parte de las autoridades municipales sobre las acciones de prevención y seguridad dirigidas a las mujeres, principalmente en las zonas de mayor riesgo para que la ciudadanía pueda exigir protección a las autoridades ante hechos de violencia familiar, sexual, feminicidio y desapariciones.

Publicación del Protocolo Alba y del Decreto Administrativo del Gobernador del Estado para que las autoridades proporcionen atención inmediata en casos de desaparición de niñas y mujeres con base en criterios internacionales.

Avance: Se trabajó en la actualización del Protocolo Alba, publicado mediante un acuerdo interinstitucional el 23 de marzo de 2017. Además, se diseñó un mecanismo para la búsqueda inmediata durante las primeras 24 horas de una desaparición, coordinado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, asimismo se han conformado células de reacción inmediata de policía municipal.

Desafío: Instalar un mecanismo interinstitucional de evaluación y seguimiento sobre la implementación del Protocolo Alba, a cargo de la Secretaría de Gobernación, con participación de la sociedad civil. Es fundamental garantizar los recursos humanos y materiales para que las células de búsqueda municipales tengan un funcionamiento adecuado.

Medidas de justicia

Conformar un grupo de especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que se encargue de diagnosticar los expedientes en archivo o reserva, relacionados con feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, e identifique las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

Avance: En noviembre 2015 se publicó el Acuerdo 22/2015 para conformar el Grupo de Revisión de Expedientes relacionados con Homicidios Dolosos de Mujeres y Feminicidios en reserva o archivo, integrado por nueve agentes del Ministerio Público. De un total de 569 averiguaciones previas (de enero de 2005 a julio de 2015), el grupo informó sobre la revisión de 258 expedientes de casos que ya no se estaban investigando. En el 10 por ciento de estos expedientes se pudo identificar a los probables responsables. Hasta el momento se desconoce el informe final con los resultados de la revisión total de expedientes.

Desafío: Institucionalizar y fortalecer el grupo de revisión para que supervise la implementación del protocolo de feminicidio, que incluye la identificación de responsables y la revisión de expedientes.

Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores/as públicos que violen el orden jurídico aplicable en materia de violencia de género

Avance: El 24 de noviembre de 2015 se creó la Mesa Única de Trámite para la Atención a los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Desafío: Reformar la legislación para que los casos de omisiones o negligencias por parte de servidores públicos sean considerados como delitos graves y no proceda la prescripción de los mismos por tratarse de una violación a los derechos humanos.

Medidas de prevención:

Los avances en el cumplimiento de las medidas de prevención contempladas en la Alerta de Género fueron mínimos.

Desafíos: Es primordial avanzar en su fortalecimiento para reducir los feminicidios y otros tipos de violencia contra las mujeres. También se deben promover acciones que generen cambios de actitudes en las y los servidores públicos, así como en la población a través de la elaboración de una estrategia educativa efectiva para la deconstrucción de la discriminación contra las mujeres.

Después de casi cinco años de litigio y la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, el 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios del Estado de México (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco) con la finalidad de diseñar y ejecutar medidas de justicia, seguridad y prevención para atender, de manera urgente, la problemática de la violencia contra las mujeres y detener su incremento.

Sin embargo, el contexto actual sigue siendo preocupante. De acuerdo con las cifras más recientes proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de enero de 2015 a diciembre de 2016, se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales el 47 por ciento de los casos (296) fueron investigados como feminicidios. Sobre el tema de violencia sexual contra las mujeres en el Estado de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en el 2016 se denunciaron 2 mil 148 casos de violación, mientras que, de enero a febrero de 2017, han sido denunciados 302 hechos.

Es claro que los desafíos que se presentan ante la grave problemática de violencia feminicida en el Estado de México requieren continuidad a las políticas públicas establecidas y de la evaluación y seguimiento de su efectiva implementación. Por ello, el OCNF hace un llamado a las candidatas y candidatos a la gubernatura del Estado de México para que ofrezcan propuestas y acciones claras para continuar con la implementación de las medidas de seguridad, justicia y prevención de la AVG que deben ser adoptadas como prioridad dentro del diseño de su política de gobierno, con el fin de erradicar la violencia feminicida en el Estado de México.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

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