Se celebró el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España, ocurridas en 1977. Pero la jaleada transición, de la que esas elecciones fueron eje, no fue el tiempo de concordia que se pretende. El 3 de marzo de 1976, tres trabajadores murieron en Vitoria por disparos de la Policía Armada. Dos más morirían días más tarde. De la brutal represión da cuenta una comunicación por radio de la policía que actuó en Vitoria, minutos después de las muertes, recuperada y revelada posteriormente: “Dile a Salinas que les hemos dado la paliza más grande de la historia”.
Cuatro meses después, Martín Villa, un franquista reformista, ocupó la cartera de Gobernación, que luego se llamó Interior. En menos de 3 años murieron 44 españoles a manos de la policía y otros 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados por disparos de policías y grupos de extrema derecha que colaboraban en reprimir manifestaciones. Una Transición que no fue tiempo de paz, sino de violencia por represión constante, terrorismo y guerra sucia. De 1975 a 1983, en España hubo 591 muertes por terrorismo de extrema izquierda, extrema derecha, guerra sucia y represión, según el libro La transición sangrienta de Mariano Sánchez. De esos muertos, 188 fueron homicidios para mantener el orden, alentados e incluso organizados desde alguna cloaca del Estado, según Sánchez. Además, en el año de elecciones 1977, la Policía cargó muy violentamente contra hombres y mujeres en unas 800 manifestaciones en toda España, porque imponer el orden público era determinante para frenar a la izquierda que finalmente renunció a ocupar las calles.
Los franquistas reformistas supieron pronto que el tinglado franquista o parecido no era posible, muerto el dictador. Aunque al principio de la llamada transición tampoco tenían intención de ir a una democracia sino montar algo controlable. Pero grandes sectores de la población española, liderados por la clase trabajadora, se movilizaron contra la dictadura y el gato por liebre en política. De 1973 a 1982, España fue el país europeo con mayor agitación social y las mayores protestas obreras conocidas en Europa occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como nos han contado Sartorius y Alberto Sabio en su obra El final de la dictadura, sólo en 1976 hubo más de 17 mil 700 huelgas en las que se dejaron de trabajar 150 millones de horas. Esa presión trabajadora y popular hizo posible acceder a una democracia aceptable. Tras cada movimiento positivo de la monarquía o de los franquistas reformistas había siempre grandes movilizaciones obreras. Huelgas y movilizaciones, por ejemplo, movieron al rey a despedir al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, tan incapaz de controlarlas como de proponer algo viable.
Pero, como cuenta Ferran Gallego, una élite política franquista controló buena parte de la transición desde el Estado y la Constitución no surgió de la ruptura con la dictadura sino por la alianza del reformismo franquista con el Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista de España (PCE), sobre todo. Fue un ministro franquista, Adolfo Suárez (que fue secretario general del Movimiento Nacional, el partido único franquista), quien preparó las primeras elecciones.
Los franquistas nunca tuvieron voluntad de ir hacia una democracia y si la transición no acabó en agua de borrajas fue por la movilización de la clase trabajadora. La izquierda quería la ruptura pero no confió en la clase trabajadora y en la ciudadanía y aceptó la reforma. Carrillo propuso al PCE aceptar al rey y la bandera rojigualda, sin consulta democrática alguna, atemorizando al Comité Central con el ruido de sables.
Para disponer del escenario completo, cabe recordar que, además de la condena de la España franquista por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en febrero de 1946, el Consejo de Europa en 2006 condenó de nuevo las “violaciones graves de derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975”. La ONU también suspendió a España por mantener símbolos franquistas, por la Ley de Amnistía de 1977 (que viola la legislación internacional e impide juzgar crímenes franquistas), por suprimir la justicia universal y por negarse a exhumar desaparecidos localizados y forzar que las exhumaciones sean privadas.
Hoy siguen pendientes los grandes problemas políticos (Estado y naciones, forma de Estado…) porque la canonizada transición y lo que vino después no han sabido resolverlos. Lo que lleva a pensar de nuevo en romper con todo eso.
Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Periodista, ATTAC/Twitter: @xcanotamayo
[OPINIÓN]
Contralínea 549 / del 24 al 30 de Julio de 2017
