Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana. Su población total es de 1 millón 169 mil 936 habitantes. El nombre de Tlaxcala ha ido tomando un lugar en el conocimiento nacional e internacional por la existencia de redes familiares de trata de mujeres para la explotación sexual en México y Estados Unidos.
Emilio Muñoz Berruecos*
De acuerdo con estudios históricos y antropológicos, el fenómeno inició hace aproximadamente cinco décadas, a partir de un proceso de migración a las grandes ciudades como Puebla y el Distrito Federal, donde algunos habitantes del Sur de Tlaxcala aprendieron la explotación sexual de mujeres.
La falta de interés de las autoridades estatales y municipales –expresado en la ausencia del castigo del delito, de políticas públicas y una cultura predominantemente machista– permitió el desarrollo de estas redes, que fueron perfeccionando sus mecanismos de enganche, ampliando su espacio de operación y transmitiendo la enseñanza del delito de generación en generación. Paralelamente el fenómeno se fue “naturalizando” en la región Sur de dicha entidad.
Los últimos datos sistematizados a través de investigaciones académicas y hemerográficas demuestran que las redes de trata de personas tlaxcaltecas han enganchado a mujeres en los siguientes estados de la República: Tlaxcala, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Estado de México y Querétaro. Los lugares de explotación más evidentes son el Distrito Federal, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca y Guanajuato. Además, estas redes explotan sexualmente a mujeres en Estados Unidos, en ciudades como Queens, Miami, Houston, Chicago y Nueva York. Con respecto de esta última ciudad, en septiembre se publicó un informe titulado Caminando al Norte, por parte de Urban Justice, basado en los relatos de 34 sobrevivientes de explotación sexual en Nueva York. El informe, entre otros datos, muestra que 14 víctimas fueron de Puebla, seis de Tlaxcala, cinco del Estado de México, cuatro de Veracruz, dos de Guerrero; Oaxaca, Jalisco y Tabasco contaban con una persona, respectivamente. La mayoría de mujeres empezaron a ser explotadas cuando tenían entre 15 y 18 años de edad.
Respecto de los tratantes, la información reveló que una abrumadora mayoría, 19 de los tratantes, eran oriundos de Tlaxcala, seis de Puebla y uno del Distrito Federal.
La exigencia ciudadana de Tlaxcala ha llevado a que sus gobiernos dejen de negar el problema. La presión de la sociedad civil logró que en 2007 se tipificara el delito de trata de personas en el Código Penal estatal. Para 2009, esta misma presión ciudadana provocó que el gobierno del estado aprobara la Ley para la Prevención de la Trata de Personas. De esta ley emanó la obligación de que se conformara un Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se constituye como el organismo consultivo del gobierno estatal y el ente coordinador de las acciones que desarrolle el estado a través de la Estrategia Estatal Contra la Trata de Personas.
En 2011, la sociedad civil exigió la discusión y aprobación de dicha Estrategia para definir las políticas públicas que deberían impulsarse para ir incidiendo de manera efectiva sobre el delito. La Estrategia se aprobó el 27 de septiembre de 2011. Sin embargo, a un año de su aprobación los resultados son sumamente débiles, en buena medida por la falta de voluntad política del gobierno así como de la ausencia de recursos para operarla.
La Estrategia planteó avanzar hacia los siguientes resultados:
En prevención:
-Disminución de la aspiración de los hombres del estado a ser tratantes. Este indicador se estableció teniendo en cuenta que en Tlaxcala las redes de tratantes tienen una estructura familiar donde principalmente participan los hombres. Además, algunas tesis universitarias, como la titulada Lenocinio como proyecto de vida de niños y adolecentes de Tenancingo, Tlaxcala, muestran como hasta un 20 por ciento de niños del municipio aspiran a ser tratantes.
-Conocimiento de las mujeres sobre su riesgo a ser víctimas de tratantes. Si bien es cierto que un amplio número de víctimas de estas redes son de otros estados, también es cierto que existen casos de mujeres tratadas originarias de Tlaxcala.
Respecto de la prevención, hasta la fecha no se ha instaurado a nivel estatal ninguna campaña que aborde elementos que ayuden al alcance de estos resultados. Tampoco hay trabajo en las escuelas a través de talleres que puedan sensibilizar a las y los jóvenes, principal sector en riesgo.
En protección y atención:
-Número de víctimas registradas, atendidas y reincorporadas.
-Número de protecciones y custodia a víctimas, familiares y testigos.
Hasta la fecha se habla de 121 denuncias. También de 65 operativos contra el delito, la mayoría de ellos realizados en antros juveniles donde no se tienen indicios de trata. Del conjunto de acciones sólo se ha dado atención a ocho víctimas y sólo una ha sido reincorporada.
Hasta la fecha no se han llevado a cabo medidas de protección a las familias de las víctimas.
En investigación y judicialización:
-Sentencias condenatorias y reparación del daño.
-Sanciones a dueños y administradores de lugares.
De las 121 denuncias sólo existen dos sentencias, dejando un gran número pendiente para el acceso a la justicia.
Durante los últimos años, el Informe sobre trata de personas en Estados Unidos ha señalado a Tlaxcala como un foco rojo en México. Si el gobierno estatal no destina los recursos suficientes para ejecutar integralmente la Estrategia y su plan sexenal (que la complementa), los resultados en el combate contra la trata en Tlaxcala no sólo seguirán siendo pobres, además de eso volveremos a ser señalados internacionalmente en los reportes anuales. Pero lo más preocupante es que, seguramente, las redes de trata de mujeres para la explotación sexual continuarán ampliando su operación.
Urge que el gobierno de Tlaxcala (los Poderes Ejecutivo y Legislativo), fortalezcan los recursos destinados a sus instituciones para el combate a la trata de personas; de lo contrario, desde su omisión, será responsable y cómplice de la persistencia de estas redes.
*Director del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC
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Fuente: Contralínea 306 / Octubre de 2012
