Otra, otra vez…

Óscar Enrique Díaz Santos*

Un niño que conozco de poco más de 2 años, cuando le gusta algo, siempre expresa: “Otra, otra vez…”, y me encanta porque él mismo es muy feliz. Quizá cometa el desacierto de usar su frase para hacer un análisis de lo que ha pasado en el actual gobierno mexicano; y esa frase no es de felicidad, sino de todos los desaciertos que ha cometido. Por más que uno diga que “ya no quiere criticar al gobierno”, su insistencia en hacer cosas tenebrosas no deja otro camino más que aclarar las cosas.

La frase “otra, otra vez…” se ha hecho más palpable desde el 26 de septiembre con el caso de Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas, lo cual el gobierno federal no pudo prever cuando sabía a ciencia cierta el actuar de las autoridades municipales de Iguala y de Cocula, Guerrero, y cuando se supone que cuenta con los medios para detectar cualquier movimiento extraño y más cuando la actuación del crimen organizado estaba a la vista y lo dejaron actuar. No repetiré la historia, pero lo cierto es que costó la cabeza de Jesús Murillo Karam [exprocurador general de la República] y ha provocado el fortalecimiento de los grupos más radicales del estado de Guerrero.

“Otra, otra vez…”, en noviembre pasado, mientras el presidente huía del país para evitar el asunto de Ayotzinapa y se iba a China, entre otras cosas, a justificar la cancelación de la licitación pública del tren rápido México-Querétaro, en mi artículo “La debilidad del gobierno mexicano”, publicado el 16 de noviembre de 2014 por esta prestigiada revista, comentaba que había varias maneras de no afrontar los problemas, y una de ellas era irse fuera del país cuando la presencia presidencial era más importante en México.

“Otra, otra vez…”, mientras el presidente viajaba con su esposa y comitiva, surge el conflicto de intereses por la llamada casa blanca de las Lomas de Chapultepec. El vocero de la Presidencia trató de justificar la propiedad que tenía Angélica Rivera, y la verdad es que cuando no se tiene un argumento poderoso, más que convencer se le atiza más al fuego. Posteriormente, la señora Rivera, en conferencia de prensa, anunció que cedería los derechos de la propiedad para evitar que se afectara al presidente y a su familia. “Otra, otra vez…” no convenció.

Secuencialmente se destapan los casos de las casas de Ixtapan de la Sal, de Enrique Peña Nieto, y de Malinalco, de Luis Videgaray. Las tres casas tienen un común denominador: la constructora Grupo Higa, que junto con los chinos había ganado la licitación pública del tren rápido y que en el Estado de México, cuando fue gobernador Peña Nieto, había obtenido contratos para realizar un sin número de obras públicas, y que además, cuando fue candidato presidencial el hoy presidente utilizó una casa de campaña propiedad de esa empresa.

“Otra, otra vez…” tratando de convencer que no había conflicto de intereses, Peña Nieto revive a la Secretaría de la Función Pública que había condenado a morir a principios de su sexenio. Nombra a uno de sus hijos políticos (Virgilio Andrade) como secretario y le encarga la investigación para descartar un “conflicto de intereses”. Obviamente es una mascarada, porque la Función Pública se convierte en juez y parte, y por ende, el resultado final será que “no existe conflicto de intereses”, lo que constituirá una solución ya anunciada. Para ello, pusieron a Virgilio y para ello le pagan. Estoy de acuerdo en que no existe conflicto de intereses: lo que hay es corrupción presidencial.

Retomando: “otra, otra vez…”, parte del conflicto se deriva el 12 de marzo con el despido de dos reporteros de MVS Radio que laboraban con Carmen Aristegui y que conllevó a la separación del programa de la misma conductora. Uno pudiera decir, como lo declaró la Secretaría de Gobernación, que es un “problema entre particulares”. Pero el caso no es así, porque los dos reporteros formaban parte del grupo que investigó lo de la casa blanca, y aunque la empresa argumentó que había perdido la confianza en los reporteros por mal utilizar contactos de Méxicoleaks, y aunque es difícil tener las pruebas, lo claro es que la mano presidencial está presente.

Aunque en los archivos aparece otra causa, en septiembre de 2003 me corrieron del sector público después de laborar 24 años en él. El motivo que aparece es “cese”. La realidad fue que no estuve de acuerdo con una licitación pública consistente en la adquisición de mobiliario para el edificio que hoy ocupa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la calle Municipio Libre, porque estaba inducida y se sabía de antemano cuál era la empresa ganadora. Me inconformé y a los 2 meses me pidieron la renuncia. Como no la firmé, me cesaron. Tenía la facultad de firmar el acta de adjudicación, pero como no lo hice, quien terminó firmando fue el entonces director general de Administración y Finanzas, Javier Guzmán.

Hice llegar la denuncia a la oficina del entonces presidente Vicente Fox y levanté una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, y lo que pasó es que de acusador pasé a ser acusado y buscaron inhabilitarme y justificar el cese. Obviamente nunca encontraron motivos para hacerlo porque siempre respeté la normatividad, situación que muy pocos hacen en el sector público. Los demandé ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y cuando todo parecía indicar que el laudo sería favorable a mi persona, en la recta final la justicia se torció. En ese entonces ocupaba el puesto de director de Administración del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.

No importa de qué color sea el gobierno federal, en México no han cumplido con la potestad que les otorga el Estado. A este gobierno le incomoda la crítica. Su reacción ante lo dicho por Alejandro González Iñárritu, por el papa Francisco (que no desmintió lo que dijo), los reporteros de MVS radio y por Aristegui les causa escozor y urticaria. En fin: “otra, otra vez…” una es la cara que el gobierno trata que vean y otra es la que muestra.

Óscar Enrique Díaz Santos*

*Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gasto público y presupuesto