Se dice que el Partido Acción Nacional (PAN) se parece mucho al Partido Revolucionario Institucional (PRI), principalmente por los 12 años que gobernó al país y alentó la corrupción institucional. Ahora es el PRI el que se parece más al PAN después de ganar las elecciones presidenciales de 2012.

Y la comparación no deja lugar a dudas. El escándalo del secretario de Energía, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, en su dualidad de servidor público y contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), nos hace recordar a aquel secretario de Gobernación, el panista Juan Camilo Mouriño, quien también obtuvo contratos de Pemex cuando era burócrata y presidía al mismo tiempo su empresa familiar.

Dos secretarios de Estado, militantes de distintos partidos políticos, en igualdad de conflicto de intereses y tráfico de influencias para obtener contratos del sector energético que representaron, uno en el sexenio pasado y otro actualmente, las empresas privadas en donde son propietarios.

Para Juan Camilo Mouriño esa información publicada por Ana Lilia Pérez en Contralínea significó en aquel año su muerte política, pues era el candidato elegido por Felipe Calderón para sucederlo. Para Pedro Joaquín Coldwell ha sido hasta hora un duro golpe a su credibilidad e imagen pública, por más que afirme en conferencias de prensa que no hay conflicto de interés alguno y aunque la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos lo contradiga.

Por supuesto que la maquinaria de manipulación de la justicia en ambos gobiernos (panista y priísta) se echó a andar y ha defendido, respectivamente, a sus secretarios de Estado; pero la verdad es que la sociedad ya emitió un juicio contundente y, al igual que en el pasado, encuentra como responsable al actual titular de Energía, quien debería pensar en retirarse por omitir, cuando asumió esta responsabilidad, renunciar a sus acciones en la empresa privada, sin importar que su participación se remonte a muchos años atrás.

¿Qué pasará legalmente? No lo sabemos, porque los expedientes están en poder de la Secretaría de la Función Pública, órgano dependiente del Ejecutivo y, por consiguiente, Pedro Joaquín Coldwell podría ser absuelto de todas las acusaciones administrativas y penales en su contra. Pero lo que no podrá eludir el secretario de Estado son los señalamientos públicos de haber cometido actos considerados como corrupción.

El PRI es igual al PAN

Los recursos de la propia Secretaría de Energía (Sener) han sido utilizados para defender a su titular, Pedro Joaquín Coldwell, al afirmar en comunicado oficial que “la participación accionaria del secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye conflicto de interés ni viola ordenamiento legal alguno”, lo anterior debido a que “se trata de derechos accionarios adquiridos durante los años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009, con anticipación a su nombramiento como titular del ramo de energía”.

También se dijo que: “el secretario Pedro Joaquín Coldwell nunca ha interferido para solicitar beneficio alguno, como legislador o funcionario, para las empresas aludidas y ha reportado su participación accionaria en todas sus declaraciones patrimoniales como servidor público”.

Se añade: “el titular de la Secretaría de Energía no participa en la administración de las empresas citadas y se mantiene al margen de sus operaciones mercantiles”. Pero nunca renunció a su participación accionaria.

Los líderes del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República presentaron la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto separar del cargo al funcionario aludido, “por incurrir en los delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses, por contratos que él y su familia tienen con Pemex”.

Fue la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora de la fracción perredista, quien informó que, de acuerdo con los estados financieros de Pemex, el secretario Pedro Joaquín, su padre, hijos y un sobrino son propietarios de seis empresas con contratos vigentes con la paraestatal, lo cual está prohibido para él en su carácter de titular de la Sener.

Padierna detalló que Coldwell es propietario del 20 por ciento de las acciones de Combustibles Caleta, SA de CV; de 25 por ciento de las acciones de Combustibles de San Miguel, SA de CV, y de 25 por ciento de las acciones de Combustibles Tatich, SA de CV, constituida el 27 de diciembre de 2009; sus dos hijos, su padre y su sobrino participan también con el 25 por ciento de las acciones cada uno.

Según la denuncia, todas las empresas están localizadas en la isla de Cozumel, en Quintana Roo. En el capital social participan Fausto Nassim Joaquín Ibarra, padre del secretario; Pedro Óscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del funcionario, así como su sobrino Ignacio Nassim Ruiz Joaquín.

La senadora recordó que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que todos los trabajadores de Pemex están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que se tenga un interés personal, familiar o de negocios.

El caso Mouriño

En los periodos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual fue accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el entonces secretario de Gobernación.

Contralínea dio cuenta de que en 2003, cuando Mouriño se integró como asesor del entonces titular de la Sener, Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación otorgó a Ivancar fue sometido a licitación pública.

Los beneficios de la CNDH

Una extraña simbiosis ha ocurrido históricamente entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los órganos de procuración de justicia del país, en donde servidores públicos brincan de un lugar a otro como si fuera exactamente lo mismo defender las máximas libertades del ser humano que convertirse en policías persecutores y violadores de los derechos humanos.

Un ejemplo de lo anterior –aunque hay muchos más casos– lo representan los exprocuradores generales de la República: los priístas Jorge Carpizo y Jorge Madrazo Cuéllar, quienes ocuparon con disfraz la presidencia de la CNDH y fueron un desastre en la defensa de los derechos fundamentales en México.

Ahora, la crisis que enfrenta la Procuraduría al acumular espinosos expedientes que no sabe cómo atender (recordemos los casos por el desvío de recursos en la contratación de helicópteros que aún sigue pendiente y la corrupción de la empresa Oceanografía que involucra a políticos panistas), ha llevado a considerar en Los Pinos que ha llegado la hora de mover a su titular Jesús Murillo Karam, y entre los posibles sucesores se menciona, precisamente, al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

Actualmente la CNDH cuenta con una plantilla laboral de unos 1 mil 200 trabajadores, y una cúpula directiva compuesta por un presidente, quien tiene un salario de nivel de secretario de Estado; seis visitadurías, con homologaciones salariales de subsecretario; una Secretaría Ejecutiva y una Secretaría Técnica, con sueldos de directores generales, y los visitadores adjuntos con niveles de subdirecciones generales. Estos últimos, junto con los cinco directores generales, son quienes en realidad hacen la chamba.

De acuerdo con señalamientos internos, en la CNDH también se dan fenómenos de corrupción como nepotismo, amiguismo, recomendaciones políticas, favores personales, supuestos aviadores y hasta desvíos de recursos públicos para favorecer a familiares de algunos directivos. Aquí hay que destacar los gastos excesivos en viajes internacionales.

Por ejemplo, la asignación de vehículos para determinados funcionarios de la CNDH y adscritos a diversas áreas para evitar que la población se entere; el pago de viajes y gastos a familiares como esposas, hijos y otros parientes; elevados salarios a la cúpula directiva más bonos mensuales, semestrales y anuales; gastos médicos mayores; fondo de separación individualizada, en donde el directivo aporta una cuota y la CNDH la duplica; bono de desempeño cultural (¿?); prima vacacional; aguinaldo y vales de despensa mensuales, entre otras prestaciones. Tanto dinero público nos hace recordar a los magistrados electorales que se han puesto de moda en estos días.

Sólo por mencionar a algunos de los directivos de la CNDH en conflicto, está el primer visitador (el cargo más relevante después de su presidente) Luis Refugio García López Guerrero, cuyo hermano Artemio Refugio es el coordinador administrativo de la presidencia y su esposa Mónica está como secretaria del ombudsman.

Otro caso digno de señalar es el del secretario ejecutivo, Nabor Carrillo Flores, quien se había desempeñado en áreas de seguridad pública en el sexenio pasado bajo el mando del polémico Genaro García Luna y ahora tiene una responsabilidad mayor en la CNDH, aunque sus detractores aseguran que no hace nada y cobra mucho (132 mil pesos de sueldo, un bono mensual de unos 30 mil pesos y otras prestaciones que lo acercan a la nada despreciable suma de 200 mil pesos por mes).

Carrillo Flores se había desempeñado como comisario en la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales en la Policía Federal hasta el año pasado, pero su relación con el entonces titular Manuel Mondragón y Kalb era muy mala, por lo que renunció. En esa corporación era el responsable de controlar todo lo que tenía que ver con proyectos con Estados Unidos, como la Iniciativa Mérida, a donde llegaron cuantiosos recursos procedentes del vecino país.

Pero eso fue en el pasado, ahora es el secretario técnico de la CNDH y su relación con el ombudsman Raúl Plascencia no es mala, sino pésima, y a pesar de ello lo mantiene en el cargo. ¿Quién es el padrino de este policía infiltrado en la CNDH que recibe un salario integrado cercano a los 200 mil pesos mensuales?

*Periodista

Contralínea 388  / 02 de Junio al 07 de Junio