Para algunos, el Pacto por México es la única alternativa de solución a los graves problemas sociales que enfrenta el país: desigualdad, injusticia, pobreza extrema, desempleo, subempleo, delincuencia, alimentación, salud y educación; para otros, ese acuerdo partidista es sinónimo de impunidad, abuso de poder, imposición, privatización del petróleo y la entrega a trasnacionales de lo poco que aún queda a la nación.

Lo cierto, aceptan funcionarios de distintas áreas de gobierno, es que este pacto entre partidos políticos, concebido en la residencia oficial de Los Pinos, es el que le ha dado una tregua al combate a la corrupción gubernamental, perjuicio que durante el sexenio de Felipe Calderón se agudizó como en las mejores épocas del salinismo.

En prácticamente todas las dependencias federales y organismos descentralizados se acumulan expedientes con pruebas suficientes sobre la corrupción cometida en el sexenio anterior, pero los titulares de las secretarías de Estado y de las empresas paraestatales tienen instrucciones presidenciales de “no mover nada” mientras el Partido Acción Nacional (PAN) mantenga su apoyo al Pacto por México hasta que concluyan las reformas constitucionales –ya anunció Enrique Peña Nieto que se concretarán en 120 días más– sobre temas tan importantes como la educación, el petróleo y el pago de impuestos.

Es ese concilio partidista el que ha dado un gran respiro a funcionarios del gobierno anterior que estuvieron involucrados en graves irregularidades, como el desvío de recursos públicos, abuso de poder, tráfico de influencias, extorsiones, sobornos, chantajes, desapariciones forzadas, homicidios y otros crímenes.

Por eso se entiende ahora cómo es que el exsecretario Genaro García Luna se pasea tranquilamente entre las ciudades de Miami y México sin acusación de por medio y sin ser perseguido por autoridad alguna, a pesar de los excesos y abusos cometidos durante su gestión al frente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Además, es vox pópuli que ese exfuncionario al que Felipe Calderón le permitió todos sus excesos, tuvo la dedicación, durante su gestión, de grabar conversaciones privadas telefónicas de todos los funcionarios del gobierno federal, líderes de oposición, políticos, legisladores, luchadores sociales y periodistas, entre otros, a quienes también grabó en video con los costosos aparatos comprados con dinero público. Por ello es fácil creer que ni Peña Nieto ni algún miembro de su gabinete se van a atrever a fincarle responsabilidades penales, a pesar del evidente enriquecimiento ilícito, pues, al contrario, se habla de que en la Procuraduría General de la República (PGR) todos los expedientes abiertos en su contra fueron desestimados y simplemente enviados al archivo.

Un ejemplo de ese abuso de poder que con la venia presidencial se permitió en el sexenio anterior fue la acumulación de una cuantiosa fortuna que no provenía de su salario como servidor público (de acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera).

El mismo procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tiene un expediente abierto sobre un grupo de unos 70 agentes federales pertenecientes a la extinta SSP, comandados por uno de los hombres más cercanos al exsecretario García Luna, que eran utilizados como un “escuadrón de la muerte” con licencia para desaparecer personas, secuestrar, torturar y “hacer justicia” por su propia mano; sólo bastaba que “el jefe lo ordenara” y dicho escuadrón entraba en operación.

De acuerdo con fuentes de procuración de justicia, en el sexenio impune de Felipe Calderón se creó este “escuadrón de la muerte”, integrado por agentes federales de diversas direcciones de la SSP, al cual se le encargaban desde detenciones arbitrarias hasta ajustes de cuentas, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Todo en nombre del poder y la justicia federal.

Lo extraordinario de todo es que ha concluido la investigación de dicho expediente judicial y, en casi 10 meses de haber asumido el cargo el nuevo gobierno priísta, el Ministerio Público Federal no ha ordenado la consignación de la averiguación previa a un juez federal. Ya hay preocupación de que ese expediente también pueda enviarse al archivo, y ese caso probado en donde agentes federales se dedican a desaparecer personas, secuestrar y torturar quede impune.

Familiares y testigos de uno de los desaparecidos han explicado que en las evidencias recabadas por la autoridad hay hasta videos en donde se identifica claramente a los agentes federales y a su comandante cuando, en 2008, secuestraron a un joven de 28 años de edad y a partir de ese momento jamás se volvió a saber de él. Además de que en los interrogatorios a los policías involucrados, éstos niegan haber participado en dicha detención, cuando en los videos aparecen en el operativo realizado en la capital de Chihuahua.

Para investigadores y peritos expertos de la PGR no hay lugar a dudas de que se trata de un “escuadrón de la muerte” que se integró con policías federales bajo las órdenes de Genaro García Luna, con la misión de cometer delitos y ajusticiar a quien se les ordenara.

Hace poco más de 2 meses, el diputado Ricardo Monreal, hombre cercano al líder opositor Andrés Manuel López Obrador e integrante del Movimiento Ciudadano, presentó su libro Escuadrones de la muerte en México, en donde narra cómo se integran estos grupos de asesinos a sueldo, algunos pagados por el propio Estado y otros por empresas privadas.

El problema, explicó en esa ocasión el legislador, es que fue a partir de la descomposición social motivada por la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, en donde se presentaron cifras alarmantes de personas asesinadas, secuestradas y desaparecidas, sin que autoridad alguna hiciera algo al respecto, pues ni siquiera hay una lista completa de los nombres de las más de 100 mil víctimas. Agregó que muchos de esos homicidas pertenecen a grupos de seguridad privada y ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni algún otro organismo gubernamental tienen control sobre ellos.

Por eso cobra relevancia que haya un amplio expediente ministerial en la PGR con pruebas suficientes para procesar y enjuiciar a un grupo de 70 policías federales y un comandante de alto rango, vinculados con la desaparición y el asesinato de personas. Ahora sólo falta saber qué hará el procurador Murillo Karam con este caso.

*Periodista

Te puede interesar: FGR obtiene vinculación a proceso de familiares de Genaro García Luna