San José, Costa Rica. El mundo es hoy más rico que nunca pero también más desigual. América Latina y el Caribe no se eximen de esta realidad, pues la discriminación de género se suma con otras desventajas y discriminaciones basadas en la condición socioeconómica, ubicación geográfica, raza, origen étnico, sexualidad o discapacidad, y limita seriamente las oportunidades y proyectos de vida de millones de mujeres y niñas.

Luiza Carvalho*/IPS

El tiempo y el compromiso para revertir esto es ahora. Estamos ante un parteaguas a nivel global, regional y nacional, en el marco de la aprobación unánime de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus respectivos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ésta es una agenda sin precedentes, basada en la universalidad del derecho al desarrollo, de los derechos humanos y de la igualdad de género, y en el principio de no dejar a nadie atrás en el camino hacia sociedades más prósperas, resilientes, justas, incluyentes y sostenibles.

ONU Mujeres propone utilizar la plataforma que ofrece la Agenda 2030 y los ODS para alcanzar un Planeta 50-50 en el 2030: un mundo con plena igualdad entre mujeres y hombres, y el pleno ejercicio de los derechos humanos en todos los sectores y ámbitos.

El empoderamiento económico de las mujeres es una pieza angular y un vehículo transformador para que esto pase con mayor celeridad y hoy está cobrando más importancia que nunca para que en América Latina y el Caribe las economías sean más prósperas, resilientes y con mayor igualdad de género.

Mundialmente, las mujeres suelen estar desproporcionadamente representadas en los trabajos con baja remuneración. Más de 75 por ciento de los empleos de las mujeres son informales, carentes de protección social y están totalmente al margen de la legislación laboral.

Entre 1990 y 2013, el mayor aumento de todas las regiones en la participación de las mujeres en la fuerza laboral se dio en América Latina y el Caribe, que pasó de 40 por ciento a 54 por ciento.

Si bien ha mejorado, la participación femenina en el mercado laboral, la participación de los hombres es de 80 por ciento. Sin embargo, el trabajo informal todavía es la norma en esta región, en donde 59 por ciento de los empleos de las mujeres son informales y el trabajo doméstico, que generalmente es informal, no está protegido por la legislación laboral, pero representa 15 por ciento de la mano de obra femenina.

A pesar de ciertos avances, la segregación y discriminación económica de las mujeres persiste, particularmente basados en el orden de género en el ámbito doméstico, brechas de informalidad y en el acceso a la seguridad social.

La aprobación y aplicación del Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos se hace especialmente relevante a la luz de esto. Ya hay un avance regional con Uruguay como primer país en ratificarlo a nivel mundial en 2012 y, desde entonces, 12 países de la región se han sumado, constituyendo más de la mitad del total de los 22 países ratificantes en el mundo.

Ante los retos y oportunidades en materia de empoderamiento económico de las mujeres, en el pasado mes de enero el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la creación del primer Panel de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Mujer, con el objetivo de movilizar acciones concretas para cerrar las persistentes brechas de género.

El Panel se reunió del 13 al 15 de julio en la ciudad de San José de Costa Rica, con el apoyo del Reino Unido y ONU Mujeres y fue auspiciada bajo la copresidencia del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Reunió a líderes gubernamentales y del sector privado, así como representantes de la academia y de la sociedad civil, comprometidos a fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y encontrar respuestas innovadoras y eficaces para revertir las causas y consecuencias de las estructuras que todavía colocan en situación de desventaja a las mujeres de la región.

Una Consulta Regional de las Américas y el Caribe, enmarcada dentro del Panel de Alto Nivel, se realizó el 14 de julio para incorporar las experiencias exitosas de la región y analizar los vacíos en implementación de políticas y en el acceso a los derechos económicos de las mujeres. Se trata de un evento que, concretamente, busca efectuar observaciones rigurosas sobre la situación mundial y regional, y elevar una amplia consulta que derive en recomendaciones y maniobras contundentes.

América Latina y el Caribe se enfrenta a un doble desafío: por un lado, proteger las conquistas en materia de igualdad de género contra la desaceleración económica y, por el otro, superar los obstáculos para el empoderamiento económico de las mujeres.

En respuesta a esto, es necesario asumir tres acciones fundamentales: Primero, se requiere de una reorientación de las políticas macroeconómicas, que ayuden a  mitigar los efectos de la recesión económica a corto plazo y aseguren condiciones de largo aliento para el empoderamiento económico de las mujeres.

En segundo lugar, es urgente ampliar los servicios de cuidados de calidad de dependientes y de personas enfermas, que además de liberar tiempo y carga no remunerada de las mujeres, podría ser un motor para potenciar la realización de todos sus derechos, con efectos duraderos para sus perspectivas de empleo e ingresos, para los derechos de la infancia y para la población en general. Como tercer punto, es preciso asegurar una inversión mayor y sostenida en protección social con sensibilidad de género.

Para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, las políticas económicas y sociales deben trabajar de forma unísona y dirigida a lograr un conjunto de objetivos que incluyan mecanismos de protección social con perspectiva de género y políticas macroeconómicas favorables que den prioridad a la inversión en las personas y al cumplimiento de los objetivos sociales.

En ese sentido, el trabajo decente y remunerado sobresale como un pilar fundamental hacia la igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres, siempre y cuando permita a las mujeres disponer de tiempo para el ocio y el aprendizaje; cuando le proporciona ingresos suficientes para mantener un nivel de vida adecuado; y cuando las mujeres no sufran ninguna forma de discriminación en el trabajo.

Para ilustrar esta disparidad, la brecha entre la participación laboral de mujeres y hombres es de 26 por ciento a nivel mundial, siendo que las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo a realizar trabajo no remunerado y tareas domésticas, en comparación con los hombres.

A nivel global, las mujeres cobran en promedio un 24 por ciento menos que los hombres, 19 por ciento en América Latina y el Caribe.

Sin embargo, las desproporciones en puestos administrativos y gerenciales en todo el mundo, prevalecen con una presencia desproporcionada para las mujeres, con 63 por ciento en los puestos de oficina y apoyo, y 55 por ciento en empleos de servicios y ventas y solo un 33 por ciento en ocupaciones de gestión.

El Trabajo del Panel de Alto Nivel en el marco de la Consulta Regional y el impulso que dará en la región es un punto de partida muy importante para trabajar de forma acelerada y solidaria para lograr un planeta sin discriminación y con igualdad para todas las mujeres y las niñas.

Demos el paso por un planeta 50-50, por una América Latina y Caribe 50-50, por comunidades donde el potencial económico y el talento de las mujeres sean aprovechados de las mejores formas y donde las mujeres y las niñas vivan sin discriminación y violencia.

Luiza Carvalho*/IPS

*Directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe

 [BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 497 / del 18 al 23 de Julio 2016