La importación de paramilitares colombianos por parte de empresarios hondureños se conjuga con la existencia de fuerzas especiales de ambos países, creadas para la guerra sucia.

Jorge Luis Ubertalli / Prensa Latina

Ambas expresiones, ilegales y legales, forman parte del arsenal represivo montado para la nueva etapa de la guerra antipopular contra nuestra América, recreada una vez más por Estados Unidos y sus aliados regionales.

Tercerizaciones

La tercerización represiva orquestada desde el aparato del Estado burgués no es nueva ni en Colombia ni en Honduras, tampoco en el resto del subcontinente.

La lista incluye organizaciones como Patria y Libertad, en Chile; Escuadrones de la Muerte, en Brasil, Paraguay y El Salvador; Novios de la Muerte, en Bolivia; Mano Blanca, en Guatemala; Comando Libertadores de América y Alianza Anticomunista, en Argentina, y Policías Chulavitas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre otras.

Fueron, al igual que todas las demás existentes en Centro y Suramérica, financiadas con fondos reservados del Estado, latifundistas y grandes industriales, comerciantes y financistas, empresas trasnacionales e instituciones vinculadas a los servicios de inteligencia civiles y militares estadunidenses y de otros países capitalistas y, también, ahora más que nunca, con fondos derivados del narcotráfico.

Álvaro Uribe, a través de la fundación de las cooperativas de seguridad Convivir, auspició a mediados de la década de 1990, desde su cargo de gobernador de Antioquia, el paramilitarismo encarnado en las AUC, que desde 1977 y hasta 2003 asesinaron, desaparecieron y torturaron a 15 mil personas, y se apropiaron de 6 millones de hectáreas.

Uribe, ducho en eso de operar desde blancas alturas, había sido director de Aeronáutica Civil desde marzo de 1980 hasta agosto de 1982.

En ese tiempo construyó pistas de aviación utilizadas por el entonces número dos del cártel de Medellín, Jaime Cardona, para transportar cocaína.

Ahora, supuestamente en retirada, los paramilitares colombianos han decidido trasladarse hacia otras geografías para ejercer su oficio de sostenedores del orden de los cuchillos y la cocaína en el marco de “democracias” como la de Honduras, teñidas por la impronta del golpe cívico-militar del 28 de junio o de la nuestra (Argentina), donde participaron en el asesinato de varios connacionales venidos a menos a través de sicarios implicados con el cártel colombiano del Valle y del mexicano de Sinaloa.

Desaparecidas las AUC, transfigurados en Águilas Negras y apoyados por el Estado colombiano, los narcoparamilitares hoy se infiltran desde los bordes fronterizos en territorio venezolano para masacrar, contrabandear cocaína y desestabilizar al gobierno bolivariano de Hugo Chávez.

Camándulas

El 11 de julio de 1977, una camioneta F-100 blindada fue embestida por el Renault del entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a quien el coronel Fernando Saint Aman, jefe de la zona militar de esa jurisdicción del Norte bonaerense, había amenazado pocos días antes con que “no pasaría de julio” por dar refugio y defender a los perseguidos de la dictadura.

Vinculado a inteligencia del Ejército, Saint Aman calificó en varias oportunidades a Ponce de León de “obispo rojo” y actuó conjuntamente en la represión de esos años con el comisario Jorge Chiche Muñoz, verdugo popular en la cercana Villa Constitución de Santa Fe.

Saint Aman también fue especialista en blindados cuando revistaba en Orden Urbano de la Policía Federal y cofundador más tarde de la organización parapolicial de ultraderecha Triple A.

Relacionado con los blindados y los accidentes fatales, Saint Aman apareció asimismo vinculado a otros ciudadanos no tan conocidos, aunque efectivos en sus emprendimientos.

El propietario del vehículo acorazado que cruzó al Renault del obispo aquel 11 de julio, Carlos Sergio Bottini, fungía como directivo de la empresa Agropolo, SRL, emprendimiento ligado, según se investigó, al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.

Un año más tarde del “accidente”, que terminó con la vida del obispo, se agregaron a la empresa, que comenzó a operar en el ramo de las construcciones de obras públicas y privadas, los hermanos Domingo Nicolás Gabriel y Nicolás Antonio Di Tullio.

Ellos prácticamente se quedaron con la mayoría de las acciones de la empresa, trasladando su domicilio a Viamonte 1866, 7º A, de Capital Federal, a metros del entonces Centro de Reunión de Información del Batallón 601 y domicilio legal de Carlos Sergio Bottini.

Los Di Tullio fueron acusados a fines de la década de 1990 de lavar dinero del cártel mexicano de Juárez, conjuntamente con el titular de Mercado Abierto, SA, Aldo Ducler.

Todos los implicados se hallaban involucrados en ese momento con las corrientes de los ahora expresidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

El entramado narcoempresarial-represivo signó estos hechos, como tantos otros, bajo la cobertura de acciones legales de empresarios y uniformados, que utilizaron sus prerrogativas para terminar con la vida de opositores a la dictadura.

Lo mismo sucedió en Bolivia el 11 de septiembre del pasado año, cuando en el marco de un golpe de Estado “civil”, tal cual lo calificó el presidente Evo Morales (quien por ello ordenó la expulsión del país del embajador estadunidense Philip Goldberg), empresarios y cívicos del departamento de Pando financiaron a sicarios bolivianos y brasileños que asesinaron a más de 119 campesinos e hirieron a otros tantos.

Y en abril de este año fueron ultimados por la policía boliviana los mercenarios paramilitares Eduardo Rosza Flores, el húngaro Mayarosi Ariad y el irlandés Guayar Michel Martín, integrantes de una banda armada ultraderechista que, teniendo como base la Exposición Ferial de Santa Cruz, organizada por la organización empresarial Cainco (Cámara de Industria, Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia), preparaban atentados terroristas y los asesinatos del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

La tercerización de los paramilitares (aún llamados por algunos contrainsurgencia), utilizados contra gobiernos populares en los países latinoamericanos, pivotea actualmente sobre dos ejes.

Por un lado, el ocultamiento, tras las sombras, de sectores empresariales y elementos reaccionarios de la policía y las Fuerzas Armadas en relación con acciones provocadas por mercenarios que minen la gobernabilidad de estos gobiernos, hasta que las circunstancias lo aconsejen.

Por otro lado está la utilización de los paramilitares para actos de provocación, frente a la actitud de miembros de las fuerzas armadas y policiales que se resisten a seguir siendo furgones de cola de las oligarquías y burguesías locales asociadas al imperialismo.

“Tesones” y otras semejanzas

El último 13 de septiembre, El Tiempo, de Colombia, informó sobre el ofrecimiento de empresarios hondureños a paramilitares colombianos para que “cuidaran” predios de plantaciones de caña y palma, pagándoles 751 dólares mensuales, casa y comida.

Los mercenarios, que según se dice ya comenzaron a llegar en grupos a Honduras, cobrarán para que sus patrones se deshagan de indeseables trabajadores y dirigentes sindicales que laboran en los terrenos explotados por latifundistas catrachos.

Siempre, según el diario bogotano, “los paras”, reclutados en el Magdalena Medio, departamento de Caldás, fueron agrupados en talleres ubicados en un predio denominado “El Japón”, de 1 mil hectáreas, que perteneció al narcotraficante Jairo Correa Alzate “y que hoy, en teoría, está en manos del Estado a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes” y de otras instituciones públicas.

Según el periódico, los irregulares ultraderechistas serían también utilizados para custodiar pistas de aterrizaje clandestinas hondureñas montadas para operaciones del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Como si esto no bastara, la información concluye que en esta hacienda estatal, “El Japón”, ya hubo anteriormente concentraciones de paramilitares.

Por otra parte, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras denunció que en el país se formaron ya 120 paramilitares financiados por empresarios.

Citó como partícipes del terrorismo de Estado de la década de 1980 y de la represión actual a las Tropas Especiales de Selva y Operaciones Nocturnas (TESON), conformadas por especialistas en guerra sucia entrenados por las estadunidenses Fuerzas Especiales de Operaciones (SOF, por sus siglas en inglés), en la base de Soto Cano y Tamara, cercana a Tegucigalpa.

De la misma tónica que los Rangers del ejército de Estados Unidos, los TESON tienen hoy como misión principal combatir al “narcoterrorismo”, en el marco de la impronta impuesta por sus orientadores estadunidenses del Comando Sur.

A mediados de abril de este año, poco antes del golpe del 28 de junio, el embajador estadunidense Hugo Llorens participó de ejercicios del 15 Batallón de Fuerzas Especiales de Río Claro, departamento de Colón, que fue apoyado por material aéreo de la Armada estadunidense.

Discípulos de las SOF, cuyo Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales se ha desplazado por 19 países latinoamericanos en lo que va del año, entre ellos Honduras, donde han montado dos bases, los TESON son duchos en artes de agresión oculta.

Algunas de sus especialidades son tiro de oportunidad para francotiradores, tiro de precisión para francotiradores, tiro a distancias desconocidas para francotiradores y asalto combinado/francotiradores.

Una de estas modalidades fue puesta en práctica al asesinar el 5 de julio desde los parapetos del aeropuerto de Tocontín –cuando el presidente Manuel Zelaya pretendía regresar al país– al adolescente Isis Obed Murillo, además de dejar un tendal de heridos.

Lindantes con el paramilitarismo en relación con su doctrina de guerra encubierta, los TESON son la elite de las Fuerzas Armadas de Honduras, que hoy se dedican a hacer acción cívica en el marco de Operaciones Psicológicas tendientes a conseguir el apoyo popular para sus aventuras golpistas, tal cual las conciben los manuales SOF del Pentágono.

Creadas para las guerras de inteligencia, estas fuerzas fueron financiadas desde las incursiones de los paracaidistas franceses en Argelia e Indochina y sus posteriores discípulos estadunidenses en Lejano Oriente, y fundamentalmente Vietnam, con operaciones de trasiego de divisas, narcotráfico y contrabando.

Hoy, los “tesones” son apoyados y adiestrados por los halcones pentagonales, quienes desde la base de Soto Cano y bajo la cobertura del Programa Denton, administrado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Pentágono y el Departamento de Estado, brindan ayuda económica y militar al régimen de Roberto Micheletti y compañía.

Narcoparamilitares y TESON: más de lo mismo para el regreso del gran vecino que no quiere verse derrotado en su patio trasero, es lo que se vislumbra en el horizonte de la reacción.