Milán, Italia, Según datos oficiales divulgados por el gobierno de Rusia, desde abril de 2014 más de 1 millón de ciudadanos procedentes de Ucrania buscaron refugio en territorio ruso. A pesar de esas cifras, Moscú no reconoce que exista una crisis migratoria.
Yulia Beret*/Inter Press Service
Algunos políticos llegaron a decir que la comunidad internacional debería aplicar el modelo ruso de gestión de grandes cantidades de refugiados.
Los ucranianos fueron instalados en campos de refugiados totalmente equipados, en sanatorios y escuelas, e incluso en hogares particulares, y fueron aceptados en muchas ciudades rusas, como Rostov-on-Don, Krasnodar y Volgogrado.
El gobierno ruso adoptó cambios en las leyes relativos a los plazos para la emisión de documentos a los refugiados, incluida la autorización de estadías en el país por distintos lapsos.
La documentación ofrece el estatuto de refugiado o el de solicitante de asilo temporal. Esta última categoría les permite permanecer más tiempo en el país. Inicialmente, todos reciben ayuda financiera. Después se les permite elegir la región en la que desean establecerse, ya que el Sur de Rusia no puede albergar permanentemente a grandes números de migrantes.
El Estado también ayuda a proporcionarles hospedaje y asistencia para que encuentren empleo.
Una de las regiones donde los refugiados pueden radicarse es el distrito autónomo de Khanty Mansy, en Siberia occidental, donde es más fácil encontrar trabajo, debido principalmente a la próspera industria del petróleo. El gobierno local también otorga un subsidio de maternidad y asesora a los migrantes sobre las leyes locales.
No obstante, aún hay que hacer más para ayudar a los refugiados a integrarse en una transición que en ocasiones es difícil.
En general, los refugiados en Khanty Mansy fueron bien recibidos por la población, ya que existen muchas similitudes entre sus culturas. La interacción entre las dos poblaciones es muy importante dado que los ucranianos dejaron atrás sus hogares, sus vínculos sociales y su cultura.
En la actualidad, la mayoría de los refugiados en Khanty Mansy tienen empleo y condiciones de vida dignas, así como otros beneficios, como acceso gratuito a la universidad y las escuelas.
En otras palabras, tienen el derecho a una vida segura y digna.
Sin embargo, como en toda crisis política, la oposición está presente sobre todo debido a las diferencias en las actitudes regionales con respecto a los migrantes. El gobierno ofrece limitadas instrucciones al respecto y no existe una documentación que indique claramente cuáles son los derechos de los refugiados, lo que aumenta el estrés burocrático y las dificultades a la hora de conseguir los documentos legales y comprender los plazos para solicitarlos.
Un problema creciente es el alto nivel de desempleo debido al ingreso de mano de obra no calificada. No obstante, las regiones que reciben a los refugiados suelen ser aquellas con mayor capacidad para absorber este tipo de trabajadores.
Por ejemplo, los empleos en el sector de la construcción y la producción tienen gran demanda, pero el problema surge cuando los refugiados tienen una elevada educación formal y exigen mejores oportunidades de trabajo.
En lugar de asignar a los refugiados al azar a ciertos lugares hace falta crear una base de datos que permita seleccionar y asignarlos según sus conocimientos y experiencia, ayudando así a las economías locales.
Rusia carece de una política adecuada de apoyo y aprovechamiento eficaz de sus refugiados. Los programas actuales les brindan apoyo durante no más de 2 años, lo cual es muy poco tiempo para que muchos se integren de forma adecuada.
Además, no hay asociaciones de protección y promoción de los derechos de los refugiados, por lo que el mayor impacto lo soportan los habitantes originarios. Dado que no existe un presupuesto independiente destinado a la crisis de refugiados, los impuestos locales aumentan con el fin de apoyar a este segmento nuevo de la población.
En conjunto con los sueldos, esencialmente estáticos, y la actual crisis financiera, incluida la caída progresiva de los precios internacionales del petróleo, la carga de los gastos que generan los refugiados recae sobre la comunidad local. Algunos de los habitantes que acogieron a los migrantes no han podido mantenerlos.
La corrupción tampoco ayuda y a menudo se manifiesta en costos derivados de la tramitación y expedición de la documentación necesaria. Representantes de varias organizaciones no gubernamentales aseguran que funcionarios del organismo estatal correspondiente exigen alrededor de 1 mil dólares para entregarles los documentos a los refugiados de forma “rápida y sin problemas”.
Muchos problemas se han acumulado en un breve periodo de tiempo debido a la crisis de los refugiados ucranianos.
Para mejorar su situación antes de que se agrave hará falta remplazar medidas administrativas con incentivos económicos y reexaminar los procedimientos de reubicación, para permitir su mejor redistribución en todo el país, de tal manera que se tomen en cuenta tanto las necesidades de la población nueva como las de los habitantes originarios. (Traducción de Álvaro Queiruga)
*Analista
Yulia Beret*/Inter Press Service
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
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