Videgaray y su gabinete donde está incluido Peña Nieto, que tienen de parapeto a Osorio Chong para no resolver la sangrienta inseguridad que siembra de cadáveres todo el territorio (sin querer arrasar con el narcotráfico que impera en Guerrero-Michoacán como los centros de gravedad de los cárteles de Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Morelos y la Ciudad de México), no quieren, pues, parar la matriz geopolítica de la criminalidad que genera recursos que mueven en los bancos y con la compra-venta de inmuebles, por lo cual la nación se hunde, cada vez más, en una multiplicación de las delincuencias que secuestran para tener mano de obra, servicios sexuales y cometer toda clase de delitos que tienen a la población atrapada en homicidios y agresiones que generan terror.
En ese contexto es que se siguen dando, también, toda clase de embestidas que llegan a la privación de la vida de los periodistas que informan sobre esos hechos perpetrados por la delincuencia y los narcotraficantes. Ya en Veracruz van 19 reporteros asesinados, porque en esa entidad la corrupción administrativa de Javier Duarte y las complacencias de que ha gozado durante sus ya casi 6 años en la total ingobernabilidad y el saqueo a los dineros públicos, pusieron las condiciones de máxima posibilidad para semejantes hechos criminales.
Desde Coahuila, el exdesgobernador Humberto Moreira, para que un periodista no investigue una masacre de más de 300 mexicanos, ha demandado a Sergio Aguayo, nada más porque éste escribió lo que la mayoría de los mexicanos nos hemos dado cuenta: que el tipo ese “despide un tufillo a corrupción”; y por medio de esa demanda, quiere que dicho periodista le pague una suma millonaria porque, según el personaje de marras, ofendió su nombre. Un Moreira que todos los días está en la información de la nota roja y la corrupción, como caracteriza a todos los peñistas, que con la embestida a Carmen Aristegui y su noticiero por exhibir los sobornos reflejados en la “casa blanca”, han coronado de excremento su paso por el poder gubernamental.
Pues bien, en ese caldo de cultivo del peñismo es que la inseguridad en general ha prosperado; en particular, los asesinatos de periodistas. Y las agresiones a reporteros, para tratar de amedrentar a quienes ejercen las libertades de expresión en la pluralidad de los derechos humanos que fundamentan las libertades de prensa. Al estar cubriendo los conflictos de los maestros, en Chiapas (donde el desgobernador Manuel Velasco permite la acción de paramilitares), la reportera del periódico El Universal Dolores Rodríguez fue amenazada, pistola en mano amartillada, y despojada de sus materiales de trabajo por un funcionario municipal, militante del partido Verde Ecologista, de San Juan Chamula.
Y en Tierra Blanca, Veracruz, entidad ya sin gobierno, donde el grupo-cártel de Duarte hace y deshace a su antojo, fue asesinado el periodista Pedro Tamayo Rosas “horas después de que Roberto Campa Cifrián (el subsecretario de los derechos humanos de Gobernación), encabezó una reunión para dar seguimiento a la Alerta del Mecanismo de Protección a Periodistas”, informó Eirinet Gómez (La Jornada, 22 de julio de 2016). Y es que debido a que el desgobernador Duarte ya sólo está ocupado en preparar su huida, al amparo de la impunidad, ya dejó que en Veracruz imperen las delincuencias. Y que todos los días haya homicidios y delitos al por mayor. También en Chiapas existe algo semejante.
Hoy mismo, la brutal agresión a la reportera Dolores Rodríguez y el asesinato del periodista Pedro Tamayo, son en realidad dos hechos de la escandalosa impunidad y el desgobierno que impera en esas entidades, así como a lo largo y ancho de todo el territorio. Y es que para administrar la ingobernabilidad, los desgobernadores han entregado a Veracruz y Chiapas a funcionarios y delincuentes que matan y agreden por igual, a quienes sólo cumplen con su trabajo de mantener informada a la opinión pública.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]
Contralínea 504 / del 05 al 10 de Septiembre 2016
