Muchos mexicanos esperan que este gobierno panista que concluye sea sometido a una escrupulosa revisión del gasto público, y los funcionarios responsables de delitos como peculado, abuso de poder y tráfico de influencias sean sometidos a la aplicación de la justicia, pues se presume que el gobierno de Felipe Calderón se manejó con deshonestidad y permitió una de las mayores corrupciones de las que se tengan memoria, tal vez apenas similar a la padecida en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Vicente Fox y Marta Sahagún.
Aunque se espera que esta fiscalización se haga en la siguiente administración, tanto por los órganos de vigilancia y control del Poder Ejecutivo como los de auditoría del Poder Legislativo, la crisis en el gobierno ha iniciado sus primeras manifestaciones en algunas áreas como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta vez ha sido la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular es Rafael Morgan Ríos, la que sancionó, destituyó e inhabilitó al exdirector general del Sae, Luis Miguel Álvarez Alonso, a quien acusa de “negligencia administrativa”.
Bajo los expedientes E/SAE/009/2011 y R/SAE/ 028/2011, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó dos inhabilitaciones al exdirectivo por 15 y 10 años, así como dos sanciones económicas por un total de 72 millones 281 mil 803 pesos.
Aunque el portal de internet de la Función Pública no explica los motivos de la “negligencia administrativa” en la que incurrió Álvarez Alonso, sabemos que el exdirector y fundador del Sae se vio envuelto en una disputa legal entre el OIC y un tribunal judicial federal, así como entre disposiciones y órdenes que le dictaron desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas. Estos últimos le ordenaron retribuir a dos contribuyentes textileros los bienes (telas) que les habían sido decomisados por Aduanas y que ascendían a un total de 70 millones de pesos. Por su parte el OIC le ordenó lo contrario: no devolver las telas ni acatar las órdenes del SAT y de un juez federal de pagar el daño ocasionado.
Ante tantas órdenes contradictorias, Álvarez Alonso recurrió a sus superiores, el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes le recomendaron no preocuparse por nada, pues nadie se atrevería a sancionarlo si cumplía las instrucciones del SAT y deljuez federal.
La realidad fue otra para Álvarez Alonso: el titular del OIC en el Sae, Alberto Mesta (actual responsable del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE), lo acusó por falta de supervisión a dicha operación y se obstinó en sancionarlo con la anuencia, según ha dicho a sus allegados, del exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del entonces subsecretario Rafael Morgan Ríos. La consigna de Vega Casillas era presionar a Álvarez Alonso por criticar la labor de la Función Pública y haber supuestamente pedido su desaparición, por inoperante y poco eficaz.
La Secretaría de la Función Pública no tomó en cuenta una determinación de las áreas jurídicas del SAT, del mismo Sae y de la Procuraduría Fiscal, quienes en reunión privada analizaron los hechos y concluyeron que no había elementos para considerar que hubo irregularidades en la devolución de telas a los empresarios textileros, de tal manera que tampoco había razón para sancionar al director general del SAE.
Además de las disputas por el poder y el control de bienes decomisados o simplemente dados en resguardo al Sae (en donde la Función Pública sí debería investigar el abuso de poder, pagos de salarios onerosos y malos manejos en las liquidaciones de Luz y Fuerza del Centro, LFC, y el Banrural), hay presiones de empresarios de la industria textil, que están muy molestos porque las telas que habían sido decomisadas fueron vendidas por el Sae en países de Centroamérica y dichos recursos se entregaron a la Tesorería de la Federación. En Aduanas, área encargada de los decomisos, se comprometían con los textileros a destruir las telas, pero en realidad esa mercancía nunca era quemada (porque no se tiene el equipo para ello) y salía por la puerta de atrás de Aduanas para regresar al mercado, lo que significaba cuantiosas ganancias para funcionarios corruptos y empresarios abusivos. Un negocio redondo.
El manejo de los OIC
Extrañamente, en la administración pública federal está reglamentado que todas las áreas de los OIC, aunque dependen directamente de la Función Pública, están adscritos a las nóminas de cada dependencia o entidad. Es decir que en cada Secretaría paga al titular del Órgano Interno de Control y a todo su equipo su salario, lo que los convierte no sólo en una carga económica sino en un dependiente directo del titular del ramo, o en este caso, del secretario.
Con esa política, los bonos y prestaciones para los titulares de los OIC son asignados precisamente por los responsables de cada secretaría o entidad gubernamental, de tal manera que si las auditorías que realizan salen favorables, económicamente les va bien también.
Este parece ser el caso del contralor Alberto Mesta, quien misteriosamente, por decir lo menos, es asignado a los órganos internos de control de las dependencias adonde es transferido Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien fue director general del Sae y ahora es titular del ISSSTE, y en ambos casos se le ha asignado desde la Función Pública al auditor Mesta.
Al parecer su relación es muy buena y hasta ahora les ha dado buen resultado: Sergio Hidalgo nunca fue sancionado ni tampoco reconvenido por el contralor Mesta por mantener bajo su servicio personal a 45 personas, ni tampoco por mantener una nómina paralela en los procesos de liquidación de Banrural y de LFC, en donde se pagaban salarios de hasta 400 mil pesos mensuales, bajo el rubro de “terceros especializados”.
Todo se debe, según dicen personas cercanas a Sergio Hidalgo, a que tiene buenas relaciones y palancas en Los Pinos. Pero de eso hablaremos la próxima semana.
*Periodista
Fuente: Contralínea 293
