A pesar de las ineficiencias mostradas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz procesado por múltiples delitos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue aportando evidencias de las atrocidades que este político “ex” priísta cometió en perjuicio de centenas de veracruzanos.

El pasado 12 de junio, la ASF presentó la trigésimo séptima denuncia penal contra el gobierno de Veracruz y quien resulte responsable por su probable responsabilidad en la simulación de reintegros.

A lo largo del sexenio, la Auditoría documentó irregularidades por más de 35 mil millones de pesos que afectaron a la hacienda pública federal, por las cuales también presentó denuncias penales ante la PGR.

Hay que recordar que el ámbito de actuación de la ASF se reduce a fiscalizar los recursos que la federación entrega a las entidades y no todo el presupuesto que ejercen, por lo cual es probable que los desfalcos que cometieron Duarte y su banda implicaron mucho más dinero público.

Lo documentado hasta ahora por la Auditoría basta para darnos una idea del tamaño del robo. A los 35 mil millones observados hasta la Cuenta Pública 2015, se le suman otros 1 mil 305 millones de pesos que reclama ese órgano de control, sólo correspondientes a los recursos destinados en 2016 a Veracruz para infraestructura. Aparte hay otras observaciones millonarias.

Pero en el caso del dinero para infraestructura son tres las anomalías detectadas que suman daños por 1 mil 295 millones 730 mil 798 pesos, más sus rendimientos. El dinero corresponde a los recursos totales de cuatro programas de fortalecimiento financiero y al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, por 2 mil 856 millones 863 mil pesos.

De ello se deriva que las irregularidades por más de 1 mil 295 millones representaron el 45.3 por ciento del total. El dinero estaba destinado a 629 proyectos de infraestructura, a apoyar el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión del estado, refiere la “Auditoría de inversiones físicas 16-A-30000-04-1661, programas y fondos federales en el estado de Veracruz”.

De las tres irregularidades, el mayor perjuicio a las finanzas públicas se documentó en el pliego de observaciones 16-A-30000-04-1661-06-002. En éste, la Auditoría Superior determina que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por un monto de 931 millones 574 mil 202 pesos”, del Programa de Fortalecimiento Financiero.

Este monto se integró por 931 millones 506 mil 860 pesos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 en su objetivo ni reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), y 67 mil 342 pesos “que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago” al cierre de ese mismo año.

Según la ASF, la observación subsiste respecto de un subejercicio por 627 millones 669 mil pesos de los 1 mil 112 millones 62 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero a cargo de la administración de Duarte, “de los cuales se desconoce su destino y aplicación”; y por 303 millones 837 mil pesos de los 1 mil 100 millones “a cargo de la actual administración [de Miguel Ángel Yunes], los cuales tampoco se ejercieron ni fueron reintegrados a la Tesofe dentro de los primeros 15 días enero de 2017”.

La segunda irregularidad multimillonaria se refiere a un probable daño o perjuicio al erario por 323 millones 942 mil 761 pesos, más los rendimientos financieros generados, vinculados al Fondo Regional, “de los cuales no se acreditó su ejercicio o reintegro a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016, término del plazo autorizado”.

Según el informe, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz se lavó las manos, al asegurar que en el acta de entrega-recepción del cambio de administración –entre el gobierno interino de Flavino Ríos, quien sustituyó a Javier Duarte por el escándalo de corrupción, y el gobierno de Miguel Ángel Yunes– “no se encontró evidencia del uso y destino de los recursos comprometidos del Fonregión por 323 millones 942 mil pesos”.

La Secretaría también afirmó “que en la cuenta específica de los recursos de dicho fondo sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos al 30 de noviembre de 2016, por lo que el gobierno de Veracruz no se encontraba en condiciones de efectuar el reintegro de la cantidad observada a la Tesofe; y que al mes de abril de 2017 estaba integrando los expedientes para interponer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes”.

Finalmente una tercera observación da cuenta de otro desfalco multimillonario cometido por el gobierno de Duarte. En el pliego de observaciones 16-A-30000-04-1661-06-003, la Auditoría Superior señala que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por 40 millones 213 mil 834 pesos, más los rendimientos financieros generados, por los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016 que no se ejercieron al 31 de diciembre de 2016 ni se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

Sobre esta observación, indica el máximo órgano de fiscalización de México que la Secretaría de Finanzas estatal “no acreditó el compromiso de recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 40 millones 213 mil pesos al 31 de diciembre de 2016, ni su reintegro a la Tesofe, no obstante que la actual administración informó que se encuentra elaborando la denuncia respectiva ante las autoridades pertinentes”.

Ante este cúmulo de anomalías, la ASF dictamina que “de los 2 mil 856 millones 863 mil pesos ministrados al gobierno de Veracruz con cargo en el Fortafin y Fortalece en 2016, se determinó un monto de 1 mil 304 millones 866 mil pesos que deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y ejercicio de dicho importe en los proyectos autorizados”.

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Contralínea 550 / del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017