Por los altos costos que acarrea, el principal problema que enfrentan las elites empresarial y política es la inseguridad pública. No el desempleo, la marginación, la pérdida del poder adquisitivo del salario. Luchar contra la delincuencia organizada es la prioridad fundamental del desgobierno de Felipe Calderón, cuando es un hecho contundente que vivimos las consecuencias de una descomposición social sin parangón en América Latina. Es obvio que tal realidad se irá agravando en los próximos meses, porque no quieren entender los integrantes de las cúpulas del poder económico y político que lo esencial es corregir las causas de los fenómenos adversos. Se comprende tal preocupación porque, para ellos, lo único que cuenta en esta vida es la acumulación de poder y riquezas, y la violencia extrema se está convirtiendo en un serio obstáculo a ese irrefrenable objetivo.
Así lo constata el Informe situación México, elaborado por el departamento de Economía del grupo BBVA Bancomer, el principal consorcio financiero del país. Allí se reporta que la violencia del crimen organizado le cuesta al país 130 mil 940 millones de pesos anualmente, cifra que equivale a un punto porcentual del producto interno bruto. Es así porque se elevan los costos de producción, transacción y seguridad que enfrentan las empresas; reduce la acumulación de capital físico y humano, y deteriora el entorno institucional. Abunda en un dato significativo: en los cuatro años del “gobierno” de Felipe Calderón, la pérdida de cuatro puntos porcentuales es equivalente al valor de la producción anual de todo el sector agropecuario.
Bajo un punto de vista estrictamente económico, tal es el resultado de la violencia extrema que vive la nación, pero bajo aspectos sociales y políticos el problema es mucho más grave, porque la descomposición y la ingobernabilidad gangrenan el tejido social en su totalidad, con resultados imposibles de cuantificar con todo detalle. Baste pensar en lo que significa para el país la expulsión de medio millón de mexicanos anualmente, quienes abandonan no sólo a sus familias, sino que dejan de producir en sus lugares de residencia para ir a producir riqueza a Estados Unidos, principalmente.
El rompimiento de la célula familiar conlleva problemas mucho mayores, que pueden advertirse en el notable incremento de los llamados ninis. Se trata de más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque en el entorno en que sobreviven no hay condiciones para organizarse productivamente, debido al abandono por parte de las autoridades de sus principales responsabilidades sociales. Son 7 millones de un ejército cuya única salida es convertirse en carne de cañón de las bandas delictivas. Así se forma un lamentable círculo vicioso, cada vez más extendido, que amenaza carcomer lo que queda del tejido social. ¿Qué sería de México si ese gran ejército de reserva se canalizara a labores productivas, de acuerdo con las posibilidades regionales y la capacidad de cada quien? Pero buscar los medios para alcanzar ese objetivo no está en las prioridades de las elites, quienes no piensan en los beneficios que reportaría al país (y a ellos mismos, desde luego) aprovechar positivamente esa gran fuerza laboral.
Así le facilitan a los cárteles el reclutamiento de los ninis, pues lo hacen en condiciones muy favorables, a muy bajos costos y con la facilidad de exigir los mejores resultados sin ningún compromiso. Puede fácilmente predecirse un gran incremento de la violencia en los meses siguientes, ya que las condiciones están dadas para ello, con el consecuente aumento del temor entre la población. Como bien dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles: “Una sociedad atemorizada no necesariamente toma las mejores decisiones”. Sobran ejemplos de tal realidad, pero sólo basta mirar lo que ocurrió en Estados Unidos después del siniestro en las torres gemelas de Nueva York: George W Bush pudo instaurar un régimen de corte fascista que sigue pesando en la sociedad estadunidense, como quedó demostrado en las recientes elecciones.
Es inaceptable la realidad prevaleciente, pero más aún que las elites no quieran comprometerse con el país. Sólo siguen interesadas en sus particulares objetivos, motivo por el que, a la larga, hasta ellas mismas tendrán que pagar las consecuencias, como lo demuestra el hecho de que cada vez más se eleven sus costos de producción. Con todo, lo más lamentable es que se ven obligados a sacar sus utilidades del país para depositarlas en bancos extranjeros, lo que acelera la descapitalización de México e incrementa también el costo del dinero. Todo esto por la testarudez de no querer corregir las causas de fondo de la descomposición social que nos agobia y atemoriza.
*Periodista
