Pegasus sólo se va a utilizar “contra determinados grupos criminales”, nos dijo el general de división Ricardo Trevilla Trejo. En ese entonces, julio de 2012, el director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscaba salir al paso de las informaciones que daban cuenta de la adquisición de un poderoso sistema de espionaje y de una disputa al interior de la dependencia por la sucesión del alto mando. Estábamos en las postrimerías del también violentísimo sexenio de Felipe Calderón.

Sí nos interesaba saber de las pugnas suscitadas entre el generalato por ver quién se quedaba con el quepis de cuatro estrellas para el siguiente sexenio (encarcelamientos, amenazas y muertes se sucedían en esos días entre personal militar, sin que necesariamente esos hechos fueran producto de tales disputas). Pero nos interesaba más saber acerca de las condiciones y los objetivos de los contratos de los que ya teníamos copia: los de la modernización de las capacidades de espionaje de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuyas operaciones asignadas son las de inteligencia y contrainteligencia militar.

Miguel Badillo, mi director, me había incorporado a la investigación que él había iniciado y de la que ya había dado cuenta desde el primer día de julio de ese año (2012). Había obtenido la información nodal: los contratos para la modernización del Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos y la instalación de la Plataforma Pegasus. Todo adscrito a la Sección Segunda de la Sedena.

Muy interesantes resultaban las probables irregularidades en los contratos. Pero más aún nos interesaba saber de las capacidades reales del sistema adquirido por las Fuerzas Armadas del país a precios que, en su conjunto, rebasaban los 10 mil millones de pesos (por sí solo, Pegasus costó 2 mil millones de los de entonces). Nos quedaba claro que cualquier persona quedaría desnuda, vulnerable, si ese software malicioso se dirigiera en contra de su teléfono celular. No sólo se tendría acceso a la ubicación permanente del espiado. También a todas sus conversaciones e intercambios de información de cualquier tipo que se realizaran por el aparato: voz, texto, imagen. Todos los chats, correos electrónicos, mensajes msm… Más aún, los operadores de Pegasus podrían hacer funcionar la cámara y el micrófono del smartphone en cuanto quisieran sin que pudiera advertirlo la víctima. Así que toda la vida del espiado estaba expuesta. Adonde fuera llevaría, sin advertirlo, a los espías en su bolsillo.

El general reconoció que se trataba de un asunto “delicado” y, como lo publicamos en ese entonces, nos aseguró que Pegasus no se usaría siquiera contra la delincuencia común. Sólo contra determinados grupos del crimen organizado y contra los grupos armados. Y dijo: “el equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”.

Siempre nos preocupó que Pegasus se utilizara contra la población. Durante todo el siglo XX y, a pesar de los esfuerzos de algunos personajes por profesionalizar los servicios de inteligencia, en lo que va del XXI, los organismos de seguridad y defensa nacionales han tenido como objetivo defender al régimen y al grupo gobernante; no a la nación. Y lo hacen con todas las herramientas a su alcance, incluso las que no son legales. Rebasaría a este espacio pretender recapitular la actuación de la Dirección Federal de Seguridad (antecedente del actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) y de la propia Sedena en asuntos como los del 68, el 71, la Sierra de Atoyac, la Guerra Sucia… Todo les pareció válido para defender un grupo en el poder (por cierto, el mismo, aunque de otra generación, que actualmente detenta el gobierno federal).

Hoy no han cambiado mucho las cosas. Las 10 personas espiadas de las que Citizen Lab y The New York Times dieron cuenta (y corroboraron Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social Tic), son sólo un pequeñísimo botón de muestra (Pegasus puede intervenir 1 mil aparatos de manera simultánea). El espionaje ilegal realizado desde las estructuras de la seguridad nacional puede hacerse porque no hay contrapesos. Las instituciones de “seguridad nacional” no rinden cuentas a nadie. Nadie las ausculta. Nadie las vigila. A los integrantes de estas instituciones les gusta decir que sí hay controles y que existe incluso una Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Poder Legislativo Federal. Se ríen para sus adentros. Los diputados y senadores de la pomposa comisión no saben prácticamente nada ni inciden siquiera en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos (otro documento “secretísimo” del que también el equipo de Contralínea dio cuenta en estas páginas). Bueno, muchas veces, ni la Agenda les dejan ver a los legisladores.

Con instituciones de seguridad nacional e inteligencia sin contrapesos reales, con controles incipientes, con altos índices de corrupción en el ejercicio público y con un grupo en el poder dispuesto a hacer lo que sea para no soltarlo… ¿no era legítimo preocuparse del uso que se le daría a Pegasus?

La semana pasada platiqué con los periodistas Scott Bronstein y Rita Vásquez, quienes por parte del respetado diario panameño La Prensa colaboraron en la investigación de Los papeles de Panamá. Cuando les pregunté qué había sido lo más difícil de la investigación, no se refirieron a los problemas técnicos de acercarse a temas complicados. Tampoco a los obstáculos que desde los poderes económico y político les fueron sembrando. Ni siquiera a las presiones directas y amenazas que recibieron. Scott y Rita coincidieron en que lo más difícil fue soportar una campaña de estigmatización que buscó colocarlos como “traidores a la patria”.

Me sorprendió. El poder utiliza los mismos argumentos en cualquier latitud para ocultar información y denostar a quien arroja luz sobre conductas ilícitas de funcionarios públicos.

Cuando publicamos en 2012 los contratos de Pegasus, se nos dijo que se nos podría acusar de “traición a la patria” por el “daño causado a las instituciones”. Lo mismo, cuando el equipo de periodistas que encabeza Miguel Badillo publicó un reportaje seriado sobre la Agenda Nacional de Riesgos, que reveló que las instituciones del Estado consideran a movimientos sociales pacíficos un riesgo para la nación. También cuando en las páginas de Contralínea se dio cuenta de los exorbitantes sueldos de los funcionarios del Cisen…

Luego de ver con preocupación e indignación casos como los de Pegasus, plataforma utilizada sin que medie ningún requerimiento judicial contra la población, es justo preguntarse: ¿de dónde viene la traición a la patria?

Zósimo Camacho

Contralínea 545 / del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017