Abogado de profesión y político de oficio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sabe que ningún detenido o acusado es culpable hasta que un juez dicta sentencia y así lo determina. Entonces cualquier persona que enfrenta una acusación penal no debe ser sometida al desprestigio público y menos si los señalamientos provienen de alguna autoridad, como sucedió el 10 de enero pasado, cuando se refirió al caso del exfutbolista de los Rayados de Monterrey, Omar Gato Ortiz.
En un acto público, Calderón aprovechó la fama del exfutbolista y el impacto que causó en la sociedad su detención por acusaciones de participar supuestamente en el secuestro de varias personas, para exhibirlo como un ejemplo de la descomposición social que han causado el crimen organizado y el narcotráfico en todos los sectores sociales de México, incluido el gremio futbolístico.
El presidente, más que cualquier otro mexicano, tiene la obligación legal, moral y ética de respetar y hacer guardar las leyes y la Constitución. Por lo tanto, fue un error buscar los reflectores con este caso penal, que está en proceso, para justificar su violenta “guerra” en contra del crimen organizado, pues el expediente apenas está en integración y todavía falta que algún juez determine si Ortiz es culpable o no.
El jefe del Ejecutivo debe guardar la serenidad y actuar con prudencia cuando se refiera a la detención de alguna persona que sea acusada de la realización de un delito y no declarar como lo haría cualquier ciudadano que emite comentarios u opiniones de lo que sucede en el país. La investidura presidencial le exige ser el primero en respetar la Constitución y los derechos humanos, incluso de los presos y procesados por delitos.
En su calidad de máxima autoridad del país, Calderón debió esperar a que otra autoridad distinta, como es el Poder Judicial, determinara si el futbolista es culpable de los delitos que se le imputan para hacer referencia a éstos, y no utilizarlo antes como un escarnio público para hablar de lo importante que es su combate a la delincuencia organizada.
En lo que sí tiene razón Calderón es en la terrible descomposición social generada por la violencia extrema actual y la confrontación armada que se libra en lugares públicos y que se salió del control gubernamental. Esto ha provocado miles de víctimas inocentes que nada tenían que ver con ningún delito y que han sido clasificados como “daños colaterales” por el propio mandatario.
Nos guste o no, Omar Ortiz tiene derechos que deben ser salvaguardados (como el derecho a una defensa adecuada y a la secrecía del proceso) por las leyes y cumplidos por las autoridades, más allá de su responsabilidad o no en los delitos por los que lo acusan.
¿Qué pasaría en el supuesto de que un juez decretara la libertad de Ortiz por falta de pruebas o cualquier otra causa? Entonces el presidente se vería obligado a ofrecerle disculpas por el escarnio público que hizo.
Lo mismo sucede con otras detenciones de supuestos delincuentes que, antes de ser juzgados, son llevados a la picota de los medios de comunicación y presentados por las distintas autoridades federales y estatales como culpables sin haber enfrentado ningún juicio. La situación es tan grave que las comisiones de derechos humanos deberían de intervenir para frenar esta exhibición pública que han convertido en un circo promovido por los gobiernos.
Es de por sí alarmante el uso del lenguaje en diversos medios, en el que se culpa a los sujetos a procesos penales sin la debida precaución de precisar que se trata de imputaciones que tienen que ser sometidas a tribunales judiciales para que se dicten las sentencias respectivas, y es sólo hasta entonces cuando se determina si son o no responsables. De tal manera que la violencia que vemos todos los días en las calles se ha trasladado también a la verbal en los distintos medios de comunicación que, algunos de éstos de forma irresponsable, utilizan para llamar aún más la atención pública.
En el caso de Ortiz algunas notas de prensa, entre éstas la de la agencia española EFE, señalaron que el futbolista permanecerá 30 días bajo detención domiciliaria, para definir la investigación sobre los dos secuestros en los que el Ministerio Público lo involucra, según reportó la Fiscalía de Nuevo León.
“Ortiz participó [supuestamente] en el secuestro de dos comerciantes, uno de ellos era un vecino que vivía en su colonia [barrio]”, indicó un portavoz de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, sobre la investigación que culminó con la captura del exportero, el 7 de enero pasado.
Para darle tiempo a las autoridades de ampliar las indagaciones por ese delito, Ortiz deberá permanecer al menos 30 días detenido en un domicilio. El lugar donde cumplirá su prisión preventiva no será revelado, indicó la Fiscalía, para darle seguridad al detenido. Las primeras investigaciones ministeriales indican que el exjugador recibió alrededor de 100 mil pesos por proporcionar información para la realización de los secuestros de comerciantes de la región.
También está imposibilitado para jugar futbol profesional desde abril de 2010, cuando fue sancionado por dar positivo en una prueba antidopaje que se practicó en el Instituto de Medicina del Deporte de Cuba. Su inhabilitación concluiría en abril próximo.
*Periodista
