Caracas, Venezuela. El cerco continuado por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela recrudece sus medidas contra los programas de desarrollo e inclusión impulsados por la Revolución Bolivariana durante 2 décadas.
Los sectores más vulnerables, programas sociales y de salud constituyen el blanco principal de la creciente presión de Washington contra el país sudamericano desde enero último.
Un informe de la Cancillería venezolana devela que la mayoría de los medicamentos distribuidos en el territorio provienen de la importación desde Estados Unidos, España e Italia, por lo que ahora su arribo debe burlar las reglas impuestas desde la Casa Blanca. De acuerdo con el documento, el 34 por ciento de los fármacos se compran al país norteño, mientras que 7 y 5 puntos porcentuales, respectivamente, a los mencionados países europeos.
La prohibición de negociar la deuda de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), la oposición a que Caracas realice operaciones con oro, la apropiación de activos de la filial petrolera en territorio estadunidense, Citgo, las sanciones al Banco Central de Venezuela, integran la larga lista de mecanismos de coacción.
Un estudio publicado por los economistas del Centro de Investigación en Economía y Política de Estados Unidos, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, precisa que como consecuencia del entramado de medidas coercitivas, entre 2017 y 2018 perdieron la vida 40 mil personas en el país sudamericano, con estimados de estar en peligro otras 300 mil.
En la actualidad cerca de 80 mil venezolanos con VIH enfrentan dificultades para acceder el tratamiento antirretroviral, situación similar a la que atraviesan otros 16 mil pacientes necesitados de diálisis y otros tantos que demandan medicamentos contra el cáncer.
Otros 4 millones de enfermos de diabetes e hipertensión padecen las consecuencias del cerco, a raíz de la confiscación de lotes de fármacos e insumos pagados por el Ejecutivo. Igualmente, la cadena para el ingreso de suministros para la alimentación recibe el impacto del bloqueo y la crisis económica interna, en particular el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción.
El 33 por ciento de las importaciones del sector proviene de Estados Unidos y 12 por ciento de Canadá, es decir, casi la mitad tenía como origen países con políticas de mayor confrontación, denuncia el informe.
Niños en peligro por sanciones
A esta arremetida se suman el bloqueo en bancos para que Pdvsa continúe el financiamiento a programas de salud para pacientes necesitados de atención especializada en el exterior.
En recientes declaraciones, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció el riesgo que corren menores de edad a la espera de un trasplante de médula ósea como consecuencia de la persecución financiera que impide transferir fondos a las instituciones de salud de Italia con las que la estatal petrolera atendía casos urgentes.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, informó que de los 1 mil 567 millones de euros retenidos a Venezuela por el Novo Banco de Portugal, 5 millones estaban destinados a costear el tratamiento de una veintena de pacientes en convenio con una organización europea.
Antes de las sanciones aplicadas en enero por la administración de Donald Trump a la empresa y el embargo de los activos de Citgo –acción calificada de robo por las autoridades de Caracas–, más de 500 personas resultaron beneficiadas con el programa de trasplante de médula ósea, explicó Devoe. Dicha iniciativa comprende el traslado, tratamiento especializado, dotación de medicamentos, hospedaje y manutención para la estadía en el extranjero, pero debido a las medidas los bancos se niegan a recibir dinero enviado por la estatal, indicó.
“El bloqueo económico y financiero ha impedido además asegurar un suministro continuo de medicamentos especializados. Se impiden los pagos a proveedores y se congelan recursos destinados para tal fin”, subrayó Davoe.
Las medidas coercitivas implican una violación grave de los derechos fundamentales y por ende un crimen de lesa humanidad. Devoe señaló que en diversas ocasiones la banca internacional ha cancelado y dejado sin efecto las transferencias solicitadas por Pdvsa y otras instituciones por 4 millones 851 mil 278 euros para el tratamiento de pacientes con leucemia.
La muerte de niños en espera de un trasplante de médula ósea es apenas la punta del iceberg bajo el cual se oculta la barbarie estadunidense de violar el derecho internacional humanitario, señaló por su parte el periodista venezolano Hernán Mena. El bloqueo financiero, saqueo de oro y dinero y demás absurdos jurídico-políticos impuestos al gobierno y pueblo venezolanos insisten en su afán por destruir la Revolución Bolivariana, destacó.
Atención a las víctimas
Como respuesta a los ataques financieros, el Ejecutivo venezolano prevé la implementación de un Plan Integral de Atención a Víctimas de la Guerra Económica, para garantizar la protección de las personas en situación de riesgo y sectores vulnerables de la sociedad.
El vicepresidente sectorial de Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, explicó que la iniciativa tiene como objetivo reforzar las políticas sociales en barrios y comunidades del país, así como defender el modelo de desarrollo impulsado por el Estado. Este proyecto pretende adecuar métodos de trabajo y gestión estatal, además de una revisión integral de las instituciones para lograr una mayor coordinación y elevar la eficiencia de éstas.
Los vértices fundamentales de trabajo incluyen a personas en situación de calle, programas de alimentación en los barrios y comunidades vulnerables, bases de misiones y articulación de los programas de salud, dijo Menéndez. El plan impedirá que el bloqueo y la guerra que limitan el acceso a los recursos, bienes y servicios esenciales impacten en la población, protegida por las políticas sociales heredadas de más de dos décadas del proyecto bolivariano.
Elizabeth Borrego Rodríguez/Prensa Latina
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