De presentar ante el Ministerio Público Federal el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, sería una demanda de acusaciones contra miles de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para deslindarles responsabilidades penales, administrativas y civiles, de conformidad con los delitos del Código Penal Federal vigente. Y acusarlos de rateros, empezando por los presidentes de la Suprema Corte, del Congreso y el Presidente de la República, hasta directores y demás servidores públicos. ¿Cómo es posible que los 500 diputados del Congreso de la Unión reciban, cada año… ¡20 millones de pesos!, supuestamente para obras públicas en sus distritos, lo que representa 10 mil millones que ninguna inspección posterior verifica? Los legisladores se llevan en sueldo, prestaciones, bonos, guardaespaldas, teléfonos, etcétera, millones de pesos con cargo a un pueblo empobrecido. Y todavía les entregan esos 20 millones de pesos anuales, para completar la corrupción.

Moches. Sobornos. Peculado. Raterías. Y abuso. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer, en un foro convocado por los senadores, informó de ese atraco y demandó poner fin a ese fondo del presupuesto federal que ahora, Peña y su secretario de Hacienda entregan a los legisladores; quienes dizque para ganar votos, lo “invierten” en obras que nadie certifica. Y que, sin duda alguna, se han de embolsar como integrantes de la delincuencia organizada del poder Legislativo Federal. Esto representa un ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito… hasta que, ante los tribunales, prueben lo contrario y exhiban esas obras.

¿Dónde está la facultad de Peña para regalar esos 20 millones de pesos? Es una transa presidencial para quedar bien con los diputados, y estos acepten y aplaudan todo lo que hace el presidente de la República, en una cadena de favores de la más cínica corrupción que tiene, con el resto de las raterías que llevan a cabo, devastada a la nación. ¿Dónde están las obras que avalan esos 10 mil millones de pesos? ¿Quién las comprobó? Fue un robo descarado del que nada sabemos los mexicanos, porque no rinden cuentas. “¿Cómo podemos hacerle para que el presidente de la República elimine (semejante dádiva)..? Vemos un acuerdo político para dar dinero a los 500 diputados que, por cierto, hace dos años no eran constructores” (Claudia Guerrero, Reforma, 22 de marzo de 2017).

¿Y por qué la Auditoría Superior de la Federación, nada dijo al respecto? ¿Para encubrir a los diputados? Éste es un botín a bordo de la nave estatal que necesita un motín del pueblo para deshacerse de los malos gobernantes. Y llevarlos a los tribunales, encarcelarlos y quitarles –con intereses– lo que se robaron. Es uno más de los hechos de corrupción que tienen a la nación al borde del estallamiento, y a punto de favorecer con su voto en las urnas a la creciente oposición, para decidir de esta manera una nueva forma de gobierno.

Pero en esos semiprocesos electorales a la mexicana que utilizan a los ciudadanos para renovar a la democracia representativa, cuando irrumpe una auténtica oposición que además se perfila como posible triunfadora en las urnas, todo el aparato burocrático, es decir: diputados, senadores, desgobernadores y presidente de la República, convierten a esa oposición en enemigos que deben ser echados del escenario, para no exponerse a perder sus intereses políticos y económicos infectados de hepatitis C (de corrupción).

Así, el espacio público-electoral se ha transformado en una arena de trogloditas del PRI, PRD, PAN, Panal, PVEM y otros, para en este caso eliminar a Morena que se ha convertido en un adversario “duro de roer” por los rateros del dinero público que han dado margen al mayor saqueo, no solamente de los Duartes, los Padrés, los Yarrington; los Garnier y un prolongado etcétera donde están los Ebrard. A reserva de esculcar a los Mancera, los Graco, los Velasco, etcétera.

A Colosio lo asesinaron porque fue la oposición al liberalismo económico instaurado por el salinismo, en un discurso del 4 de marzo de 1994. A Cuauhtémoc Cárdenas le robaron al menos una victoria. Y algo parecido le sucedió a López Obrador contra Calderón y Peña. Y es que como los gobernantes en turno organizan las elecciones y cuentan con la “ayuda” de la institución electoral, ya no eliminan a la oposición como antes, sino que simplemente la “venden” como “un peligroso enemigo” y compran votos a cambio de sobornos. Antes se les tachaba de comunistas, ahora los hacen más populistas de lo que son.

Esta política nazifascista de hacerle fama de enemigo al adversario, conduce a desacreditar a la democracia directa para que los “notables” del sistema impidan la victoria del adversario. Y que los representantes en el INE, la Presidencia de la República y los desgobernadores con los legisladores, impongan su veredicto. Ya los partidos en el poder han decidido que la oposición es un enemigo que debe ser anulado y vencido antes de las elecciones. Pues esa elite quiere retener a toda costa el Estado de México, la cueva del peñismo. Y no perder Nayarit ni Coahuila, para pertrecharse rumbo al 2018. Se trata de toda una maniobra para impedir que el adversario, convertido en enemigo, logre vencer. A menos que esa oposición arrastre a votar a una mayoría incontenible que se parapete y exija que reconozcan su triunfo. Un populismo de sufragios, o sea la democracia directa en acción, puede lograr lo imposible ante los que controlan las elecciones.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]

Contralínea 538 / del 08 al 14 de Mayo 2017