La reforma electoral es otra de las promesas de cambio del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Para concretarla, la presidenta Claudia Sheinbaum creó una comisión encargada de revisar a fondo el sistema electoral: cómo funcionan los partidos políticos, la representación popular y la participación ciudadana.

En un comunicado, la Presidencia de México anunció que, una vez elaborado el diagnóstico integral del modelo electoral, se presentará una propuesta de reforma legislativa que responda a los tiempos actuales de la política mexicana.

La propuesta provocó de inmediato el rechazo del PAN y el descontento del PT y el PVEM. Ante ello, Sheinbaum aclaró que “no existe ninguna iniciativa, así que no hay razón para rechazarla”. Desde Palacio Nacional, enfatizó: “Me parece que tiene que discutirse de fondo una representación distinta y una reforma electoral profunda”.

Se realizarán encuestas de opinión y la presidenta ha insistido en que todos estamos invitados a participar. Será un periodo de cuatro meses de debate para que, en enero, se presente una propuesta formal.

Efectivamente, hace falta una renovación democrática. En el mundo actual, los pueblos enfrentan la bancarrota de la llamada “democracia estadunidense”, que ha demostrado ser, en realidad, la dictadura de las corporaciones.

Una reforma electoral profunda debe garantizar el ejercicio real de la voluntad popular, algo que no ocurre con el actual sistema de partidos. La democracia no puede limitarse a escoger entre unas cuantas opciones cada cierto número de años. El papel del elector debe ser activo y permanente, con capacidad de control sobre las decisiones y el rumbo del país.

Las elecciones deben ser un medio para que la población enfrente sus problemas más graves y proponga soluciones. Ese momento debería servir para que el electorado defina un rumbo, una meta y un programa, y que los representantes electos obedezcan e implementen la voluntad popular.

El votante debe reflexionar sobre un programa, aprobarlo y elegir al candidato que mejor pueda ejecutarlo. Una vez en el cargo, el representante debe rendir cuentas y actuar bajo el control de la ciudadanía. Esto implica una participación constante, no sólo en el voto, sino en la vida social: medios de comunicación, trabajo, deporte, cultura, arte, barrios, ciencia, educación y más.

La democracia no debe limitarse a elegir representantes. También, debe permitir a las personas decidir qué tareas deben realizarse y participar en su seguimiento. Se trata de mantener el control ciudadano sobre quienes ocupan cargos públicos, para que cumplan los compromisos acordados en campaña.

Ha llegado el momento de renovar el sistema político y electoral para que el poder resida realmente en el pueblo y no en las cúpulas. Se requieren grandes cambios, impulsados por la movilización de millones de mexicanos conscientes. Es hora de atender los problemas profundos de la sociedad y construir un futuro verdaderamente democrático para el siglo XXI.

Hoy, las campañas electorales no discuten la sustancia. Son campañas millonarias, con toneladas de plástico que contaminan tierras y mares. Vemos mantas con rostros y logotipos, pero no programas. Escuchamos miles de anuncios en radio y televisión cargados de ataques, insultos y noticias falsas.

Se pide al elector firmar un cheque en blanco sin conocer realmente a los candidatos ni sus propuestas. Se trata de guerras sucias, promesas vacías y compra de votos disfrazada de regalos o tarjetas. Es un espectáculo de frivolidad que busca llamar la atención, pero sin discusión política.

Recordemos cómo el PRIAN privatizó bienes públicos, endeudó al país y entregó fronteras y playas, incluso subordinándonos militarmente a Estados Unidos. El artículo 123 del Código Penal Federal es claro: se impondrá prisión de cinco a 40 años y multa a quien cometa traición a la patria, por enajenar o gravar el territorio nacional.

Sin embargo, a esos dirigentes no se les juzga; al contrario, se les permite seguir compitiendo como “oposición”, con partidos financiados por el erario. Muchos se reciclan: cambian de camiseta, se integran a nuevos partidos o incluso se suman a Morena, a quien antes atacaban, sólo para conservar un cargo o un nombramiento.

En el sistema actual, el electorado no puede seleccionar candidatos. Las postulaciones dependen de las cúpulas partidarias, sin intervención de las bases ni mecanismos que permitan a los ciudadanos decidir. Aunque la Constitución reconoce el derecho a votar y ser votado, no nos garantiza el derecho a elegir las candidaturas.

Es urgente que las elecciones se conviertan en el verdadero instrumento de decisión popular. Hay que colocar en el centro la solución de los grandes problemas nacionales: definir prioridades y medidas concretas.

¿Debemos cobrar impuestos a las grandes fortunas y establecer una reforma fiscal progresiva? ¿Seguir pagando el servicio de la deuda externa, que este año asciende a 1 billón 400 mil millones de pesos, herencia del viejo régimen prianista? ¿Cómo levantar de manera efectiva los sistemas de salud y educación mermados por el neoliberalismo?

¿Debe el sector público producir vacunas y medicamentos? ¿Implementar controles de precios en emergencias sanitarias? ¿Cómo garantizar el empleo, la justicia laboral y los derechos de mujeres y niños? ¿Cómo enfrentar el crimen organizado, la inseguridad y las desapariciones?

Asimismo, es urgente debatir temas como el acceso y concesiones del agua, el abuso de mineras, la prevención de desastres naturales y el papel del Estado frente a las corporaciones. Debemos definir qué sectores estratégicos deben ser controlados por la Nación y cómo responder a las amenazas de Washington.

Las elecciones no deben depender del dinero. Hoy, los candidatos se comprometen con quienes financian sus campañas y terminan obedeciendo a sus patrocinadores. Deben ser campañas de propuestas y organización, con espacios igualitarios en televisión, radio y foros públicos, para que sea la población quien marque el rumbo.

Los partidos son necesarios como organizaciones políticas y deben existir gracias al apoyo auténtico de sus militantes, no con recursos públicos. De igual manera, no deberían existir representantes que no hayan sido votados directamente. Las diputaciones plurinominales sólo fortalecen a las cúpulas partidistas y perpetúan prácticas antidemocráticas.

La selección de candidatos debe recaer en los electores, no en las cúpulas. Para elegir con conciencia, necesitamos conocer a las personas propuestas en nuestras comunidades, trabajos, escuelas o barrios. Sólo así el voto será informado.

El dinero que hoy se gasta en campañas debería destinarse a promover asambleas en el país: barrios, colonias, comunidades, ejidos, municipios, centros de trabajo, escuelas y colectivos. En esos espacios, las candidaturas podrían definirse de manera transparente y con base en méritos reales, no por dedazos ni favores.

Las candidaturas ganadoras tendrían el mandato directo de sus electores y la obligación de cumplir las tareas acordadas, con un mecanismo claro de revocación para quienes no cumplan.

La renovación democrática no es sólo una aspiración, es una necesidad urgente en México y en el mundo. Tenemos la oportunidad histórica de demostrar que un sistema democrático puede abrir camino hacia la paz, la justicia, la soberanía popular y nacional.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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