Son muchos los ejemplos de la impunidad presidencial. Priistas o panistas han sido lo mismo cuando se trata de asaltar las arcas públicas, proteger a delincuentes, coludirse con empresarios corruptos o simplemente ser omisos ante la corrupción y el abuso del poder.
Por mencionar sólo a los últimos cuatro presidentes, dos priistas y dos panistas, cómo olvidar el desvío de recursos públicos de Carlos Salinas de Gortari a través de la llamada “Partida Secreta”, la cual manejaba desde Los Pinos y distribuía miles de millones de pesos para beneficiar a familiares, amigos, subalternos, intelectuales, dueños de medios de comunicación y empresarios.
Todos recordamos el enriquecimiento ilícito de su hermano Raúl, quien, en abierto nepotismo, se mantuvo en cargos públicos y se convirtió en el comisionista de la Presidencia de la República para asignar contratos gubernamentales de obras y servicios a empresarios cómplices.
El expresidente ahora escribe ladrillos como libros para convencer a quienes los leen de que su gestión fue un buen gobierno y que los priistas sí saben gobernar, mientras que su hijo Emiliano dicta conferencias para exculpar a su padre y responsabilizar a todos los mexicanos de los males que aquejan al país.
El priista Ernesto Zedillo sustituyó a Salinas y la corrupción fue igual. Desde Los Pinos, permitía a sus hermanos la evasión fiscal y, cuando era necesario, los protegía para evitarles pagar los créditos que la Secretaría de Hacienda acumulaba en gruesos expedientes familiares.
O cómo olvidar aquellas conversaciones telefónicas que sostuvieron el suegro y el cuñado de Ernesto Zedillo con miembros del cártel de las anfetaminas que comandaban los hermanos Amezcua en el Norte del país. Notas periodísticas publicadas en su oportunidad y soportadas con documentos oficiales, los cuales aún guardo con celo periodístico en viejos archivos, así lo demuestran.
Después vendría el “cambio”. El Partido Acción Nacional (PAN) asumiría el poder con la esperanza de millones de mexicanos que le dieron el triunfo a Vicente Fox, que prometió combatir la corrupción. Pero ésta no sólo no disminuyó, sino que aumentó y se volvió más burda en su forma y modo de operar.
Sólo por mencionar un caso: desde Los Pinos se autorizaba a los hijastros para negociar contratos en Petróleos Mexicanos en beneficio de empresas privadas, las cuales otorgaban jugosas comisiones como gratificación. Esta historia la contó el propio Manuel Bribiesca Sahagún en dos amplias entrevistas.
En el actual gobierno, a cuyo presidente aún le faltan dos largos años, Felipe Calderón no sólo ha sido omiso para combatir la corrupción gubernamental, sino que hasta la ha fomentado. Este mandatario panista ha utilizado los recursos del Estado para perseguir a políticos de oposición y proteger a militantes panistas y miembros de su gabinete.
Un caso que en estas páginas hemos documentado ampliamente y que confirma lo anterior es el de Patrón Laviada. Hoy lo volvemos a mencionar porque el todavía procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, finalmente comprendió que es muy difícil mantenerse en el cargo con esas acusaciones después de que la Unidad de Inteligencia Financiera reunió un amplio expediente en contra de la familia del funcionario panista por supuestos vínculos con el crimen organizado y por lavado de dinero.
Hace 10 días, la reportera Adriana Alatorre publicó en el diario Reforma una pequeña nota donde informa que, antes del 15 de febrero, el titular de la Profepa dejará el cargo. El motivo, dice, “es que se incorporará a tareas políticas de su partido”, el PAN en Yucatán, de cara a las próximas elecciones.
La reportera explica que su renuncia “se da en medio de supuestas diferencias con el secretario de Medio Ambiente, y de acusaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información de avisar a una empresa para ampararse contra esta dependencia”.
Para conocer los motivos de su salida, Adriana Alatorre entrevistó al procurador y éste aceptó que abandona frustrado el cargo “por no haber tenido tiempo para concluir los pendientes”.
La realidad es otra. La presión que hay en contra de Patrón Laviada por las investigaciones que le realiza la Secretaría de Hacienda lo ha llevado a renunciar, pues resulta demasiado incómodo para el secretario del Medio Ambiente y para el mismo Felipe Calderón, quien hasta ahora había estado dispuesto a mantenerlo en el cargo bajo la premisa de que ningún periodicazo iba a motivar la renuncia de algún servidor público del gabinete panista.
Lo anterior lo ha cumplido Calderón de alguna manera con algún secretario de Estado, pues a pesar de haber señalamientos e investigaciones (en México y en el extranjero) por vínculos con los cárteles de la droga, ha decidido mantenerlo en el puesto sin importar las consecuencias.
Pero en el caso de Patrón Laviada, las cosas son distintas, porque aun con la orden de Felipe Calderón de desaparecer la Unidad de Inteligencia Financiera, el expediente elaborado por los expertos fiscalistas se ha hecho público y la oposición lo tiene en su poder y podría utilizarlo en las próximas elecciones presidenciales; así que había que apagar el fuego y hacer a un lado al procurador del Medio Ambiente para evitar mayores males.
El expediente abierto en poder de este reportero es un claro ejemplo de la impunidad presidencial de Calderón, pues a pesar de que la misma Secretaría de Hacienda presentó la denuncia penal en la Procuraduría General de la República en contra de los hermanos Patrón Laviada, por supuestas relaciones con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, el proceso no avanza porque “extraviaron” la acusación y los últimos tres procuradores se han negado a iniciarle la averiguación previa correspondiente.
Qué parecidos resultan los gobiernos panistas a las administraciones priistas.
*Periodista
